La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Comunitat Valenciana ha anunciado una drástica decisión que impactará en la enseñanza de idiomas de la región: el abandono del programa de auxiliares de conversación. Esta medida, comunicada por su titular, Carmen Ortí, se debe a lo que la administración autonómica califica como "trabas administrativas" y una "falta de coordinación" por parte del Gobierno central. Según Ortí, esta situación "genera graves dificultades organizativas en los centros educativos de la Comunitat Valenciana", poniendo en jaque la continuidad de un recurso pedagógico fundamental.
La consellera ha expresado su profunda preocupación por la "descoordinación flagrante" entre los ministerios de Trabajo y Educación, así como por una "actuación arbitraria" de la Inspección de Trabajo. Esta última ha realizado inspecciones laborales exclusivamente sobre los auxiliares financiados por las comunidades autónomas, mientras que ha excluido de estas revisiones a aquellos que dependen directamente del cupo estatal, creando una disparidad inaceptable.
El programa de auxiliares de conversación y su estructura
El programa de auxiliares de conversación es una iniciativa clave en la promoción del plurilingüismo, liderado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se enmarca dentro de la acción educativa exterior de España y se articula a través de convenios bilaterales con diversas naciones. Su funcionamiento se basa en un principio de reciprocidad, facilitando tanto la movilidad de auxiliares españoles a otros países como la llegada de profesionales internacionales a España, todos ellos bajo un visado de estudiante.
En el caso específico de la Comunitat Valenciana, la financiación destinada a estos auxiliares ha sido siempre clara y limitada. Contempla exclusivamente una ayuda mensual de 1.000 euros, destinada a cubrir gastos de manutención y alojamiento. Adicionalmente, se les proporciona cobertura sanitaria —en los casos en que no dispongan de tarjeta sanitaria europea— y un seguro de responsabilidad civil y repatriación, garantizando su bienestar durante su estancia.
El conflicto financiero: 19 millones de euros en juego
La Conselleria ha insistido en que ha cumplido rigurosamente con todas las condiciones estipuladas en los convenios, los cuales, según su interpretación, no incluyen la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Sin embargo, la Inspección de Trabajo ha adoptado una postura diferente, emitiendo tres actas de liquidación que suman un total de 3,7 millones de euros en cotizaciones. Estas liquidaciones se remontan a abril de 2021 y se basan en la consideración de los auxiliares como personal laboral, una calificación que la Generalitat rechaza.
A esta cuantiosa reclamación se suma una sanción aún mayor. Se ha impuesto una multa de 7.501 euros por cada auxiliar extracomunitario que, según la Inspección, carecía de permiso de trabajo. Esta medida ha elevado el importe total de las multas a la alarmante cifra de 15 millones de euros, lo que agrava significativamente la situación financiera de la Conselleria.
Las denuncias de Carmen Ortí y la incoherencia legal
Ante este escenario, la consellera Ortí ha calificado de "inaudito" que la Generalitat Valenciana se vea obligada a afrontar una suma cercana a los 19 millones de euros. Esta cantidad, según ha recalcado, se deriva de la aplicación de un programa cuyos términos fueron fijados por el propio Ministerio de Educación. Ortí ha lamentado que estos fondos, que podrían destinarse a mejoras educativas cruciales para la Comunitat Valenciana, deban ahora cubrir sanciones que, a su juicio, son consecuencia directa de la actuación del Ejecutivo central.
La consellera también ha puesto en tela de juicio la exclusividad de la responsabilidad que recae sobre la Administración autonómica. Ha argumentado que la selección de los auxiliares y la determinación de sus nacionalidades son competencias que corresponden al Ministerio, lo que hace injusto que las consecuencias económicas recaigan únicamente sobre la Generalitat.
Además, la máxima responsable de la administración educativa valenciana ha señalado una clara incoherencia en la consideración de estos auxiliares como personal laboral. Ha recordado que la normativa vigente en España reserva la función docente al personal funcionario. Esta disposición, en su opinión, excluye la aplicación de la legislación laboral ordinaria a los auxiliares de conversación, ya que su rol es de apoyo lingüístico y cultural, no de docencia principal.
Precedentes y futuro incierto del programa
Ortí ha traído a colación un caso similar ocurrido recientemente en Andalucía, donde el Ministerio de Educación se comprometió a buscar una solución que, hasta la fecha, no se ha materializado. Esta falta de respuesta genera una gran incertidumbre y desconfianza en la Comunitat Valenciana. A esta situación se añade la preocupante ausencia de publicación de la convocatoria del programa para el curso 2026-2027, que en años anteriores solía difundirse a principios de febrero, lo que augura un futuro incierto para la iniciativa.
El abandono de este programa representa un duro golpe para los centros educativos valencianos que dependen de la presencia de estos auxiliares para reforzar la enseñanza de idiomas y la inmersión cultural. La Conselleria busca ahora alternativas para mitigar el impacto de esta decisión forzada por la falta de entendimiento y coordinación interadministrativa.