La Comunitat Valenciana ha manifestado su rotundo rechazo a participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, programado para este miércoles 8 de abril. La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha calificado la convocatoria de "ilegal" y ha advertido sobre la falta de validez legal de cualquier acuerdo que pudiera surgir de esta reunión. Esta decisión subraya una profunda discrepancia con el Gobierno de España, no solo por cuestiones procedimentales, sino también por la gestión de los menores migrantes no acompañados.
La Generalitat Valenciana ha impugnado formalmente el orden del día, argumentando que la Presidencia de la Conferencia Sectorial, a cargo de la ministra Sira Rego, incluyó puntos que habían sido explícitamente rechazados por la Comisión Sectorial en su encuentro del 17 de marzo. Esta situación ha llevado a la Comunitat Valenciana a adoptar una postura firme, priorizando la legalidad y la defensa de sus competencias y recursos.
Rechazo a una convocatoria "ilegal" y viciada
La consellera Elena Albalat ha sido contundente al explicar los motivos de la ausencia de la Comunitat Valenciana. "No podemos asistir a una reunión que nace viciada de nulidad. El Gobierno de España ha decidido actuar al margen de las normas, ignorando que el orden del día debe ser aprobado previamente por la Comisión preparatoria", ha declarado Albalat. Esta afirmación pone de manifiesto la preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las reuniones interterritoriales, donde el Ministerio, según la Generalitat, intenta imponer temas cruciales como el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección, a pesar de la oposición mayoritaria de las comunidades autónomas.
La Generalitat Valenciana insiste en que la omisión de procedimientos esenciales en la formación de la voluntad del órgano colegiado invalida cualquier decisión. La falta de un consenso previo en la Comisión preparatoria, encargada de establecer el orden del día, es vista como una vulneración de las normas que rigen estos encuentros sectoriales. Este vicio de forma no solo afecta la legitimidad de la reunión, sino que también genera una profunda desconfianza en la capacidad del Ministerio para coordinar políticas de manera transparente y respetuosa con las autonomías.
Críticas a la gestión de menores migrantes no acompañados
Más allá de las objeciones formales, Elena Albalat ha extendido sus críticas a la política de reparto de menores migrantes no acompañados (MENA) que el Ejecutivo central está implementando. La consellera ha aclarado que la no participación de la Comunitat Valenciana no debe interpretarse como una falta de solidaridad, sino como un acto de responsabilidad. "La ausencia de la Comunitat Valenciana no es una falta de solidaridad, es un ejercicio de responsabilidad ante un Gobierno que impone traslados forzosos de manera unilateral", ha enfatizado.
Albalat ha denunciado que el sistema de protección valenciano se encuentra en una situación de "gran tensión", y que el Estado pretende que las autonomías asuman competencias exclusivas sin la necesaria dotación financiera. Esta situación genera una carga insostenible para las comunidades, que ven cómo se les exige una responsabilidad sin los recursos económicos y materiales adecuados para garantizar una atención integral y de calidad a estos menores.
La consellera ha expresado su profundo descontento con el modelo de reparto actual: "Lamentamos profundamente el modelo de reparto que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez que es discrecional, sin planificación y que ignora la realidad de nuestros recursos. No se puede proteger adecuadamente a un menor si se le traslada como si fuera mercancía, sin evaluar su situación individual y sin garantizar los fondos para su atención integral". Esta declaración subraya la preocupación por la deshumanización del proceso y la falta de una estrategia coherente y bien financiada.
La ofensiva legal de la Generalitat Valenciana
La Generalitat Valenciana no solo ha optado por la vía del rechazo político, sino que también ha emprendido una ofensiva legal para contrarrestar lo que considera una invasión de competencias y un riesgo para la sostenibilidad de su sistema de protección. La responsable de Servicios Sociales ha detallado las acciones judiciales en curso:
- Recurso ante el Tribunal Constitucional: Se ha presentado un recurso contra el Real Decreto-Ley 2/2025. La Generalitat argumenta que esta normativa vulnera las competencias exclusivas autonómicas en materia de asistencia social y protección de menores. Además, considera que quebranta el principio de autonomía financiera al obligar a las comunidades a asumir gastos no presupuestados, lo que desequilibra sus cuentas y su capacidad de gestión.
- Recursos contencioso-administrativos: De forma paralela, se han interpuesto recursos contra las resoluciones estatales que imponen reubicaciones forzosas de menores. La Conselleria ha impugnado expedientes de traslado que, a su juicio, carecen de control y sensibilidad, afectando a menores próximos a la mayoría de edad o a aquellos con vínculos familiares en otras regiones, sin respetar su interés superior.
Estas acciones legales buscan no solo defender las competencias autonómicas, sino también garantizar que la protección de los menores se realice bajo criterios de humanidad, individualización y con los recursos necesarios.
Precedente judicial favorable y futuras acciones
La estrategia legal de la Generalitat ya ha comenzado a dar frutos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha iniciado la anulación de resoluciones de traslado por falta de motivación. "Las sentencias confirman que el Gobierno central no explica los criterios para asignar a un menor a nuestra autonomía, lo que genera una indefensión que impide verificar si el traslado es correcto", ha explicado Albalat, destacando la importancia de estos fallos judiciales.
Según la consellera, estas sentencias son una prueba irrefutable de que "el procedimiento del Ministerio carece de rigor y vulnera los derechos de los menores al tratarlos sin una evaluación individualizada". Este precedente judicial es crucial, ya que valida la postura de la Generalitat y refuerza sus argumentos en la defensa de los derechos de los menores y la autonomía de gestión.
Con este respaldo legal, la Conselleria esgrimirá estos argumentos para intentar paralizar no solo los traslados procedentes de Ceuta, sino también los de Canarias, que, según Albalat, siguen el mismo procedimiento arbitrario. "No permitiremos que se sigan imponiendo traslados forzosos que ignoran tanto la situación de las autonomías como el interés superior del menor", ha concluido Elena Albalat, reafirmando el compromiso de la Comunitat Valenciana con una gestión justa y responsable de la infancia y la adolescencia.