Casi 1.900 viviendas del parque público de la Comunitat Valenciana están ocupadas ilegalmente. No es un dato menor: de las más de 14.500 viviendas que la Generalitat gestiona a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), aproximadamente el 13% está en manos de quienes no tienen ningún derecho sobre ellas, mientras familias vulnerables esperan en lista de espera. Para atajar este problema, el president Juanfran Pérez Llorca ha anunciado la licitación de un nuevo servicio especializado de intervención, operativo las 24 horas del día los 365 días del año, con un tiempo máximo de respuesta de una hora ante cualquier aviso de ocupación o intrusión.
El problema no es nuevo. La ocupación ilegal de viviendas lleva años enquistada en el parque público valenciano sin que se hubieran adoptado medidas estructurales para combatirla. La radiografía nacional no es más alentadora: en 2024, el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España alcanzó casi los 16.500 casos, un incremento del 7% respecto al año anterior. En el periodo 2018-2024, el aumento de este tipo de denuncias ha sido del 34,5%. Un fenómeno en alza que, en el caso del parque público, golpea de forma especialmente injusta a quienes aguardan por los cauces legales.
"Somos conscientes de que arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda." - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
Un servicio de emergencia para viviendas públicas
El nuevo contrato licitado por el Consell no es solo burocracia administrativa. Supone la creación de un dispositivo de respuesta inmediata ante las ocupaciones que afectan al parque público, con una guardia permanente y un equipo multidisciplinar en todo el territorio autonómico. La empresa adjudicataria deberá contar con un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, además de vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles para operar sobre el terreno.
Las funciones del servicio van más allá del simple desalojo. Incluyen el acompañamiento y representación de la EVHA en procedimientos administrativos, la coordinación con fuerzas de seguridad y empresas del sector, y la gestión técnica de sistemas de protección: instalación de puertas antiocupación, sistemas de alarma y dispositivos de seguridad en los inmuebles más expuestos. Todas las actuaciones quedarán documentadas y sometidas a indicadores de seguimiento para garantizar la transparencia y la evaluación continua de resultados.
El contrato tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y abarca la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana. El valor estimado es de 796.831 euros (IVA excluido), con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 30 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Estado.
Más allá de la respuesta reactiva: una estrategia integral
Este nuevo servicio no surge de la nada, sino que se enmarca en una estrategia más amplia que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad lleva desplegando desde 2023. Los datos hablan por sí solos: desde julio de 2023 se han llevado a cabo 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, entre las que se incluyen descerrajados, tabicados, cambios de puertas e instalación de 608 puertas antivandálicas.
A principios de 2026, la Generalitat ya había adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público, con una inversión de 4.743.200 euros para un periodo de cuatro años. A esto se suma el refuerzo del servicio de seguridad privada en distintos grupos residenciales, orientado a frenar el uso indebido de garajes y evitar nuevas ocupaciones en viviendas vacías.
Pérez Llorca también ha subrayado los riesgos colaterales que estas ocupaciones generan para el entorno: los enganches ilegales a la red eléctrica suponen un peligro real para toda la comunidad vecinal, además de impedir la rehabilitación de los inmuebles y vulnerar los derechos de quienes esperan legítimamente acceder a ellos. La tolerancia con la ocupación está ocasionando la desincentivación de la oferta inmobiliaria y se ha traducido en una clara externalidad negativa para las familias más vulnerables, que ven mayores dificultades de acceso a la vivienda al aumentar los precios y las rentas del alquiler. La pregunta que subyace a toda esta iniciativa es, en el fondo, sencilla: ¿quién debe ocupar una vivienda pública? La respuesta, según el Consell, solo puede ser quien sigue las reglas.