El dinero europeo que financia hospitales, carreteras, parques tecnológicos o planes de empleo llega a los ciudadanos, en gran medida, gracias a las regiones. Sin embargo, el diseño del próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 amenaza con alejar ese poder de decisión de las administraciones autonómicas y concentrarlo en los gobiernos centrales. Frente a ese riesgo, la Comunitat Valenciana ha levantado la voz esta semana en Bruselas.
El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, acompañado por la directora general de Fondos Europeos, Rocío Pont, ha participado en la conferencia de la alianza EURegions4Cohesion, un foro que reúne a 149 regiones de 20 estados miembros de la UE con un objetivo compartido: que la futura política de cohesión no se decida exclusivamente en las capitales nacionales.
Una alianza de 149 regiones con un mensaje común
La iniciativa EURegions4Cohesion nació en marzo de 2024 a impulso de Nueva Aquitania y Emilia-Romaña, agrupando a regiones de distintos países europeos que reclaman que la futura política de cohesión cuente con un presupuesto sólido y sitúe a las regiones en el centro. Las 17 comunidades autónomas españolas forman parte de esta alianza bajo la coordinación de Galicia. No se trata, por tanto, de una queja aislada de Valencia: es una reclamación colectiva que cruza fronteras y colores políticos.
Las negociaciones iniciales han logrado reintroducir una dimensión territorial en la futura política de cohesión, un elemento que faltaba en la propuesta original de la Comisión Europea. Sin embargo, las autoridades regionales y locales consideran que el giro hacia un modelo de gestión más centralizado y predominantemente nacional no se ha revertido suficientemente. Esa tensión entre lo nacional y lo regional es precisamente el campo de batalla en el que se mueve esta conferencia.
"Defender el papel de las regiones es defender una Europa más cercana, más eficaz y más cohesionada" - Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana
Tres exigencias concretas sobre la mesa
La posición de la Generalitat no se queda en lo retórico. Gil ha respaldado un conjunto de reivindicaciones precisas que la alianza ha trasladado formalmente a los negociadores europeos. La primera y más urgente tiene que ver con el dinero: garantizar que ninguna región reciba en 2028-2034 menos del 75% de lo que percibió en el periodo anterior (2021-2027), y que ese cálculo tenga en cuenta el efecto de la inflación. Una salvaguarda que, de no existir, podría traducirse en recortes reales a la inversión pública territorial.
La segunda exigencia apunta a la arquitectura institucional: la creación de capítulos regionales específicos dentro de los futuros planes nacionales. Las regiones quieren incluir 'capítulos regionales' en los Planes Nacionales y Regionales de Asociación, con el objetivo de preservar un enfoque regionalizado en la definición de prioridades de inversión, la selección de operaciones y la gestión financiera. Sin esa estructura propia, advierten, las regiones quedarían como simples ejecutoras de decisiones tomadas lejos de su territorio.
La tercera línea de actuación apela a la eficiencia: simplificar los procedimientos y reducir la carga burocrática que hoy pesa sobre administraciones y beneficiarios. La idea es que los fondos lleguen antes y con menos trabas, evitando controles duplicados cuando los objetivos ya han sido alcanzados y verificados.
"No podemos hablar de cohesión si los territorios pierden capacidad de inversión. La financiación europea debe garantizar que todas las regiones puedan seguir avanzando en competitividad, innovación, conectividad y servicios públicos" - Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana
El Semestre Europeo, otro frente abierto
Hay un punto de la posición regional que pasa más desapercibido pero que tiene una importancia práctica enorme: el Semestre Europeo. Este mecanismo de coordinación económica de la UE puede, bajo ciertas circunstancias, condicionar o bloquear fondos destinados a las regiones por decisiones que, en realidad, corresponden al ámbito nacional. Las regiones reclaman que eso no ocurra: que las decisiones adoptadas a escala estatal no puedan comprometer los recursos de los capítulos regionales cuando afecten a materias fuera de las competencias autonómicas. Un principio de sentido común que, sin embargo, aún no está garantizado en el modelo que se negocia.
En materia de innovación y competitividad, la posición valenciana apunta también a una mayor participación regional en los programas europeos gestionados directamente por la Comisión. La Comunitat Valenciana, según destacó Gil, no actúa solo como intermediaria en la gestión de fondos, sino que "trabaja activamente para conectar innovación, empresa, conocimiento y financiación europea de manera coordinada y no como compartimentos estancos".
Connecting Europe Days: el transporte, también en juego
La visita a Bruselas no se limitó a la conferencia de cohesión. La delegación valenciana participó también en los Connecting Europe Days, el gran encuentro europeo dedicado a movilidad, transporte e infraestructuras. Un foro donde se debaten las inversiones que determinan si una región queda bien o mal conectada con el resto del continente, y que cobra especial relevancia en un momento en que la financiación de infraestructuras también está sobre la mesa en las negociaciones presupuestarias.
En ese contexto, la Generalitat reiteró la necesidad de que el nuevo Marco Financiero Europeo mantenga la inversión regional en conectividad, logística y movilidad sostenible, ámbitos que considera estratégicos para la Comunitat Valenciana. La jornada contó además con la presencia de entidades valencianas con proyección europea como Valenciaport y Parc Sagunt, dos referencias del desarrollo económico e industrial del territorio.
Lo que se decide ahora en Bruselas no es un debate técnico alejado de la vida cotidiana. Es, en el fondo, una disputa sobre quién decide dónde se construye la próxima línea de tren, qué empresas reciben apoyo para innovar o qué barrios se rehabilitan con dinero europeo. Como advierte la propia alianza de regiones, una elección equivocada en este diseño institucional "crea nuevos riesgos de disparidades territoriales y políticas, debilitando el propio proyecto europeo". La Comunitat Valenciana ha dejado claro que no piensa quedarse al margen de esa decisión.