Fiscalía abre diligencias sobre la selección de la Jefatura de RRHH de Divalterra denunciada por el PP

Fiscalía ha incoado diligencias para investigar presuntas irregularidades en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, tras la denuncia que presentó el grupo 'popular' en la corporación provincial, según ha informado esta formación en un comunicado.Los hechos que el PP puso en conocimiento del ministerio público "describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección, que indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación".Según sostiene el PP, en el transcurso de ese proceso "se detectaron situaciones en las que los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Ramiro Rivera"."Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo. Las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del Consejo de Administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera", señala el PP, que recuerda que este último acaba de ser detenido en la segunda fase del caso Azud y que sigue sin ser cesado de su cargo.En esta línea, señala que, "en ningún momento", se atendió ni valoró la contestación que el tribunal de selección emitió al candidato que quedó en segundo lugar desestimando sus alegaciones. Los miembros del tribunal se han reafirmado en que el proceso de selección fue transparente y con todas las garantías legales por lo que si el candidato que alegó tenía dudas debía acudir al órgano jurisdiccional correspondiente.En esta línea, el PP señala que los intentos "repetidos" de sacar adelante en el Consejo de Administración los informes del jefe de los servicios jurídicos "poniendo en duda lo que ninguno de los candidatos impugnó en su momento, como la composición del tribunal y la confección de las bases, no tuvieron éxito", unas actuaciones que "solo revelaron el especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos".Finalmente derivaron en una fractura dentro del Consejo de Administracion y en una situación "de incertidumbre" entre los responsables de la empresa pública.