Expertas del ámbito jurídico advierten que regular la prostitución como si fuera una actividad más supondría "favorecer la esclavitud" y al "lobby proxeneta", al tiempo que piden introducir cambios educativos y legislativos para acabar con esta realidad.
Las denuncias de varias mujeres que ejercen la prostitución contra el hombre detenido por la desaparición de Marta Calvo --contando cómo tuvieron que someterse a la práctica conocida como 'fiesta blanca', en la que se mezcla sexo y drogas-- han puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de este colectivo, que "día a día se enfrenta a la muerte", ha aseverado a Europa Press la fiscal valenciana contra los delitos de Odio y especializada en violencia de género Susana Gisbert.
La representante del ministerio público ha sido rotunda al afirmar que "no se puede regular lo que no es otra cosa que una forma de esclavitud". "Si hay una demanda es porque hay un montón de personas que piensan que utilizar el cuerpo de una mujer no está mal. Y ese es el verdadero problema", afirma.
En términos similares se pronuncia la magistrada María Gavilán Rubio, quien echa en falta "una prevención adecuada y una sensibilización en valores de respeto y cosas tan básicas como la dignidad humana y no querer aprovecharte de la vulnerabilidad humana". "Se está comprando vulnerabilidad", incide e insiste en que a estas mujeres "hay que darles una salida".
La jueza --que recuerda que el 71% de las víctimas de trata son mujeres, una cifra que se eleva al 95% de mujeres y niñas si hablamos de fines de explotación sexual-- manifiesta que el consentimiento, cuando lo hay, está "viciado" ya que "la mayor parte de las prostitutas entran en ese contexto siendo pobres y salen siendo pobres y la mayoría enfermas". "Además, suelen tener tan interiorizada la violencia que creen que es lo normal", apunta la experta, que califica la prostitución como "una forma de violencia sobre la mujer".
¿Y cuál es la situación legal de la prostitución en España? De "alegalidad", responde Gisbert. Ejercer la prostitución no es punible como delito, pero el hecho de que no lo sea "no quiere decir que sea una actividad legal, porque si así fuera, estaría regulada como otro trabajo. Y no es el caso", explica.
Así, estas mujeres se encuentran en una situación de "indefensión": "Venimos de una sociedad donde hasta el año 1989, los delitos contra la libertad sexual no eran delitos en sí, sino delitos contra la honestidad. Esto quería decir que como el bien jurídico protegido era la honestidad, quien no se consideraba una persona honesta no gozaba de esa protección del tipo penal". Es el caso de las mujeres que ejercían la prostitución.
Gisbert ha indicado que "una mujer que se pone en una situación de riesgo, en la que además no es socialmente vista como una víctima, sino que se la culpabiliza, está sometida a una situación de desamparo total. Y si a esto se suma que hay algunas mujeres en situación irregular como extranjeras, su situación se agrava".
Es por ello, ha dicho la fiscal, que existe la figura del proxeneta o el 'chulo', porque estas mujeres "necesitan una protección casi para elegir entre susto o muerte". Pero esta "protección", ha continuado, está "envenenada" porque "es a cambio de un coste muy alto". "Además, se está protegiendo un producto que cuando no sirve, se deshecha. No se está protegiendo a una persona", ha lamentado.
En este punto, la magistrada Gavilán apostilla que en nuestro país el proxenetismo está considerado un delito pero cuando se da la circunstancia de explotación. En su opinión, sería más conveniente prohibir el proxenetismo "en todas sus formas" para que nadie pueda obtener un beneficio económico.
"CASTIGAR A QUIEN COMPRA VULNERABILIDAD"
Las especialistas aluden también a la posibilidad de castigar al 'cliente', al 'putero', como sucede en otros estados como Francia, donde imponen multas a quien contrate servicio sexuales, y Suecia, país en el que pagar por sexo se castiga hasta con un año de cárcel. "La experiencia ha demostrado, como en Alemania, que la regulación favorece al lobby proxeneta", resalta Gavilán.En este punto, lanzan la siguiente cuestión: "¿Recomendaría a una hija suya que eligiera la prostitución como un trabajo?; ¿alguien buscaría esto como un empleo?. Si los esclavos tuvieran seguridad social, ¿estarían más defendidos?". "La respuesta es no. La esclavitud no puede existir y la prostitución, como una forma de esclavitud, que es lo que es, tampoco", opina Gisbert.
El "problema" también es la educación. "Si la educación falla, el Estado tendría que actuar de alguna manera sobre la demanda, no tanto sobre la oferta", ha abogado. "Existen ONG y asociaciones que ayudan a prostitutas pero no hay una estructura estatal para proteger a estas mujeres", ha puesto de manifiesto.
Además, la fiscal ha hecho referencia a la relación que existe entre corrupción y clubes de alterne. "Si echamos un vistazo a cualquier asunto de corrupción, siempre acaban haciendo ingresos y salidas de dinero en clubes de alterne. Esto quiere decir que los clubes están siendo vistos por determinados sectores como adecuados para cerrar tratos o celebrar cosas. Esto nos debería hacer pensar mucho, es relación directa entre corrupción y prostitución".
"Tampoco podemos olvidar la relación estrechísima que hay entre trata y prostitución. Mucha gente no quiere verlo y contrata servicios de prostituta sin querer pensar que en un porcentaje altísimo de casos ha sido una mujer engañada, forzada y en situación de esclavitud debiendo cantidades enormes a las mafias", ha dicho.
Junto a ello, Gisbert ha afirmado que hay un "problema estructural evidente": "La prostitución como actividad económica computa a la hora de las estadísticas sobre el PIB y esto es algo que no se podría consentir. Pero ir contra las grandes estructuras es mucho más que lo que hizo Don Quijote con los molinos. Hay que ir a por los que están arriba, los que comercializan, ya que el final de la pirámide son las prostitutas que no son sujetos activos, si no víctimas", ha abogado.