Casi dos años después de que la dana del 29 de octubre de 2024 arrasara decenas de municipios valencianos y se cobrase la vida de 230 personas, el proceso de reparación económica para sus familias ha dado un paso decisivo. La Generalitat Valenciana ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes de ayuda directa —el pasado lunes 25 de mayo— con un total de 640 expedientes registrados, una cifra que refleja tanto la magnitud de la tragedia como el largo camino recorrido hasta articular una respuesta institucional concreta.
80.000 euros por víctima: quién puede pedirlos y cómo se reparten
El Pleno del Consell tomó razón este viernes del informe que cierra la primera fase del procedimiento de concesión de estas ayudas, reguladas por el Decreto 23/2026, de 20 de febrero del Consell. La cuantía fijada es de 80.000 euros por víctima, destinados a familiares o personas con vínculo afectivo que cumplan los requisitos establecidos. No es un importe por solicitante, sino por fallecido o gran inválido: en los casos de fallecimiento, esa cantidad se divide en partes iguales entre todos los beneficiarios con derecho que hayan presentado solicitud.
Tienen derecho a recibirla, en primer término, el cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho, los hijos propios o del cónyuge, y los padres del fallecido. Si ninguno de estos existe, pueden acceder a la ayuda los ascendientes de segundo grado y, en último término, los hermanos. Eso explica, en parte, que el número de expedientes supere al de víctimas: 488 de las solicitudes corresponden a daños personales por fallecimiento —ya que diferentes familiares de una misma víctima pueden presentar la solicitud— y 152 tienen su origen en daños personales por incapacidad absoluta y permanente.
"En los próximos días se publicará una primera resolución definitiva" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
El vicepresidente tercero también subrayó un aspecto que no es menor para muchas familias en situación de vulnerabilidad: estas ayudas son compatibles con cualquier otra indemnización o subvención procedente de administraciones públicas o entidades privadas, como compañías aseguradoras, y no tributan en el IRPF. Dicho de otro modo, los 80.000 euros llegan íntegros al bolsillo del beneficiario, sin retención fiscal.
Estas ayudas forman parte del Plan Endavant, que prioriza la atención directa a las personas afectadas por la dana, junto a otras medidas en vivienda, empleo e infraestructuras. La nueva fase del plan, iniciada en 2026, "prioriza a las personas y la atención social directa" y "considera necesario articular una respuesta específica para las familias de las personas fallecidas y gravemente afectadas".
Taxi y VTC: un equilibrio largo tiempo buscado
La sesión del Consell no se limitó a la dana. El Pleno también aprobó un decreto ley que modifica la regulación del transporte de viajeros en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de establecer un marco de convivencia estable entre el sector del taxi y los vehículos con conductor (VTC). Una tensión que lleva años crispando el sector en toda España y que Valencia afronta ahora con una norma propia.
La medida central es una suspensión temporal de hasta dos años para nuevas autorizaciones de taxi en áreas de prestación conjunta y para nuevas licencias VTC de ámbito estatal, mientras se elabora un informe sobre la situación real de la movilidad en la región. Los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida quedan expresamente excluidos de esa moratoria.
Más allá de la pausa, la norma introduce cambios de calado en ambos sectores. En el taxi, se amplía el número de licencias por titular, se flexibiliza su concesión, se elimina la dedicación exclusiva y se regula por primera vez la transmisión hereditaria de las licencias. En el lado de los VTC, se habilita provisionalmente la prestación de servicios urbanos, se suprime el tiempo mínimo de espera para la contratación —una de las exigencias más contestadas por el sector— y se refuerza el régimen sancionador.
Logopedia, pesca y saneamiento: el resto de la agenda del Consell
El Pleno también autorizó la contratación del servicio de atención logopédica ambulatoria por un valor estimado de 20,1 millones de euros. El impacto es directo: el número de pacientes atendidos pasará de 2.500 a cerca de 4.500 al año, un incremento del 80%, con más de 75.000 sesiones anuales adicionales de tratamiento para patologías del lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución. Todo ello en un ejercicio en que la sanidad pública valenciana cuenta con un presupuesto récord de 9.186 millones de euros.
En el ámbito pesquero, el Consell aprobó una subvención directa de 1,25 millones de euros para las cofradías de pescadores y sus federaciones, con el fin de sostener actividades esenciales de asesoramiento, gestión de lonjas y formación. Un sector que el año pasado capturó 12,8 millones de kilos de pescado con un valor en lonja de 69,5 millones de euros, pero que atraviesa un momento especialmente delicado en el Mediterráneo.
Finalmente, el Consell tomó razón de dos actuaciones de emergencia: la reparación de los colectores generales del sistema de saneamiento de Pobla de Farnals —en los términos municipales de Massalfassar, Puçol y la Pobla de Farnals—, con una inversión superior a los 2 millones de euros impulsada por la EPSAR para evitar riesgos ambientales y sanitarios; y la rehabilitación del edificio de la Oficina Comarcal Agraria de la Plana Alta, en Vila-real, por un importe cercano a los 459.000 euros tras detectarse problemas estructurales que obligan a actuar de forma inmediata. Para las familias de los fallecidos en la dana, sin embargo, la agenda de este viernes tenía un solo protagonista: la promesa de que, en los próximos días, llegará por fin una primera resolución con nombre y apellidos.