Casi tres cuartos de mil millones de euros. Esa es la cifra que la Generalitat Valenciana destinará durante los próximos dos años a sostener la red de servicios sociales concertados con entidades sin ánimo de lucro en la Comunitat. La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha aprobado la prórroga de los acuerdos de acción concertada para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028, con una dotación total de 742.670.256 euros. Una decisión que no es un trámite burocrático menor: detrás de cada plaza concertada hay una persona mayor en una residencia, un menor en acogida o alguien que lucha por no caer en la exclusión social.
La medida da continuidad a los acuerdos que arrancaron en 2022 y que, desde entonces, han vertebrado la prestación de servicios sociales especializados a través de entidades de iniciativa social en cuatro grandes ámbitos: la atención a personas con discapacidad y problemas de salud mental, la infancia y la adolescencia, las personas mayores dependientes y los colectivos en riesgo de exclusión social. La resolución ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y mantiene el número de plazas y centros concertados incluidos en los distintos expedientes, con las condiciones e importes establecidos para cada recurso.
Un reparto desigual que refleja prioridades
El grueso del presupuesto, 362,6 millones de euros, irá destinado al sector de la discapacidad y la salud mental, el más numeroso y complejo de los cuatro. Le sigue de cerca la atención a la infancia y la adolescencia, que recibirá 204,4 millones de euros para el mantenimiento de recursos residenciales, hogares de emancipación, centros de día y otros servicios especializados. No es un dato menor: buena parte de esos recursos atienden a menores tutelados o jóvenes extutelados que intentan construir una vida autónoma sin red familiar de apoyo.
La red dirigida a personas mayores dependientes dispondrá de 138 millones de euros para la continuidad de plazas residenciales y centros de atención diurna. Y los colectivos en situación o riesgo de exclusión social contarán con 37,7 millones de euros, la partida más modesta del conjunto pero no por ello la menos sensible: hablamos de personas sin hogar, familias en situación límite o colectivos con especiales dificultades de integración.
Estabilidad para las entidades, seguridad para los usuarios
"La prórroga constituye la opción que permite garantizar la continuidad de la atención mientras se desarrolla el proceso de actualización del sistema y se prepara una nueva convocatoria de acción concertada adaptada a las necesidades actuales de los distintos sectores" - Rosa Ferrando, secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario de la Generalitat Valenciana
La responsable autonómica también señaló que la medida "ofrece un marco de estabilidad para las entidades de iniciativa social que forman parte de la red concertada y evita que puedan producirse situaciones de incertidumbre durante el periodo de transición hacia el nuevo modelo". En términos prácticos, esto significa que ningún centro concertado tendrá que interrumpir su actividad por falta de cobertura jurídica o financiera mientras se diseña el próximo marco regulatorio.
Y es que la acción concertada no es un mecanismo nuevo ni improvisado. Los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no contractual a través de los cuales las administraciones públicas pueden organizar la prestación de servicios dirigidos a las personas, y surgen a partir de la Directiva 2014/24/UE, que afirma expresamente que la aplicación de la normativa contractual pública no es la única posibilidad de la que gozan las autoridades competentes para la gestión de los servicios a las personas. En otras palabras: no es una contratación pública al uso, sino una fórmula de colaboración más flexible que permite integrar a organizaciones sociales en la red pública de servicios.
Módulos actualizados y nueva convocatoria en el horizonte
Más allá de la prórroga en sí, la Conselleria pone sobre la mesa un dato relevante: desde el segundo semestre de 2022, los módulos económicos que se pagan a las entidades concertadas se han incrementado un 14,5%, con el objetivo de corregir el desfase acumulado respecto a la realidad del coste de los servicios. No es un esfuerzo menor en un contexto de inflación persistente y encarecimiento generalizado de los costes laborales y operativos del sector. Además, el departamento mantiene la previsión de seguir estudiando nuevas actualizaciones de módulos durante 2026 y 2027, en función de la disponibilidad presupuestaria.
La prórroga también tiene un componente técnico-jurídico de fondo. La futura convocatoria que sustituirá a la actual deberá adaptarse a las nuevas condiciones derivadas de la jurisprudencia reciente sobre la acción concertada, un ámbito que no ha estado exento de debate legal en los últimos años. Además, estará vinculada al futuro Decreto de Tipologías, que redefinirá los tipos de recursos y servicios susceptibles de ser concertados, e incorporará mejoras planteadas por las propias entidades desde que el sistema echó a andar en 2022.
En definitiva, la Generalitat opta por la continuidad como garantía de servicio, consciente de que reformar un sistema de esta envergadura no puede hacerse de un día para otro sin poner en riesgo la atención a quienes más la necesitan. La prórroga hasta 2028 compra tiempo, pero también impone una fecha límite: la nueva arquitectura del sistema de acción concertada tendrá que estar lista antes de que ese plazo expire.