La pesca mediterránea lleva años atrapada en una paradoja incómoda: cumplir con unas normas europeas diseñadas, en gran medida, para realidades pesqueras muy distintas a las de una pequeña embarcación familiar que sale a faenar al alba en la costa valenciana. Ese malestar acumulado empezó a encontrar esta semana una respuesta concreta en Bruselas. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, se reunió con los presidentes de las federaciones provinciales de cofradías de pescadores para trasladarles los primeros avances logrados ante la Comisión Europea en la defensa de una normativa adaptada a las singularidades del Mediterráneo.
Una cita histórica en Bruselas con cinco comunidades autónomas
El punto de partida fue el 3 de septiembre, cuando los responsables de Pesca de Cataluña, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía y Baleares se sentaron frente al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para trasladarle una petición conjunta que llevaban meses elaborando. La propuesta conjunta plantea la adopción de un Reglamento Ómnibus de pesca que permita realizar una revisión específica de la Política Pesquera Común y de diferentes reglamentos europeos. No es una reclamación menor: se trata de cuestionar y reformar el marco normativo que regula cuándo, cómo y cuánto puede pescar cada barco en aguas mediterráneas.
El contexto no podía ser más urgente. Las flotas de arrastre de fondo son una de las más dependientes de especies de alto valor económico como la gamba roja y la cigala, y llevan años sometidas a restricciones crecientes que amenazan su viabilidad. Las cofradías y organizaciones pesqueras ya han mostrado su preocupación ante las propuestas de recorte de la Comisión, alertando de que podrían comprometer la viabilidad de muchas embarcaciones. En ese escenario, las cinco comunidades mediterráneas esperaban conocer la respuesta de la Comisión Europea a la propuesta conjunta que remitieron el pasado mes de mayo.
Cuatro avances concretos sobre la mesa
El resultado de la reunión del 3 de septiembre no fue un portazo, ni tampoco un cheque en blanco. El comisario Kadis ofreció avances en cuatro de los cinco frentes planteados por las comunidades mediterráneas: enmiendas parciales a la Política Pesquera Común, simplificación del control para la flota artesanal, mayor financiación a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y más flexibilidad en la gestión de la gamba roja dentro del Plan de Gestión Plurianual del Mediterráneo Occidental.
El que más expectación genera entre el sector es, precisamente, el que afecta a la gamba roja. Actualmente, esta especie está sometida a una doble limitación: restricciones simultáneas de jornadas de pesca y de capturas. Una especie de tijera regulatoria que golpea dos veces a las mismas embarcaciones. La buena noticia es que esta modificación podría abordarse sin necesidad de cambiar el reglamento, mediante un acuerdo del Consejo, con la previsible implantación de una malla de 60 milímetros.
"La doble limitación ha generado una presión añadida sobre una flota que ya soporta demasiadas restricciones y demasiada incertidumbre" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
Además, el comisario abrió la puerta a sustituir el criterio de la "especie limitante" —el sistema actual por el que el estado de la especie más vulnerable condiciona las posibilidades de pesca de toda una flota— por una media del conjunto de especies de referencia. Las cinco comunidades solicitan precisamente revisar ese sistema que condiciona el conjunto de una pesquería al estado de su especie más vulnerable. Para avanzar en esa dirección, Bruselas espera recibir una propuesta conjunta elaborada por las propias comunidades autónomas mediterráneas.
Menos burocracia para la flota artesanal
En materia de control, la Comisión Europea dio otro paso significativo: abrió la puerta a una simplificación normativa orientada a facilitar la actividad de la flota artesanal, aunque queda pendiente determinar si esa simplificación alcanzará a toda la flota mediterránea o solo a una parte. Las comunidades autónomas han defendido priorizar el control en tierra —en lonjas, puntos de primera venta y pesaje oficial— y eliminar cargas administrativas innecesarias en mareas cortas, además de permitir la comercialización agrupada de la morralla o "peix de sopa". Una reivindicación que conecta directamente con la realidad cotidiana de los mercados locales y con la identidad culinaria del litoral valenciano.
"No pedimos privilegios. Pedimos que Europa entienda que una pequeña embarcación familiar del Mediterráneo no puede tratarse igual que otros modelos pesqueros que nada tienen que ver con nuestra realidad" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
4.000 millones de euros en juego: el FEMPA como palanca
En el plano financiero, el Consejo ha planteado elevar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) hasta los 4.000 millones de euros. Una cifra ambiciosa, aunque Barrachina ha advertido que el dinero debe llegar a donde realmente importa: la renovación de la flota, el relevo generacional y la viabilidad de las cofradías. Porque de poco sirve un gran presupuesto si los fondos acaban destinados a partidas que no resuelven los problemas estructurales del sector.
Sobre la Política Pesquera Común, el comisario anunció enmiendas parciales al reglamento, aunque todavía no se conocen qué artículos se modificarán ni si recogerán peticiones clave de las comunidades mediterráneas, como el reconocimiento jurídico de la flota costera-litoral, la incorporación de la cogestión pesquera o la revisión del concepto de esfuerzo pesquero. El objetivo es mantener los avances conseguidos en materia de sostenibilidad ambiental y, al mismo tiempo, recuperar el equilibrio con los otros dos pilares, el económico y el social.
Los pescadores, en el centro de la propuesta
Barrachina fue claro sobre cómo se elaborará la respuesta que Valencia y las otras autonomías deberán enviar a Bruselas. No se hará a espaldas del sector. La voz de las cofradías, dijo, tiene que estar en la base de cualquier posición que se defienda ante la Comisión Europea. Es un compromiso que, en el fondo, refleja una tensión clásica entre la tecnocracia europea y la realidad del mar: las normas se escriben lejos de las lonjas y de las embarcaciones que madrugan para salir a faenar.
"La pesca valenciana ha hecho esfuerzos enormes. Ahora Europa tiene que hacer también su parte y adaptar las normas para que proteger el mar no signifique expulsar a los pescadores del mar" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
Lo que está en juego va más allá de cuotas y reglamentos. Desde el sector pesquero se recuerda que en el Mediterráneo faenan flotas de terceros países ajenos a estas normativas, lo que introduce una inequidad difícil de ignorar: los pescadores españoles asumen restricciones que sus competidores no aplican. La reunión del 3 de septiembre en Bruselas no resuelve ese desequilibrio de un plumazo, pero sí marca un punto de inflexión: por primera vez, cinco comunidades autónomas mediterráneas han conseguido que el comisario europeo de Pesca escuche sus propuestas con predisposición real a modificar las reglas del juego. Ahora toca convertir esa predisposición en texto normativo.