Una licencia de caza con tres años de validez que antes costaba 37,10 euros pasará a costar 14,28. No es una oferta puntual ni una medida aislada: es el último paso de una política de alivio fiscal que el Govern valenciano está aplicando de forma sistemática sobre el sector cinegético. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una nueva ronda de reducciones en las tasas de caza tras reunirse con la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez.
La medida llega como extensión de una rebaja anterior: la Generalitat ya había reducido a la mitad las tasas anuales individuales de caza. Ahora la lógica se amplía a las licencias conjuntas y a las de períodos superiores a un año, con el argumento de que la acumulación de cargas administrativas y económicas lastra la viabilidad del sector. El descuento en ese permiso trianual —de más del 61%— da una idea de la magnitud del giro.
Un recorte en dos fases y una simplificación burocrática
A ese ajuste se suma un recorte adicional del 5% en otros gravámenes, contemplado en una enmienda a la Ley de Acompañamiento que actualmente está en tramitación. La reducción se aplicará en dos fases: una primera en 2026 y una segunda en 2027, manteniendo el mismo porcentaje para todos los tramos. Los epígrafes afectados incluyen licencias, aprovechamiento y gestión de acotados, todos ellos englobados dentro de la tasa medioambiental vinculada a la caza.
Pero la rebaja económica no viene sola. Pérez Llorca también ha puesto sobre la mesa una simplificación administrativa con la que se pretende eliminar duplicidades y servicios que ya están cubiertos por concesionarios. Una racionalización que, en la práctica, busca que renovar una licencia o gestionar un acotado no se convierta en un calvario de papeleos.
"Mejorar la sostenibilidad económica del sector, reduciendo costes directos para cazadores, clubes y sociedades" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
Un Pacto por la Caza y un nuevo marco normativo
Más allá de los números, el anuncio se enmarca en una ambición más amplia. El Consell quiere impulsar un nuevo marco normativo de la caza que incluya medidas para el control de la sobrepoblación de especies y la prevención de riesgos sanitarios. El objetivo es articular un Pacto por la Caza que modernice la gestión de cotos y agilice las autorizaciones administrativas.
No es un contexto menor. Los daños agrícolas causados por la fauna silvestre superan los 50 millones de euros anuales en la Comunitat Valenciana , una cifra que convierte el control cinegético en algo más que un pasatiempo: es una herramienta de gestión del territorio. De hecho, la Comunitat Valenciana cuenta con más de 70.000 cazadores federados repartidos entre Valencia, Alicante y Castellón , lo que da una idea del peso real del sector.
En esa línea, Pérez Llorca ha defendido reconocer la caza como una herramienta de gestión del medio natural, con vínculos directos a la prevención de incendios forestales y a la conservación de la biodiversidad. No es una postura nueva en términos políticos — estas medidas se presentan como una forma de incentivar el relevo generacional en el mundo cinegético y aligerar el impacto económico sobre los cazadores —, pero sí supone una apuesta explícita por integrar la actividad cinegética en la agenda medioambiental, y no solo en la fiscal.
Lo que queda por ver es si este conjunto de medidas, escalonado hasta 2027, termina de consolidarse en una normativa duradera o se diluye en los vaivenes de la tramitación parlamentaria. Por ahora, para los más de 70.000 cazadores federados de la Comunitat, cada euro rebajado en la tasa es un argumento menos para dejar la escopeta en el armario.