El Consell de la Generalitat Valenciana ha tomado la decisión de autorizar a la Abogacía General a iniciar procedimientos judiciales contra el Real Decreto 316/2026 del Gobierno de España, que aborda cuestiones de inmigración. Esta medida se ha adoptado tras evaluar que la implementación de dicha normativa ha afectado de manera directa la estructura organizativa, la dotación económica y la provisión de los servicios públicos esenciales en la Comunitat Valenciana.
Miguel Barrachina, portavoz del Consell, ha comunicado esta resolución después de la sesión plenaria semanal. Barrachina ha alertado que la regulación estatal ha repercutido de forma inmediata en áreas fundamentales como los servicios sociales, la sanidad, la educación, la vivienda y la protección de menores, generando una presión adicional sobre las capacidades autonómicas.
Desde el Consell se ha argumentado que el real decreto ha introducido modificaciones que han impactado directamente la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas. Estas alteraciones se han implementado sin una planificación adecuada ni una asignación presupuestaria suficiente, lo que ha podido provocar tensiones significativas en la provisión de servicios públicos considerados esenciales para la ciudadanía.
El portavoz ha enfatizado la importancia de una gestión migratoria coordinada: "La política migratoria no puede hacerse al margen de la realidad de los territorios. Debe ser ordenada, legal y ajustada a la capacidad de acogida, porque de lo contrario se traslada toda la presión a los servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas".
Barrachina ha recalcado que la interposición de este recurso no se ha fundamentado en una postura ideológica, sino en la imperiosa necesidad de "garantizar una gestión eficaz y sostenible de los servicios públicos" para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
Con el fin de mitigar los posibles efectos adversos, el Consell ha facultado a la Abogacía de la Generalitat para que emprenda todas las acciones legales pertinentes contra este real decreto. Asimismo, se ha solicitado, si fuera necesario, la suspensión cautelar de su aplicación mientras se tramitan los recursos, buscando así prevenir consecuencias inmediatas que pudieran comprometer la operatividad de los servicios públicos.
"El objetivo es proteger la calidad de los servicios públicos y garantizar que se pueda seguir atendiendo adecuadamente a todas las personas", ha afirmado Barrachina, reiterando el compromiso del gobierno autonómico con el bienestar de la población.
Apoyo a los agricultores afectados por la DANA de 2024
En otro orden de asuntos, el Consell ha refrendado una declaración institucional en respaldo a los agricultores valencianos que han sufrido las consecuencias de la DANA de octubre de 2024. Este pronunciamiento ha reafirmado el compromiso del Gobierno valenciano con el sector primario y con la seguridad jurídica de aquellos productores cuyas explotaciones, ubicadas cerca de cauces y barrancos, han padecido daños estructurales significativos.
La declaración ha instado al Gobierno de España a que, en caso de que se lleve a cabo una nueva delimitación del dominio público hidráulico, las parcelas agrícolas impactadas sean tasadas y adquiridas por la Administración General del Estado para su integración en dicho dominio. Esta petición ya se ha formulado formalmente a través de un escrito remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el 23 de enero de 2025. Adicionalmente, se ha exigido para el resto de las parcelas damnificadas el cumplimiento del compromiso de restaurarlas a su estado previo a la DANA, asegurando de este modo la continuidad de la actividad agraria y la sostenibilidad económica de los agricultores perjudicados.
El Consell ha considerado fundamental que el Gobierno de España actúe "con diligencia administrativa, claridad normativa y coordinación interdepartamental, facilitando información accesible y suficiente a los afectados". Esta declaración será remitida al Gobierno de España, a Les Corts Valencianes, a las organizaciones profesionales agrarias y a los organismos de cuenca pertinentes.
La falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica
Al ser consultado en rueda de prensa sobre el estado de la solicitud que el Consell ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el portavoz ha recordado que la misiva, fechada el 23 de enero de 2025, ha surgido de un acuerdo alcanzado en la Mesa por la Agricultura Valenciana, celebrada en el mismo mes, apenas dos meses después de la DANA, y con la participación activa de los agricultores afectados. "Hicimos una solicitud y no obtuvimos respuesta", ha manifestado Barrachina.
Barrachina ha denunciado la persistente ausencia de diálogo con el ministerio, a pesar de las reiteradas peticiones de reunión con la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para tratar las inversiones hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha recordado que con la anterior responsable del departamento, Teresa Ribera —actualmente Comisaria Europea—, solo ha podido mantener una breve llamada telefónica, y ha criticado que esta última no ha visitado en ningún momento la zona afectada. "Nunca, a pesar de ser la dueña de los cauces, vino a la Comunitat Valenciana", ha enfatizado.
El portavoz ha recordado que la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha solicitado al Gobierno central la autorización para llevar a cabo 45 actuaciones en cauces, a instancias de los municipios. Estas obras se financiarán mediante préstamos formalizados por la Generalitat, pero requieren la aprobación del Estado. "Para nosotros la coordinación es necesaria, porque el dominio público hidráulico es titularidad del Gobierno de España, pero la seguridad es de todos los valencianos", ha explicado.
Además, Barrachina ha adelantado que el Consell "no va a esperar más a que el Gobierno cumpla su compromiso de restituir las parcelas" y ha estado trabajando en una orden de ayudas destinada a la replantación para los agricultores que han perdido sus cultivos. El conseller ha detallado que esta convocatoria se ha integrado en un plan de inversión superior a los 100 millones de euros, financiado con préstamos para el sector agrario valenciano. De esta cantidad, 26 millones de euros se han asignado específicamente a la replantación, cubriendo el 100% del coste, lo que representa aproximadamente 6.000 euros por hectárea, con el objetivo de que "donde había un naranjo vuelva a haber un naranjo".
El portavoz ha aclarado que esta convocatoria "se había demorado porque su sentido original era aplicarse una vez el Gobierno de España restituyera las parcelas —tal y como se comprometió la primera semana de noviembre de 2024—, pero un porcentaje muy elevado de ellas sigue sin recuperarse", lo que ha obligado a la Generalitat a tomar la iniciativa.
Refuerzo del sistema sanitario para garantizar la actividad asistencial
En el ámbito de la sanidad, el Consell ha dado luz verde a varias contrataciones estratégicas con el propósito de fortalecer el sistema público de salud y asegurar la continuidad de la actividad asistencial. Entre las aprobaciones, ha sobresalido el contrato para el suministro de medicamentos de uso hospitalario, con un valor estimado de 455,9 millones de euros. También se ha autorizado el contrato de servicios de limpieza y apoyo en centros sanitarios, que ha alcanzado un valor estimado de 629,3 millones de euros.
Adicionalmente, se ha aprobado la contratación de reactivos y equipamiento para la realización de análisis clínicos en el Departamento de Salud València La Fe, lo que ha representado una inversión de 21,6 millones de euros.
Todas estas acciones se han enmarcado en la estrategia global del Consell para consolidar el sistema sanitario público y garantizar su óptima capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.
Apoyo a familias acogedoras y a municipios de la Vega Baja
Durante la sesión plenaria de este viernes, también se ha aprobado la modificación del decreto que regula el acogimiento familiar. Esta reforma ha tenido como objetivo adaptar el sistema de protección a las nuevas realidades sociales, haciéndolo más ágil y accesible para la ciudadanía. Además, se ha buscado reforzar el apoyo económico a las familias acogedoras y optimizar la gestión de los órganos de protección.
El nuevo marco normativo ha consolidado un paradigma que se ha basado en el buen trato, el apego seguro y la permanencia como pilares fundamentales para garantizar los derechos de la infancia bajo tutela administrativa.
Una de las innovaciones más destacadas ha sido la regulación del "ofrecimiento de continuidad". Esta medida, largamente solicitada por las familias acogedoras, ha buscado proteger los vínculos afectivos que se han forjado durante el acogimiento. Este mecanismo ha permitido que, en situaciones donde sea necesario modificar la medida de protección, la familia de acogida sea considerada de forma prioritaria para que el menor pueda permanecer con ella, siempre que esta opción resulte la más beneficiosa para su bienestar y responda a su interés superior.
Con esta modificación, el sistema ha evolucionado de un modelo rígido a uno más flexible, en el que se ha reconocido el derecho del niño o niña a que su familia acogedora sea valorada de forma prioritaria. Esto ha reforzado la estabilidad emocional y ha evitado rupturas innecesarias en su proceso vital, priorizando el bienestar infantil.
Finalmente, el Consell ha aprobado una partida de ayudas por un valor de 494.678 euros, destinada a los municipios de la Vega Baja que han resultado afectados por fenómenos meteorológicos adversos en septiembre de 2025. Estos fondos se han asignado para financiar actuaciones de emergencia y el restablecimiento de servicios públicos. Las ayudas se han dirigido específicamente a las localidades de Redován, Cox y Callosa de Segura, que han experimentado los mayores daños como consecuencia del reventón térmico ocurrido el pasado septiembre.