El trasvase Tajo-Segura lleva décadas en el centro de uno de los debates más espinosos de la política española: el agua. Quién la tiene, quién la necesita y quién decide cómo se reparte. Este miércoles, en el VIII Congreso Nacional del Agua celebrado en Elche, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, puso sobre la mesa una contradicción que, según él, resulta difícil de justificar: España financia trasvases en Marruecos y envía miles de hectómetros cúbicos a Portugal, mientras recorta el agua que riega los campos del sureste peninsular.
Una acusación con cifras concretas
Pérez Llorca no fue vago en sus críticas. Con datos sobre la mesa, denunció que el Gobierno envía a Portugal 6.000 hectómetros cúbicos de agua, un volumen que, según subrayó, "el país vecino ni necesita, ni siquiera ha pedido". Al mismo tiempo, el Ejecutivo central apoya económicamente la construcción de trasvases en Marruecos, una infraestructura del mismo tipo que la que ahora quiere reducir en España.
"Es un sinsentido enviar a Portugal 6.000 hectómetros cúbicos que el país vecino ni necesita, ni siquiera ha pedido o apoyar financieramente a Marruecos para la construcción de trasvases como el que aquí se quiere destruir" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
La comparación no es retórica: el president valenciano busca evidenciar lo que considera una doble vara de medir por parte del Gobierno en materia hídrica. Y lo hace en un momento especialmente delicado. El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que, según las propuestas conocidas, podrían reducir las derivaciones de agua de una media de 320 hectómetros cúbicos anuales a apenas 193, lo que supondría un recorte de hasta el 40% para 2027.
El peso económico del trasvase
Para Pérez Llorca, el trasvase Tajo-Segura no es un capricho regional ni un privilegio territorial. Es, ante todo, un motor económico de primer orden para el sureste español. El valor económico de la producción agrícola de la zona supera los 403 millones de euros anuales, a los que hay que sumar casi 500 millones más en actividad comercial y otros 115 millones procedentes de la transformación agroalimentaria. Una cadena de valor que se rompería sin el agua que llega desde la cabecera del Tajo.
Pero más allá del dinero, el president destacó una dimensión medioambiental que suele quedar en segundo plano en este debate: los cultivos irrigados gracias al trasvase absorben alrededor de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año y actúan como barreras naturales contra los incendios forestales y la desertificación. En un país que lleva décadas luchando contra ambos fenómenos, el argumento tiene peso.
Lo que más indigna al jefe del Consell, según sus propias palabras, es la ausencia de respaldo técnico en las decisiones que recortan el trasvase. Las nuevas reglas de explotación se estarían aplicando "sin un solo informe técnico que avale ese recorte, anteponiendo la creencia a la ciencia", advirtió. Los cambios más significativos afectan tanto al nivel 2 —de normalidad hidrológica— como al nivel 3 —de excepcionalidad—, con reducciones escalonadas de los flujos hasta 2027.
La Comunitat Valenciana, eficiente pero sola
Pérez Llorca reconoció los esfuerzos propios antes de reclamar los ajenos. La Comunitat Valenciana, afirmó, es "una de las más eficientes del mundo en el uso responsable del agua". El Consell ha apostado por la modernización de regadíos, la reutilización de aguas depuradas, la digitalización de las redes hidráulicas y la incorporación de nuevas tecnologías para producir más con menos recursos. Un modelo que, sobre el papel, debería ser el ejemplo a seguir en una España cada vez más expuesta a la sequía.
El problema, según el president, es que ese esfuerzo inversor no se ve correspondido por el Gobierno central. Las obras contra inundaciones en la Vega Baja son quizás el ejemplo más llamativo: la Generalitat ha ejecutado ya el 72% del plan mientras que el Gobierno apenas ha completado el 5%. Una asimetría que resulta especialmente sensible después de la dana de octubre de 2024, que dejó una huella devastadora en buena parte del territorio valenciano. Tampoco avanzan proyectos pendientes como la reparación del Embalse de San Diego o el llamado Proyecto Vertido Cero para la Bahía de Alicante.
Una política hídrica sin confrontación
A pesar del tono combativo de su discurso, Pérez Llorca cerró su intervención en el congreso ilicitano con un llamamiento a la cooperación. Pidió construir "entre todos, una política hídrica nacional, solidaria y equilibrada, basada en la cooperación entre territorios", y reclamó que el agua deje de ser utilizada como "un instrumento de confrontación política". Una aspiración que, vista la historia reciente del Tajo-Segura, sonó tan necesaria como difícil de alcanzar.
El debate sobre el trasvase, que ya lleva casi medio siglo abierto desde que la infraestructura se puso en marcha en los años 70, vuelve a estar más vivo que nunca. Las nuevas reglas de explotación propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica han suscitado las críticas de Murcia y la Comunitat Valenciana, mientras que la Generalitat Valenciana ha acusado al Gobierno de aplicar un "castigo" al cambiar las reglas sin consenso. Con miles de empleos agrícolas en juego y una España que necesita gestionar el agua con más inteligencia que nunca, la disputa está lejos de resolverse en un congreso, por muy nacional que sea.