El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, salió este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con un mensaje claro y sin ambages: el Gobierno central está tomando decisiones que golpean directamente las arcas autonómicas sin molestarse en consultar antes a quienes tienen que pagarlas. Una queja que, en el fondo, resume una tensión estructural del modelo territorial español: quién manda en el gasto y quién acaba cargando con la factura.
El capítulo que lo condiciona todo
Para entender la magnitud del problema, basta con un dato: el gasto público de las comunidades autónomas representa un tercio del gasto público total de España. Dicho de otro modo, las autonomías no son un actor secundario en las finanzas públicas del país, sino uno de sus pilares fundamentales. Y son ellas las que sostienen, día a día, los servicios que más de cerca toca la ciudadanía: la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda.
Dentro de ese gasto, existe una partida especialmente pesada: el Capítulo 1, el de personal. Rovira lo cuantificó con precisión: los sueldos de los empleados públicos suponen la mitad del gasto de las comunidades autónomas. Cuando el Gobierno central pacta una subida salarial sin contar con las regiones, el impacto no es simbólico. Es directo, inmediato y, según el conseller, insoportable para territorias que ya arrastran una infrafinanciación crónica.
"El Capítulo 1 de personal supone la mitad del gasto de las comunidades autónomas y así no se puede trabajar porque eso supone una asfixia para las autonomías, especialmente para las que arrastran una grave infrafinanciación, como es el caso de la Comunitat Valenciana" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
Una subida pactada… pero no con todos
El detonante inmediato de la crítica fue el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez para elevar los salarios de todos los funcionarios hasta un 4,5% el próximo año. En principio, la medida podría parecer razonable —incluso deseable— en un contexto de recuperación económica. El problema, según Rovira, no es el fondo sino la forma: la decisión se adoptó al margen de las comunidades autónomas, que gestionan dos tercios de los funcionarios del país. Una vez firmado el acuerdo, las regiones reciben la factura sin haber estado en la negociación.
El conseller lo expuso sin rodeos ante el ministro de Hacienda, Arcadi España: "Podemos estar de acuerdo, pero no pueden ser imposiciones." Una frase que condensa el malestar de muchas autonomías ante una dinámica que se repite: el Estado central decide, las comunidades ejecutan y pagan.
El límite del 4% que nadie podrá cumplir
La contradicción que señaló Rovira en el CPFF tiene una lógica aplastante: si el Gobierno acuerda una subida salarial del 4,5% y al mismo tiempo fija un límite del 4% al crecimiento del gasto autonómico para el próximo año, la ecuación simplemente no cuadra. Más gasto comprometido por arriba, techo más bajo por abajo. El resultado previsible es el incumplimiento.
"No se puede generar más gasto y al mismo tiempo poner un límite del 4% a ese gasto para el próximo año. Eso es una auténtica barbaridad, ya que no se va a poder cumplir. Por eso nos hemos mostrado muy críticos y rechazamos esa propuesta" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
La reunión del CPFF, convocada para que el Gobierno aborde con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que deben asumir las administraciones públicas , fue calificada por Rovira en términos aún más duros. En su opinión, el encuentro sirvió más como escaparate político que como foro real de coordinación: la convocatoria habría tenido como objetivo discutir unos presupuestos que, en la práctica, todo el mundo sabe que no se van a aprobar —los últimos Presupuestos Generales del Estado datan de 2023— y que el verdadero propósito era desviar la atención de otros asuntos incómodos para el Ejecutivo.
La herida de la infrafinanciación valenciana
Detrás de las declaraciones de Rovira late una realidad que la Comunitat Valenciana arrastra desde hace décadas: un modelo de financiación autonómica que la sitúa sistemáticamente por debajo de la media en recursos por habitante, a pesar de ser una de las economías más dinámicas del país. Esta circunstancia hace que cualquier decisión de gasto impuesta desde Madrid tenga, en Valencia, un impacto amplificado. El propio Consejo de Política Fiscal y Financiera fue creado en 1980 precisamente para adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y la Hacienda del Estado, un mandato que, según el conseller, el Gobierno actual está incumpliendo de forma sistemática.
La pregunta que queda en el aire, y que trasciende la escaramuza política de este lunes, es si un modelo en el que el Estado firma acuerdos que afectan a la mitad del presupuesto autonómico sin sentarse previamente con las autonomías es sostenible a largo plazo. Para la Comunitat Valenciana, que ya parte de una posición de desventaja estructural, la respuesta parece clara: así no se puede seguir.