Más de veinte años después de su creación, el principal organismo judicial de España dedicado a combatir la violencia de género recibe un impulso colectivo sin precedentes. El Pleno del Consell ha autorizado la adhesión de la Generalitat Valenciana a un convenio de colaboración que agrupa a casi la totalidad de las instituciones con competencias en esta materia: desde el Consejo General del Poder Judicial hasta la Fiscalía General del Estado, pasando por tres ministerios y once comunidades autónomas. El objetivo, tan urgente hoy como lo era en 2002, sigue siendo el mismo: proteger a las víctimas y erradicar la violencia doméstica y de género en todas sus manifestaciones.
Un observatorio que cumple más de dos décadas vigilando la respuesta judicial
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución creada en el año 2002, cuya finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. No es, por tanto, un organismo menor ni reciente. Durante más de dos décadas ha funcionado como el termómetro judicial de un problema que, lejos de desaparecer, sigue golpeando a miles de familias en España cada año. Se trata de un instrumento de análisis y de actuación que, en el ámbito de la Administración de Justicia, promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia doméstica y de género.
El convenio ahora autorizado por el Consell tiene una vigencia de cuatro años y persigue actualizar las funciones, la composición y el funcionamiento de este organismo para adaptarlo a una realidad legislativa que ha cambiado considerablemente desde sus orígenes. En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género , un hito normativo que transformó por completo el marco jurídico en España. Desde entonces, tanto el derecho europeo como el internacional han acumulado nuevos avances que el Observatorio necesitaba incorporar a su funcionamiento.
Una alianza institucional de gran alcance
El acuerdo no es cosa de dos. Son muchas las instituciones que se sientan en torno a esta mesa: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España. Junto a la Comunitat Valenciana, se incorporan también País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja. Una fotografía que ilustra, sin lugar a dudas, la dimensión nacional del compromiso.
¿Por qué importa tanto quién firma? Porque la violencia de género no se combate solo desde un único frente. La justicia, la fiscalía, los abogados, los procuradores y los gobiernos autonómicos conforman una cadena en la que cada eslabón importa. Cuando uno falla, las víctimas lo pagan.
Qué hace exactamente el Observatorio
Más allá de los tecnicismos del convenio, conviene entender para qué sirve en la práctica este organismo. Sus funciones van bastante más allá del análisis estadístico. Entre sus cometidos destacan aumentar la eficacia de las actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia para la erradicación de estas violencias, mejorar la coordinación entre las instituciones participando en la elaboración de protocolos de actuación, y realizar estudios y análisis de las resoluciones judiciales, así como propuestas de mejoras y reformas legislativas.
El Observatorio también reconoce, cada cierto tiempo, la labor de quienes trabajan en primera línea de esta lucha. En ediciones anteriores se ha reconocido el trabajo realizado por la Asociación de Mujeres Juezas de España, por las Comisiones Provinciales de Coordinación Contra la Violencia sobre la Mujer, y por fiscales especialmente comprometidas con esta causa. Además, organiza cada dos años el Congreso Nacional de Violencia de Género, un espacio que pretende analizar, de una manera interdisciplinar, el fenómeno de la violencia doméstica y de género.
Una renovación necesaria, no un trámite
Sería un error leer esta noticia como un simple acuerdo administrativo. La actualización del convenio responde a una necesidad real: las normas con las que trabaja el Observatorio habían quedado desfasadas respecto a los avances legislativos producidos en los últimos años, tanto en el ámbito nacional como europeo e internacional. Renovar el marco de colaboración no es burocracia; es garantizar que el sistema judicial dispone de las herramientas más actualizadas para responder cuando una víctima llama a su puerta.
En un contexto en el que la violencia de género sigue siendo una de las lacras sociales más persistentes de España, que instituciones de perfiles tan distintos —jueces, fiscales, abogados, gobiernos autonómicos y ministerios— sean capaces de ponerse de acuerdo en torno a un mismo texto es, en sí mismo, una señal de que la voluntad política de acabar con este problema no ha decaído. El reto ahora es que ese papel firmado se traduzca, caso a caso, en vidas mejor protegidas.