El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha explicado este jueves que la declaración como causa compleja de la causa abierta por las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido en 2008 por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios al PSPV, se debe a que se pidieron unos certificados al anterior gobierno de Mariano Rajoy que "no han llegado" y al llegar a los seis meses de instrucción se ha tenido que dar este paso.
"El PP hizo una ley rarísima para poderse cargar todos los casos de corrupción que solo da seis meses para la instrucción", ha explicado el socialista, que ha agregado que la única alternativa al no llegar estos certificados era declarar la causa compleja para que la instrucción sea de 18 meses.
Asimismo, ha recordado que la causa sobre el contrato de publicidad del Ministerio de Sanidad a Crespo Gomar ya ha sido archivada en otro juzgado de Madrid, y en ella "había alguna militante del PSPV", pero en este caso de Vivienda no conocen "a nadie, ni son del PSPV". "Está imputada una subsecretaria de Cospedal", ha indicado, pero "no hay nadie del PSPV", ha reiterado.
Mata se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en Les Corts tras conocerse que la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, ha declarado compleja la causa abierta por ese contrato de publicidad concedido en 2008 por el Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar, acordando ampliar la instrucción hasta 18 meses más.
Se trata de una causa en la que se encuentra investigada parte del equipo de la exministra Beatriz Corredor, como el que fuera jefe de Gabinete, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el exsubsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer. También están imputados la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud --destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor-- y Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia y responsable de la agencia de comunicación.
La juez les investiga la presunta comisión de los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por el importe 126.208 euros y conforme al artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim), la Fiscalía solicitó el pasado 6 de agosto que la causa se declarase compleja y, por tanto, se ampliase el plazo de instrucción un máximo de 18 meses más.
La juez abrió esta investigación después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a su favor por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Paralelamente, otro juzgado madrileño incoó diligencias por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros --en la que se investigó a Etelvina Andreu, directora general de Consumo en 2008 y un año antes había sido candidata a la Alcaldía de Alicante--, que finalmente se archivó a principios de julio.