Los casi 5.800 funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana verán mejorar sus nóminas en 2026. La Generalitat ha anunciado que destinará 10 millones de euros adicionales al Complemento Específico de este colectivo, una partida que se suma a los 5 millones ya comprometidos en 2025 y que eleva a 15 millones el esfuerzo inversor acumulado en apenas dos años en este concepto retributivo. La noticia llegó a través de la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, durante un encuentro con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Justicia al que también asistieron representantes de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Una deuda histórica que empieza a saldarse
Para entender el alcance de la medida conviene recordar el punto de partida. Los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana percibían un Complemento Específico situado alrededor de 250 euros por debajo de la media estatal. Una diferencia que resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que la carga de trabajo de los órganos judiciales valencianos se encuentra entre las más altas de España, con un índice de sobrecarga del 55%, muy por encima del 40% de la media estatal. Más trabajo, menos sueldo: una ecuación difícil de defender.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía por asuntos registrados en Justicia y por órganos judiciales, pero se sitúa en el último puesto en cuanto a cuantía del complemento en España. Con ese contexto sobre la mesa, la inyección de 10 millones no es solo un incremento salarial: es un intento de corregir años de agravio comparativo.
El objetivo del Consell es corregir el desfase retributivo que arrastran los funcionarios de Justicia valencianos respecto a otras comunidades autónomas y dar respuesta a una actualización salarial ligada a la carga de trabajo y a las nuevas funciones asumidas en los últimos años.
Quién se beneficia y cuánto
La mejora afectará a cuatro cuerpos: médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, y auxilio judicial. No son perfiles secundarios: son los profesionales que sostienen el día a día de los juzgados, desde la tramitación de expedientes hasta los reconocimientos forenses. En el incremento aprobado en 2025, los médicos forenses, el personal de gestión procesal y administrativa recibieron un aumento anual de 784,56 euros; la tramitación procesal y administrativa, 745,32 euros; y el auxilio judicial, 706,08 euros. El nuevo tramo de 10 millones ampliará esa mejora en 2026.
Junto al Complemento Específico, la Conselleria también ha aumentado en 600.000 euros la cuantía destinada al Programa de Actuación de la Trayectoria Profesional, que pasa de 13.019.492 euros en 2025 a 13.619.492 euros en 2026. Solo en esta legislatura, esa partida ha crecido casi un 14%.
"En esta legislatura hemos llevado a cabo la mayor subida del Complemento Específico desde 2014 y el Consell ha asumido más del 95% de los incrementos del CE de los últimos 7 años" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Las sombras que condicionan el esfuerzo
Martínez no ocultó las dificultades del contexto presupuestario. La consellera subrayó que estas mejoras se han logrado pese a la infrafinanciación estructural que padece la Comunitat Valenciana, los sobreesfuerzos derivados de la reparación de infraestructuras judiciales dañadas por la riada y los recursos adicionales exigidos por la implantación de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia.
"El Gobierno no ha acompañado de medida financiera alguna" la implantación de esa ley orgánica, según precisó la consellera, lo que convierte cada mejora retributiva en un ejercicio de malabarismo presupuestario. La última vez que los funcionarios de Justicia vieron incrementado este concepto retributivo antes del actual ciclo fue en 2016.
Más plazas, menos esperas: otras mejoras en marcha
El compromiso retributivo no llega solo. En paralelo, la Conselleria ha puesto en marcha una batería de medidas para aliviar la presión sobre los juzgados valencianos. Solo en 2026, se han creado 200 nuevos puestos en la plantilla presupuestaria del personal de juzgados y 16 plazas adicionales en los Institutos de Medicina Legal (IML) de Valencia, Castellón y Alicante. También se ha reforzado con personal las antiguas Oficinas Judiciales de apoyo a los Juzgados de Paz de 10 municipios y a los extintos juzgados de Violencia sobre la Mujer de Benidorm, Alicante, Castellón, Vila-real y Llíria.
Una de las medidas más concretas en términos de impacto cotidiano es la reforma del sistema de selección de personal interino: el tiempo necesario para cubrir una plaza vacante ha pasado de 25 a 8 días, lo que significa que un juzgado con una baja o una vacante tarda ahora menos de una semana y media en tener a alguien cubriendo ese puesto. En la Justicia, los tiempos importan, y cada día de retraso tiene consecuencias directas para los ciudadanos que esperan una resolución. La posibilidad de un acuerdo con los sindicatos podría llegar apenas semanas después de iniciadas las negociaciones, lo que reflejaría una dinámica de diálogo más ágil que en otros conflictos laborales del sector público valenciano. Si los datos acompañan a las intenciones, 2026 podría marcar un antes y un después en las condiciones de quienes hacen funcionar la Justicia en la Comunitat Valenciana.