Casi 192.000 personas dependientes, listas de espera en atención temprana reducidas un 88%, nuevas residencias y un sistema social que, según sus responsables, nunca había alcanzado estas cifras. La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat, ha presentado ante Les Corts los presupuestos de su departamento para 2026, que ascienden a 2.731 millones de euros, un incremento de 144 millones respecto al ejercicio anterior —un 5,5% más— y la mayor inversión social registrada en la historia de la Comunitat Valenciana.
El contexto importa: estos presupuestos sociales se enmarcan dentro de un presupuesto total de la Generalitat que alcanza también cifras récord, con 33.305 millones de euros para 2026, de los que ocho de cada diez euros irán destinados a personas y al refuerzo del Estado del bienestar. En ese escenario, la Conselleria de Servicios Sociales ocupa un lugar central.
"No son unos presupuestos para una administración, sino para las personas" - Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana
Más de 1.500 millones para la dependencia: una cifra sin precedentes
Si hay una partida que define estos presupuestos, es la dedicada a la dependencia. Con más de 1.500 millones de euros, la Generalitat pretende atender a 191.626 personas dependientes, lo que supone 42.000 beneficiarios más que en 2023. El objetivo declarado para finales de 2026 es superar la barrera de las 200.000 personas atendidas, una meta que hasta hace poco habría resultado difícil de imaginar para un sistema históricamente tensionado por la demanda.
Pero la cifra tiene una cara B que Albalat no ha querido ocultar. El Gobierno central financia únicamente el 20% del sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana, una proporción que la consellera considera claramente insuficiente. Si el Estado cumpliera con su parte proporcional, el presupuesto total superaría los 3.200 millones de euros. Es decir, la brecha entre lo que aporta Madrid y lo que necesita el sistema valenciano se traduce en casi 500 millones que la Generalitat tiene que asumir por su cuenta.
"Si el Gobierno de España cumpliera con los valencianos, hoy estaríamos hablando de unos presupuestos que superarían los 3.200 millones de euros" - Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana
En este ámbito también destaca un avance con impacto directo para los enfermos más vulnerables: la Comunitat Valenciana se ha convertido en la primera autonomía en resolver el nuevo grado 3+ de dependencia, pensado para personas con enfermedades complejas como la ELA, con 83 resoluciones ya tramitadas. Las cuentas de 2026 contemplan ampliar las ayudas y recursos especializados para estos pacientes y sus familias.
Mayores, familias e infancia: crecimientos del 18% al 45%
Más allá de la dependencia, los presupuestos refuerzan de manera notable otras líneas de atención. Los programas dirigidos a personas mayores acumulan un crecimiento del 18,3% desde 2023, mientras que las partidas de familia, infancia y adolescencia superan los 112 millones de euros y han crecido más de un 45% desde el inicio de la legislatura.
Entre las medidas concretas destacan el incremento de las ayudas a la maternidad vulnerable, el refuerzo de las familias acogedoras y la triplicación del concierto social destinado a infancia y adolescencia. En atención temprana, uno de los cuellos de botella históricos del sistema, las listas de espera se han reducido un 88%, un dato que, si se sostiene, podría cambiar la vida de miles de familias que antes esperaban meses para recibir apoyo para sus hijos.
Los presupuestos contemplan también nuevas actuaciones frente a la soledad no deseada —un fenómeno que afecta especialmente a personas mayores que viven solas— y un incremento de las ayudas destinadas a enfermedades neurodegenerativas. En materia de discapacidad y salud mental, la Generalitat prevé continuar ampliando plazas y recursos especializados, impulsando infraestructuras y programas de inclusión.
De 337 a 345 residencias: la red crece
Uno de los argumentos más concretos que ha esgrimido Albalat tiene que ver con la infraestructura física del sistema. La consellera ha señalado que la red valenciana de servicios sociales llegó a perder residencias y plazas durante años, pero que hoy cuenta con 337 residencias y cerca de 29.000 plazas. En 2026, el objetivo es alcanzar las 345 residencias y más de 37.000 plazas entre residencias y centros de día. Son números que, vistos así, describen una expansión de la red que a muchas familias les resulta urgente.
Un dato llamativo en ese proceso de expansión es el llamado 'Pla Tornar', que ya ha permitido el retorno de 67 personas a la Comunitat Valenciana para vivir cerca de sus familias, con un ahorro de más de 2,8 millones de euros para las arcas públicas. La idea de que la inclusión y la eficiencia pueden ir de la mano no siempre resulta fácil de demostrar; en este caso, la cifra lo hace.
748 millones para ayuntamientos y entidades sociales
Los presupuestos no concentran todos los recursos en la administración autonómica. El contrato programa y la acción concertada ascienden hasta los 748 millones de euros, con el objetivo de garantizar estabilidad financiera y planificación a largo plazo tanto a los ayuntamientos como a las entidades sociales que forman el tejido de atención primaria en cada municipio.
En materia de inclusión social, las cuentas contemplan 288 millones destinados a la Renta Valenciana de Inclusión y 12 millones para el Programa Básico de Alimentos y Bienes de Primera Necesidad, que este año llegará a cerca de 28.000 personas. Son partidas que, en términos presupuestarios, pueden parecer modestas frente al voluminoso bloque de dependencia, pero que para quienes las reciben representan, literalmente, el acceso a lo básico.
En definitiva, estos presupuestos plantean una apuesta de fondo por un modelo de servicios sociales que crezca en cobertura, en infraestructuras y en colaboración con el territorio. El reto, como siempre ocurre con las grandes cifras, está en si la ejecución real estará a la altura de las promesas presupuestarias.