Aprender a leer las huellas que deja la muerte, a descifrar lesiones, a colaborar con juzgados y fiscalías: eso es lo que ofrece la medicina forense a quienes estudian Medicina. Y en la Comunitat Valenciana, esa formación seguirá garantizada al menos hasta 2030. El Pleno del Consell ha aprobado la prórroga del convenio de cooperación educativa con la Universitat de València para que el alumnado del Grado de Medicina continúe realizando prácticas en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la región.
Cuatro años más de una alianza que forma a los futuros médicos forenses
La adenda aprobada extiende la colaboración entre la Generalitat y la Universitat de València durante cuatro años más, en los mismos términos que recoge el convenio vigente. Una renovación, además, que no supone ningún coste adicional para las arcas públicas. Sin gasto extra y con continuidad asegurada: difícil encontrar un argumento en contra.
Pero, ¿qué hay detrás de esos institutos donde los estudiantes completan su formación? Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica. En la práctica, eso significa estar presentes en algunos de los momentos más críticos del sistema judicial: su función es auxiliar a los juzgados, los tribunales, las fiscalías y las oficinas del Registro Civil, mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto anatómicas, como clínicas y de laboratorio.
La dimensión de esa actividad es considerable. Solo el IMLCF de València, practicó un total de 1.838 autopsias en 2023, de las cuales 877 fueron muertes naturales, 394 accidentales, 220 de personas que se suicidaron y 15 homicidas. Son cifras que ilustran por qué pasar por estas instituciones durante la carrera puede marcar la diferencia en la formación de un médico.
Docencia e investigación, parte del ADN de estos centros
No es casual que la Universitat de València haya elegido estos institutos como escenario de prácticas. El IMLCF de Valencia es un órgano técnico multidisciplinar cuya función no se limita a la asistencia a los tribunales: también ha de realizar actividades de formación, docencia e investigación en distintas áreas de la medicina forense. La enseñanza, en otras palabras, no es un añadido, sino parte constitutiva de su razón de ser.
Esta vocación formativa es precisamente el paraguas legal bajo el que se ampara el convenio entre la Generalitat y la universidad. Los estudiantes del Grado de Medicina acceden así a un entorno real, donde las pericias no son simulaciones sino piezas clave de procedimientos judiciales en curso. Una experiencia que ningún aula puede replicar del todo.
Un modelo de colaboración público-universitaria sin coste para la ciudadanía
Que la prórroga no implique ningún desembolso económico para la Generalitat es un dato relevante, especialmente en un contexto en el que la financiación de las prácticas universitarias suscita cada vez más debate. El acuerdo demuestra que la colaboración entre instituciones públicas puede articularse de forma eficiente, sin duplicar recursos ni generar cargas presupuestarias.
La cooperación seguirá vigente hasta 2030, un horizonte suficientemente amplio como para que varias promociones de estudiantes de Medicina puedan beneficiarse de este acceso privilegiado a la medicina legal y forense. En un grado donde la práctica clínica lo es casi todo, poder formarse junto a profesionales que trabajan codo a codo con la justicia es una oportunidad que pocos países garantizan de forma tan institucionalizada. La renovación de este convenio no es solo un trámite administrativo: es una apuesta por la calidad de los médicos que la Comunitat Valenciana formará en la próxima década.