La burocracia energética en la Comunitat Valenciana tiene los días contados, al menos en parte. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que esta misma semana entra en funcionamiento el sistema que permitirá a las Entidades Colaboradoras de Certificación (ECC) intervenir directamente en dos procedimientos clave de la tramitación de expedientes de Energía, una medida que el Consell enmarca en su estrategia de simplificación administrativa y que llega, no sin demora, tras meses de espera por parte del sector.
El anuncio se produjo durante la IV edición de la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro', organizada por la agencia de noticias Europa Press, un foro en el que el jefe del Consell aprovechó para trazar un balance amplio de la acción de gobierno en materia energética, hídrica, presupuestaria y de innovación.
Colegios profesionales como primer filtro administrativo
La novedad central reside en delegar una parte del trabajo de revisión documental en entidades del sector privado y colegial. El Colegio de Ingenieros, el de Ingenieros Técnicos, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica y la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana podrán evaluar la documentación de las instalaciones eléctricas del Grupo II —aquellas que no requieren Evaluación Ambiental ni Declaración de Utilidad Pública— antes de que los expedientes lleguen a manos de la administración autonómica.
El mecanismo funciona a través de la llamada Certificación Documental Acreditada (CDA): las personas interesadas pueden obtener un certificado emitido por una Entidad Colaboradora de Certificación que acredite la verificación de la documentación que deben presentar ante la Administración. El uso de este mecanismo es voluntario, y la verificación consiste en la revisión, informe y/o validación de los documentos. Una vez verificados, si la ECC considera que la documentación es suficiente e idónea, emite la CDA, y la Administración asumirá como completa y adecuada la documentación presentada que se acompañe de ella. En la práctica, esto significa que los expedientes llegarán a la Generalitat ya depurados, listos para su aprobación.
Además de las instalaciones eléctricas convencionales, las entidades colaboradoras también podrán revisar proyectos de energía renovable mediante un trámite informático específico que incluye, incluso, el pago de tasas de forma integrada. La lógica es sencilla: cuanto más limpio llegue un expediente, más rápido sale.
"Eliminaremos el 90% de las omisiones de documentación, que es la causa más frecuente del atasco de expedientes, de manera que la Administración pueda dedicar más tiempo a autorizar que a requerir" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
El dato no es menor. El embudo que sufre la tramitación de plantas de renovables en la Comunitat Valenciana se ha topado con un lastre inesperado: aunque hace más de un año el Consell aprobó el decreto para que los colegios profesionales pudieran colaborar con la tramitación de expedientes, estas entidades no podían acceder al portal que debería haber habilitado la Conselleria de Industria para dar salida a estos proyectos. La puesta en marcha de esta semana cierra, precisamente, ese vacío.
La urgencia tiene nombres y apellidos numéricos: más de 3.300 megavatios en cola, lo que se traduce en más de 300 expedientes a la espera de autorización. Y los plazos reales de tramitación son llamativos. Se prevé pasar de dos años de demora a solo seis meses con esta fórmula de colaboración, aunque cabe señalar que multitud de expedientes acumulan hasta cuatro años de plazo.
Nueve veces más renovables en tres legislaturas
Pérez Llorca aprovechó la jornada para poner en perspectiva el avance de la política energética autonómica. Según sus propias palabras, "en tres años hemos multiplicado por nueve los desarrollos de energía renovable respecto a las dos anteriores legislaturas", un salto que el Consell atribuye a la simplificación normativa, la eliminación de barreras y la apuesta por la estabilidad regulatoria para atraer inversiones.
El marco legal que sustenta toda esta arquitectura de colaboración público-privada es la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, sobre simplificación administrativa, y el Decreto 37/2025, de 4 de marzo , que regulan el régimen de certificación documental y las funciones de estas entidades colaboradoras.
Agua, defensa aeroespacial y presupuestos: la agenda ampliada del president
Más allá de la energía, Pérez Llorca desplegó en la jornada una agenda de gobierno que abarca frentes muy distintos. En materia hídrica, el president defendió el liderazgo valenciano en reutilización de agua —con un 43% del total estatal— y un regadío modernizado en un 85%, para desde ahí reclamar con firmeza los trasvases. Concretó que el recorte de más del 20% en el Trasvase Tajo-Segura supondrá para Alicante la pérdida de 9.100 hectáreas de cultivo y casi 6.000 empleos.
En el capítulo de innovación, anunció que a finales de junio se presentará la Alianza Valenciana por la Seguridad y la Defensa, un modelo público-privado coordinado por la Generalitat con el respaldo de patronales, universidades y centros tecnológicos, apoyado en el millar de compañías tecnológicas valencianas que desarrollan más de 1.500 proyectos de I+D+i. A ello se sumará la Estrategia Aeroespacial 2026-2030, articulada en torno a la sostenibilidad, la innovación y la colaboración entre el sector público y el privado.
En el plano presupuestario, el president subrayó que el proyecto de Ley de Presupuestos en tramitación parlamentaria destina el 80% de sus más de 32.000 millones de euros a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Vivienda, sin aumentar la presión fiscal. La reforma fiscal impulsada por el Consell, según sus datos, ha supuesto un ahorro de 440 millones de euros para los valencianos.
La activación del portal para las Entidades Colaboradoras de Certificación en materia de energía es, en definitiva, mucho más que un trámite informático: es la prueba de que la simplificación administrativa puede pasar del papel a la práctica, y que el tiempo que una empresa tarda en obtener una autorización tiene consecuencias directas sobre el empleo, la inversión y la transición energética de un territorio.