El acceso a la vivienda lleva meses ocupando titulares, encuestas de preocupación ciudadana y debates parlamentarios. Pero la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 no ha traído calma, sino nuevas tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha tomado la palabra con dureza: más responsabilidad por parte del Ejecutivo nacional, menos imposiciones ideológicas y, sobre todo, soluciones que lleguen a las personas de verdad.
Un plan que "llega tarde, sin consenso y cargando el coste a las autonomías"
El Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el pasado 21 de abril. El plan llegó con cuatro meses de retraso respecto a la previsión inicial, ya que el Gobierno decidió posponer su aprobación para trabajar en el acuerdo con las comunidades autónomas e incorporar algunas de sus aportaciones al texto definitivo. Sin embargo, para Camarero, el resultado no justifica la espera.
La vicepresidenta compareció antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana para exigir "una negociación real" sobre el plan y reclamar que las medidas se adapten "a la realidad de cada territorio". Su mensaje fue claro: el texto definitivo no fue conocido por las comunidades autónomas antes de su aprobación en Consejo de Ministros, algo que calificó de falta de lealtad institucional.
"Llevamos desde diciembre de 2024 trasladando propuestas concretas al Ministerio y muchas no han sido incorporadas. Pero lo más grave es que las comunidades autónomas no hemos conocido el texto definitivo antes de su aprobación en Consejo de Ministros" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda de la Generalitat Valenciana
El Gobierno, por su parte, defiende que el plan es fruto del diálogo: el ministerio asegura haber mantenido más de 48 encuentros con las comunidades autónomas para conformar la redacción final del texto, incorporando buena parte de las 400 aportaciones realizadas por el sector. Una cifra que contrasta con la versión de la Generalitat.
La aritmética que incomoda a Valencia
El principal motivo de fricción es financiero. El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. En el plan anterior, la proporción era inversa: el Estado financiaba el 70% y las autonomías el 30%.
Para la Comunitat Valenciana, los números son especialmente llamativos. El nuevo plan contempla unos 798 millones de euros para los próximos cinco años, frente a los 240 millones del plan anterior. A primera vista parece un avance notable. Pero Camarero desgrana la trampa: el Estado pasa de aportar 168 millones a unos 480 millones, mientras que la Comunitat Valenciana pasa de 72 millones a 319 millones de euros. La aportación valenciana se multiplica por más de cuatro, mientras la estatal apenas se duplica.
La consellera lo resume con una comparación que resulta difícil de ignorar: las aportaciones de ambas administraciones quedan prácticamente igualadas en el reparto final, cuando el presupuesto del Estado es 19 veces mayor al de la Comunitat Valenciana. Y todo ello en un territorio que, además, arrastra una histórica infrafinanciación y ha tenido que hacer frente a una emergencia habitacional sin precedentes derivada de la dana de 2024.
El Consejo de Estado, un aliado inesperado en la disputa
Es la primera vez que el Consejo de Estado estudia un plan estatal de vivienda, en su condición de reglamento que desarrolla la Ley de Vivienda. El Gobierno calificó su dictamen de "muy favorable". Camarero lo interpreta de otro modo.
La vicepresidenta avanzó que la Generalitat estudia la posible presentación de un recurso contra el Plan Estatal de Vivienda, precisamente a partir de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, que cuestiona la invasión de competencias autonómicas. Entre las imposiciones que señala están la regulación de la calificación permanente de la vivienda protegida y cláusulas que subordinan la gestión de promociones a criterios de control político e imagen del Ministerio. Una de ellas ha generado especial controversia: la obligación de convocar a la ministra con al menos 30 días de antelación para visitar las actuaciones cofinanciadas antes de que la Generalitat reciba los fondos correspondientes.
"Esto demuestra que a la ministra le importa más salir en la foto que cuántas viviendas se construyen en la Comunitat Valenciana" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda de la Generalitat Valenciana
15.000 familias en espera, meses perdidos
Más allá del debate político e institucional, hay una consecuencia concreta y cotidiana: el retraso en la aprobación del plan pone en riesgo las ayudas al alquiler y el bono joven para más de 15.000 familias y jóvenes valencianos que se beneficiaron de estas medidas el año pasado. El programa debería estar aprobado desde diciembre, y los plazos acumulados hacen que, en el mejor de los casos, las ayudas no puedan publicarse hasta el último trimestre del año. Meses de espera que, para quien no llega a fin de mes, no son una abstracción administrativa sino una dificultad real.
Lo que el plan no resuelve
Camarero también señaló que el nuevo Plan Estatal carece de medidas eficaces para abaratar la vivienda o aumentar la oferta. Entre las propuestas que la Generalitat trasladó al Ministerio y que no fueron incorporadas figuran la reducción del IVA vinculado a la vivienda, incentivos fiscales para facilitar la compra o el alquiler, la ampliación de ayudas a jóvenes en municipios de más de 10.000 habitantes y líneas específicas para financiar la adquisición de suelo destinado a vivienda protegida.
La consellera también reclamó al Gobierno flexibilidad en los plazos de ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a vivienda, recordando que cuando el actual Consell llegó al Gobierno valenciano en 2023, los proyectos necesarios no habían sido impulsados.
El choque entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana en torno al Plan Estatal de Vivienda refleja una tensión estructural que va más allá de los números: quién decide, quién paga y quién rinde cuentas ante los ciudadanos que no encuentran dónde vivir. Mientras el debate institucional se prolonga, hay miles de familias que siguen esperando una respuesta que, a este ritmo, no llegará antes del otoño.