La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha consolidado un modelo de justicia plenamente accesible e inclusiva, en estricta conformidad con la legislación vigente sobre accesibilidad en edificaciones y espacios públicos. El objetivo primordial ha sido asegurar que la ciudadanía ha podido ejercer sus derechos fundamentales en condiciones de absoluta igualdad, eliminando cualquier tipo de barrera que ha podido limitar su acceso a los servicios judiciales.
Esta iniciativa estratégica se ha integrado en un amplio estudio que la Generalitat ha promovido para evaluar las condiciones de accesibilidad en aproximadamente 800 inmuebles de titularidad pública. Específicamente, en el ámbito de la Conselleria de Justicia, se han examinado 57 sedes judiciales, distribuidas en 18 en la provincia de Alicante, 7 en Castellón y 32 en Valencia. Este análisis exhaustivo ha proporcionado un diagnóstico pormenorizado de la situación actual, identificando las áreas prioritarias de intervención para optimizar la experiencia de todos los usuarios.
Diagnóstico exhaustivo de la accesibilidad en edificios judiciales
El informe técnico ha revelado la existencia de diversas deficiencias en áreas críticas, tales como los accesos, la conectividad entre los diferentes niveles de los edificios, la señalización interna, las instalaciones sanitarias y los puntos de atención al público. Para corregir estas carencias, se ha proyectado una inversión total cercana a los 2.039.398,78 euros. Esta suma se ha desglosado en 743.344,76 euros para Alicante, 232.267,66 euros para Castellón y 1.063.786,36 euros para Valencia, reflejando el compromiso de la Conselleria con la mejora integral de sus infraestructuras.
Entre las intervenciones planificadas, ha sobresalido la sede judicial de Segorbe, que ha demandado la mayor partida presupuestaria individual, ascendiendo a 109.011,92 euros. Esta cuantía se ha justificado por la imperiosa necesidad de instalar un ascensor que garantice la accesibilidad entre las distintas plantas, una carencia que ha sido prioritaria de subsanar. Es importante señalar que la Conselleria ya había comenzado previamente las obras destinadas a optimizar estas conexiones verticales, demostrando una planificación anticipada.
Estrategia y medidas clave para una justicia inclusiva
En respuesta a estas exigencias, la Conselleria ha diseñado un modelo de intervención articulado en diversas líneas estratégicas. Este enfoque se ha centrado en asegurar el ejercicio pleno de los derechos, promover la autonomía personal de las personas con discapacidad, garantizar su acceso equitativo a los servicios de justicia y adecuar los entornos tanto físicos como comunicativos y cognitivos. La meta ha sido crear un ecosistema judicial donde la inclusión ha sido la norma.
Dentro de esta estrategia, se han implementado acciones concretas como la supresión de barreras arquitectónicas, la optimización de la señalización y la integración de sistemas de asistencia a la comunicación. Un ejemplo notable ha sido la instalación de bucles magnéticos en los mostradores de atención ciudadana, las salas de vistas y los ascensores, lo que ha facilitado significativamente la interacción para usuarios de audífonos o implantes cocleares, permitiéndoles una comunicación más fluida y sin interrupciones.
De igual modo, la Conselleria de Justicia ha desplegado un considerable esfuerzo para integrar soluciones que optimicen la accesibilidad comunicativa. Esto se ha materializado con la instalación de bucles magnéticos en los puntos de atención, las salas de vistas y mediante dispositivos portátiles, lo que ha permitido atender a personas con deficiencias auditivas de manera autónoma, sin requerir asistencia adicional. Adicionalmente, se han implementado lazos de inducción en los ascensores de diversas sedes judiciales, posibilitando la recepción de alertas de emergencia y potenciando la comunicación en escenarios de riesgo. En el marco de esta mejora constante, se ha planificado la inclusión de aseos adaptados para personas con ostomías en los futuros proyectos de construcción judicial, lo que ha representado un paso más hacia una justicia verdaderamente inclusiva y sensible a todas las necesidades.
Fases de ejecución y balance de las actuaciones realizadas
Es relevante señalar que el programa de mejoras se ha estructurado en dos etapas diferenciadas. La primera fase, llevada a cabo entre 2022 y 2023, ha abarcado 23 partidos judiciales y ha supuesto una inversión inicial de 993.200,99 euros. La segunda fase ha previsto la intervención en nuevas sedes judiciales y la modernización de infraestructuras ya existentes, con un presupuesto estimado de 1.000.000 de euros para el bienio 2024-2025, consolidando así el compromiso a largo plazo.
Después de cuatro años desde el lanzamiento de este ambicioso programa, la Conselleria ha intervenido en las instalaciones de 16 de los 36 partidos judiciales que conforman la Comunitat Valenciana. Adicionalmente, se han adaptado seis sedes suplementarias y se han incorporado criterios de accesibilidad en tres edificios de nueva edificación o rehabilitación completa. En conjunto, se han culminado 25 actuaciones, lo que ha demostrado un progreso significativo en la materia.
En la actualidad, el plan de acción ha registrado el siguiente estado de las 42 actuaciones programadas:
- El 57 % ya se han completado.
- El 11,9 % se encuentran en fase de estudio.
- El 7,14 % están en proceso de redacción de proyecto.
- El 9,52 % están en plena ejecución.
- El 11,9 % están pendientes de su puesta en marcha.
La visión fundamental del Consell ha sido garantizar que cada individuo ha podido acceder y utilizar, con total seguridad, autonomía y sin discriminación, tanto los edificios como los espacios públicos, ya sean urbanos o naturales. El propósito último ha radicado en que cualquier persona, sin importar sus condiciones particulares, ha podido desplazarse y hacer uso de las sedes judiciales con absoluta normalidad, reafirmando el derecho a una justicia accesible para todos.