Una ley que nació en 1993, cuando el debate sobre el cambio climático apenas asomaba en la agenda política, lleva más de tres décadas regulando los bosques y montes de la Comunitat Valenciana. Ese marco normativo, la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, está a punto de ser sustituido. El Consell ha acordado manifestar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de nueva Ley Forestal, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, y lo ha hecho por el procedimiento de urgencia.
Una normativa que ha sobrevivido a tres décadas de parches
La legislación vigente ha sido modificada en múltiples ocasiones a lo largo de los años para adaptarse a nueva normativa básica estatal, a los efectos del cambio climático y a las presiones del abandono rural. Veinticuatro años después de su aprobación, ya era necesario reconsiderar el contexto en el que se desarrollaba esta ley, teniendo en cuenta nuevos escenarios sociales y climatológicos: la situación de cambio climático, con variaciones de temperatura y episodios de sequía y lluvias cada vez más extremos, así como la grave situación de abandono de terreno agrario y despoblación rural. Desde entonces, el problema no ha hecho sino agravarse. La nueva propuesta no es una reforma parcial más, sino una renovación integral que busca superar de una vez la dispersión normativa acumulada y simplificar un marco jurídico que, con el paso del tiempo, se había vuelto difícil de aplicar.
Menos papeles para talar un árbol en tu propio terreno
Uno de los cambios más tangibles para el ciudadano de a pie es la reducción de trámites administrativos para los propietarios de parcelas forestales privadas. Hasta ahora, realizar una tala selectiva en un terreno propio requería obtener un permiso expreso de la administración. Con la nueva ley, bastará con presentar una declaración responsable; y en el caso de labores menores, como la recogida de leña, se suprime cualquier tipo de trámite. Es la diferencia entre llamar a la puerta de un organismo público y, simplemente, coger el hacha.
El ejemplo del corcho es igualmente revelador. Hoy en día, un propietario que quiera aprovechar el corcho de su parcela debe redactar un Plan Técnico de Gestión Forestal Simplificado, un documento técnico que implica tiempo y costes. Con la nueva norma, ese aprovechamiento podrá ser autorizado sin necesidad de elaborar plan alguno. Una diferencia que, para muchos pequeños propietarios rurales, puede ser decisiva entre gestionar su monte o abandonarlo a su suerte.
Pagar por cuidar el bosque: el modelo de servicios ambientales
Quizás la apuesta más ambiciosa —y también la más innovadora— de la propuesta es la implantación de un sistema de compensación económica para propietarios privados que realicen labores de mantenimiento y gestión forestal sostenible. La iniciativa incorpora un sistema de pago por servicios ambientales con el que compensar a los propietarios forestales que desarrollen labores de conservación y gestión sostenible en sus terrenos, impulsando la denominada certificación forestal para verificar beneficios ambientales generados como la captura de carbono, la regulación del ciclo del agua, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo o la prevención de incendios forestales.
La lógica detrás de este enfoque es sencilla pero poderosa: quien cuida un bosque no solo obtiene un beneficio privado, sino que presta un servicio al conjunto de la sociedad. Que ese servicio no tenga precio ha sido durante décadas uno de los factores que ha desincentivado la gestión forestal activa. La nueva ley aspira a corregir precisamente esa anomalía.
Los ganaderos y los ayuntamientos, piezas clave del nuevo modelo
La propuesta también consolida expresamente el papel de la ganadería extensiva en el mantenimiento del territorio forestal, un reconocimiento que ya se había materializado en ayudas a ganaderos que contribuyesen a mantener áreas como los cortafuegos. La idea es clara: el ganado que pasta en zonas de monte no es solo una actividad económica tradicional, es también una herramienta de prevención de incendios.
Por otro lado, la iniciativa refuerza el protagonismo de los municipios. Los ayuntamientos podrán impulsar directamente actuaciones de gestión forestal sostenible y de prevención de incendios en sus propios términos municipales, sin depender exclusivamente de la administración autonómica. La colaboración público-privada también gana espacio: empresas y organizaciones podrán participar en la financiación de actuaciones forestales a través de proyectos de responsabilidad social corporativa y de valorización de los servicios ecosistémicos.
Una tramitación parlamentaria que arranca con respaldo del Gobierno
La proposición fue admitida a trámite por la Mesa de Les Corts Valencianes el 22 de septiembre, y su tramitación se acordó por el procedimiento de urgencia. Con el visto bueno formal del Consell, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular tiene ahora el viento de cola institucional para continuar su recorrido parlamentario.
Treinta años es mucho tiempo en cualquier sector, pero especialmente en la gestión forestal: el territorio ha cambiado, el clima ha cambiado y la sociedad exige respuestas distintas. La nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana no es solo una actualización técnica; es, en el fondo, una apuesta por reconocer que los montes tienen dueños, que esos dueños tienen responsabilidades, y que la sociedad, en conjunto, debería estar dispuesta a retribuir a quienes los cuidan.