Fomentar el empleo y el mercado de trabajo, a luchar por la inclusión social y contra la pobreza, impulsar la educación y la formación, así como la innovación social. Estos son los objetivos que persigue el programa Fondo Social Europeo 2021-2027 (FSE+) para conseguir una Europa más social y al que se ha acogido la Generalitat Valenciana.
Así, este paquete de ayudas tiene una inversión total de 570 millones de euros de los que el 40 % son aportados por la Generalitat (226,73 millones); mientras que el 60 % restante lo financiará la Unión Europea (343,20 millones de euros). Así, este programa permitirá que el gobierno autonómico lleve a cabo acciones para mejorar los derechos sociales en la Comunitat Valenciana hasta el año 2027.
El nuevo programa FSE+ “supone poner en valor el pilar europeo de derechos sociales, que es probablemente el principal hito de la Europa social”, ha destacado Andreu Iranzo, director general de Fondos Europeos. Además, ha explicado que la Generalitat empleará este instrumento europeo para "invertir en la ciudadanía, con el objetivo de conseguir que las personas puedan gozar de la oportunidad de encontrar un trabajo, mejorar la capacitación de los trabajadores, la competitividad de las empresas, así como favorecer la inserción social”.
Inversiones en empleo, juventud e inclusión social
El empleo va a ser una prioridad esencial dentro del programa de inversiones del FSE, ya que se van a destinar un total de 114 millones de euros a mejoras en el mercado laboral. De ellos, 68 millones se dirigirán a facilitar el acceso al empleo de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Además, también se va a mejorar el servicio público de empleo para que se adapte a las necesidades tanto de la ciudadanía como de las empresas.
La educación será otro de los ámbitos clave en el FSE y se va a centrar primordialmente en disminuir, a través de la inversión de 69 millones de euros, el número de personas jóvenes que ni estudia ni trabaja, conocidos como ninis. Así, se mejorará la calidad de la educación adaptándola a las exigencias del mercado laboral actual.
También se va a invertir en inclusión social y en aumentar las prestaciones para reducir el número de ciudadanos que se encuentren en situación de pobreza y exclusión social. Respecto al empleo juvenil, tiene un gasto programado de 142 millones y una ayuda programada de 85 millones, con el fin de mejorar el acceso al mercado de empleo, mediante la contratación de personas jóvenes por empresas y por entidades locales, así como la realización de talleres de empleo para jóvenes.
En cuanto a la prioridad centrada en la innovación social, cuenta con un gasto programado de 3,4 millones y una ayuda programada de 3,2 millones para mejorar el acceso al mercado de trabajo mediante prácticas formativas en países europeos (la iniciativa ALMA).
Por último, la quinta prioridad se dirige a la garantía infantil, para lo que incluye un gasto programado de 30 millones y una ayuda programada de 18 millones, con el objetivo de promover la integración socioeconómica de las comunidades marginadas como la población romaní, así como de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidas las personas más desfavorecidas y la población infantil.