Hay municipios en la Comunitat Valenciana donde el parque infantil lleva años sin columpios, donde la fachada del ayuntamiento se cae a pedazos o donde la acera del centro de salud es un obstáculo para quien va en silla de ruedas. Son detalles pequeños, pero revelan algo mucho más grande: el abandono silencioso que acompaña al despoblamiento. La Generalitat Valenciana ha dado un paso concreto para frenar esa tendencia destinando 1.556.549 euros en ayudas directas a 36 municipios en riesgo de perder su población, con el objetivo de rehabilitar edificios, mejorar la accesibilidad y poner a punto los espacios públicos donde se prestan servicios esenciales.
Una convocatoria histórica: la primera de su clase
La resolución se publicó este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y tiene un valor simbólico añadido: es la primera vez que se activa esta línea de ayudas específica para infraestructuras municipales en zonas amenazadas por el despoblamiento. Hasta ahora, estas localidades dependían de partidas genéricas o de fondos de cooperación municipal que no siempre llegaban con la contundencia necesaria.
"Este año es la primera vez que se convoca esta línea de ayudas, cuyo objetivo es mejorar infraestructuras y espacios donde se ofrecen servicios públicos esenciales para los habitantes de estos municipios" - José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana
El propio Díez fue más allá en su explicación, señalando que el propósito de estas subvenciones no es solo reparar tejados o nivelar pavimentos, sino enviar una señal a quienes dudan entre quedarse o marcharse: colaborar con los ayuntamientos para que puedan promover las condiciones necesarias que permitan retener y atraer población a los municipios más pequeños.
Presupuestos de menos de 600.000 euros: la realidad de los pequeños
El denominador común de los 36 municipios beneficiarios es elocuente por sí solo: todos tienen un presupuesto municipal anual inferior a 600.000 euros. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra es inferior al coste de construir un bloque de viviendas en cualquier ciudad mediana. Con esos recursos, estos ayuntamientos deben atender el mantenimiento de caminos, pagar a sus escasos funcionarios, gestionar el alumbrado y, de paso, intentar que el pueblo no parezca abandonado. No es fácil.
El dato encaja con una realidad documentada en la propia legislación valenciana: los municipios con menos de mil habitantes representan en torno al 40% del total de la Comunitat Valenciana , y muchos de ellos arrastran décadas de declive demográfico. De los 542 municipios valencianos, 172 presentan un índice de envejecimiento superior al 250%, lo que significa que hay 25 personas mayores de 64 años por cada 10 menores de 16 . Una proporción que, sin intervención, apunta en una sola dirección.
Precisamente para atajar esta situación, la Comunitat Valenciana aprobó en 2023 la Ley 5/2023, de 13 de abril, cuyo objeto es establecer principios de actuación y medidas para luchar contra el despoblamiento, garantizando los servicios básicos en los municipios en riesgo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover medidas para reactivar su tejido socioeconómico . La convocatoria publicada esta semana es, en buena medida, uno de los instrumentos prácticos de esa ley.
Subvención del 100%: sin cofinanciación ni burocracia extra
Uno de los aspectos más destacables de esta ayuda es su carácter integral: la Generalitat cubre el 100% del coste de las actuaciones subvencionadas, sin exigir que el municipio aporte una parte. Para localidades con presupuestos tan ajustados, la cofinanciación habitual de otras convocatorias supone a menudo un obstáculo insalvable. Aquí, esa barrera desaparece.
Las actuaciones financiables son variadas y responden a necesidades muy concretas del día a día rural: rehabilitación de fachadas y cubiertas de edificios públicos, mejora de la accesibilidad, adecuación de pavimentos, adquisición y reposición de equipamiento para parques infantiles, y acondicionamiento general de espacios públicos. Nada de grandes obras de ingeniería: se trata de poner en condiciones dignas lo que ya existe.
Castellón concentra más de la mitad de los beneficiarios
La distribución geográfica de los municipios beneficiarios no es casual. De los 36 municipios que recibirán ayudas, 23 pertenecen a la provincia de Castellón, la más castigada demográficamente del interior valenciano. Le siguen nueve localidades de la provincia de Valencia y cuatro de la de Alicante.
Los municipios castellonenses que se beneficiarán son: Castell de Cabres, Villores, Zorita del Maestrat, Argelita, Fuentes de Ayódar, Herbers, Almedíjar, Xodos, Ludiente, Palanques, Vallat, La Torre d'en Besora, Gaibiel, Benafigos, Ares del Maestrat, Azuébar, Arañuel, Aín, Castellfort, Castillo de Villamalefa, El Toro, Zucaina y Alcudia de Veo. Por parte de Valencia, las localidades seleccionadas son Vallanca, Castielfabib, Montixelvo, Otos, Carrícola, Aielo de Rugat, Sot de Chera, Beniatjar y Rugat. Y desde Alicante, completan el listado Penàguila, Fageca, Alcoleja y Bolulla.
Muchos de estos pueblos son prácticamente desconocidos para la mayoría de valencianos, lo que en sí mismo dice mucho. Algunos apenas superan el centenar de habitantes, y su nombre aparece más en los registros históricos que en los titulares de actualidad. Que ahora reciban una inversión concreta, con nombre y apellido en el DOGV, es una forma de recordar que también existen, que también importan, y que el equilibrio territorial no es solo una declaración de intenciones.