El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado recientemente el anuncio que somete a información pública el proyecto de decreto del Consell. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo fundamental regular el servicio del personal facilitador procesal, una figura crucial para asegurar la comunicación efectiva entre el sistema de justicia y las personas con discapacidad a lo largo de todas las fases de los procedimientos judiciales en la Comunitat Valenciana. Este paso representa un avance significativo hacia una justicia más inclusiva y equitativa, garantizando que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente su derecho a la tutela judicial efectiva.
La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha destacado la trascendencia de esta regulación. Según sus palabras, esta iniciativa "supondrá un avance decisivo para garantizar que todas las personas puedan comprender y participar plenamente en los procedimientos judiciales, eliminando barreras y reforzando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". Martínez también ha subrayado que la futura norma consolidará "un servicio esencial para humanizar la administración de justicia y asegurar una atención adaptada a las necesidades de las personas más vulnerables". Estas declaraciones reflejan la visión de una justicia más humana y accesible para todos los ciudadanos.
Qué es el personal facilitador procesal y su rol
El personal facilitador procesal es un profesional altamente especializado cuya misión principal es adaptar la comunicación entre el entorno judicial y aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad cognitiva. Su labor es vital para garantizar que estas personas comprendan el desarrollo de los procedimientos legales y puedan tomar decisiones informadas en cada etapa del proceso. Este servicio se ha diseñado para eliminar las barreras comunicativas y cognitivas que tradicionalmente han dificultado la participación plena de ciertos colectivos en el ámbito judicial.
El ámbito de actuación del futuro decreto abarcará todos los procedimientos judiciales que se desarrollen en órganos con sede en la Comunitat Valenciana, sin importar el orden jurisdiccional ni la fase procesal en la que se encuentren. Las funciones específicas del personal facilitador procesal incluirán:
- La evaluación exhaustiva de las necesidades de apoyo individual de cada persona con discapacidad.
- La propuesta y aplicación de ajustes razonables y medidas de accesibilidad comunicativa y cognitiva.
- La colaboración activa con jueces, fiscales, letrados, fuerzas y cuerpos de seguridad, y el resto de operadores jurídicos para asegurar que la comunicación sea siempre clara, comprensible y adaptada.
Este enfoque integral busca garantizar que la información judicial sea accesible y que las personas puedan expresarse y ser comprendidas sin obstáculos.
Proceso legislativo y calendario de implementación
El proyecto normativo, tras su publicación en el DOGV, ya se ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la emisión de su preceptivo informe. Posteriormente, la propuesta deberá recabar los informes favorables de la Dirección General de Presupuestos, la Abogacía General de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. La previsión actual del Consell contempla que el decreto podría aprobarse durante el próximo mes de octubre y, de acuerdo con el calendario establecido, entrará en vigor en enero de 2027. Este cronograma subraya el compromiso de la administración autonómica con la implementación de esta medida esencial.
Una estrategia integral para una justicia más inclusiva
Esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, orientada a construir una justicia más accesible, inclusiva y cercana a la ciudadanía. El departamento dirigido por Nuria Martínez ya ha impulsado diversas medidas complementarias para alcanzar este objetivo. Entre ellas, se encuentran la adaptación de documentos a formatos de lectura fácil, la implantación de servicios de interpretación en lengua de signos en las sedes judiciales y la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en los edificios judiciales. Todas estas acciones convergen en la meta de garantizar que el acceso a la justicia sea un derecho real y efectivo para todas las personas, sin excepción.