Cada vez que un contribuyente marca la casilla solidaria en su declaración de la renta, destina el 0,7% de su cuota íntegra a fines de interés social. En la Comunitat Valenciana, ese gesto colectivo se traduce ahora en 46,5 millones de euros para financiar programas sociales impulsados por entidades sin ánimo de lucro, después de que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia haya publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la nueva convocatoria de subvenciones con cargo al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Un salto de casi 10 millones respecto al año anterior
La cifra no es menor. Respecto a la convocatoria anterior, la dotación crece en cerca de 10 millones de euros, un incremento que refleja la distribución aprobada para el territorio valenciano por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Ese reparto se aprueba aplicando criterios objetivos que tienen en cuenta tanto el tamaño y las características de la población como la situación socioeconómica de cada territorio , incluyendo variables como la tasa de pobreza o exclusión social. Para entender la magnitud del avance, basta con mirar atrás: en 2021, el crédito asignado a la Comunitat Valenciana por esta misma vía fue de apenas 21,3 millones de euros . En apenas cuatro años, la partida se ha más que duplicado.
La convocatoria anterior, correspondiente al ejercicio 2025, ya dio una idea de la capacidad de transformación de estos fondos: permitió subvencionar 948 programas sociales y actuaciones de inversión impulsados por 225 entidades, con una financiación superior a 38,7 millones de euros. De ese total, 36,6 millones fueron a parar al desarrollo de programas de intervención social, y 2,1 millones a obras y equipamientos. Entre los proyectos financiados figuraron iniciativas de atención terapéutica para personas con discapacidad, apoyo psicosocial a menores enfermos y sus familias, recursos de acogida para personas sin hogar o programas de apoyo a madres en situación de exclusión social.
Quién se beneficia y de qué
El abanico de colectivos que pueden verse beneficiados por esta convocatoria es amplio. La finalidad es financiar programas destinados a cubrir las necesidades específicas de asistencia social de personas en situación de pobreza, exclusión social o situaciones de especial vulnerabilidad . Más en concreto, las subvenciones abarcan actuaciones dirigidas a la infancia y la adolescencia, personas jóvenes, mayores, familias, personas con discapacidad, quienes padecen problemas de salud mental o adicciones, personas sin hogar y víctimas de violencia sobre la mujer. A eso se suman programas de inclusión social, emergencia social, igualdad entre mujeres y hombres, voluntariado, desarrollo comunitario y fortalecimiento del propio tejido asociativo.
Una de las novedades más destacadas es la línea específica dedicada al tejido social de base: una modalidad orientada a programas con cuantías de entre 7.000 y 10.000 euros, especialmente diseñada para apoyar a entidades de los ejes de mayores, familias, inclusión social y personas con discapacidad . La medida responde a un diagnóstico conocido: las grandes organizaciones captan la mayor parte de las subvenciones disponibles, mientras que las entidades locales de menor tamaño, especialmente las que operan en municipios rurales o en riesgo de despoblación, quedan a menudo fuera de juego. Esta convocatoria trata de corregir ese desequilibrio.
Además, continúa la posibilidad de financiar inversiones en equipamiento y obras de construcción, reforma o rehabilitación de centros sociales, con tres modalidades diferenciadas según el presupuesto de la actuación: obras iguales o superiores a 400.000 euros, entre 40.000 y 400.000 euros, e inferiores a 40.000 euros. Una forma de ampliar la capacidad asistencial de las entidades más allá de los programas de atención directa.
Quién puede pedir estas ayudas y cómo
Podrán acceder a estas subvenciones las entidades del tercer sector de acción social definidas en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del tercer sector de acción social, así como las entidades u organizaciones no gubernamentales , siempre que cuenten con sede o delegación permanente en la Comunitat Valenciana y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Quedan expresamente excluidas, entre otras, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las sociedades mercantiles.
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOGV. La solicitud telemática está accesible exclusivamente en la sede electrónica de la Generalitat , sin posibilidad de tramitación en papel. Un requisito que, si bien agiliza la gestión, puede suponer una barrera para las entidades de menor capacidad administrativa, precisamente las que esta convocatoria dice querer reforzar.
En un contexto en el que la demanda de servicios sociales no da tregua y el tercer sector asume una parte creciente de la respuesta institucional, los 46,5 millones del 0,7% del IRPF representan mucho más que una partida presupuestaria: son el sostén financiero de cientos de proyectos que cada día acercan apoyo a quienes más lo necesitan en toda la geografía valenciana.