Un edificio judicial estrenado hace apenas un año, con una inversión de más de 22 millones de euros y presentado como la mayor apuesta en infraestructura judicial de la historia de Gandia, lleva meses sufriendo filtraciones de agua cada vez que llueve. La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana ha perdido la paciencia y ha reclamado formalmente al Ayuntamiento de Gandia que repare de una vez las deficiencias que acumula el nuevo Palacio de Justicia de la ciudad.
Una obra delegada, una responsabilidad sin resolver
El origen del problema hay que buscarlo en septiembre de 2018, cuando la Generalitat Valenciana delegó en el Ayuntamiento de Gandia la competencia para ejecutar la construcción del nuevo edificio judicial. El propio alcalde de Gandia calificó en su día esta fórmula como "un ejemplo de colaboración entre administraciones", ya que el consistorio asumió "todo el expediente de licitación, contratación y la ejecución de las obras". Ahora, sin embargo, esa misma responsabilidad se ha convertido en el centro de una disputa institucional.
El nuevo Palacio de Justicia de Gandía cuenta con cinco plantas y una superficie total de 16.500 metros cuadrados, y alberga los 11 juzgados del partido judicial en unas instalaciones concebidas como funcionales, accesibles y energéticamente eficientes. Un proyecto ambicioso que, sobre el papel, debía marcar un antes y un después para profesionales y ciudadanos que acuden a los tribunales. En la práctica, las goteras han terminado convirtiéndose en el símbolo más incómodo del edificio.
El Ayuntamiento de Gandia formalizó el acta de recepción de la obra en septiembre de 2024, momento a partir del cual comenzó a correr un plazo de garantía de cuatro años —que se extiende, por tanto, hasta septiembre de 2028— durante el cual el consistorio es el responsable directo de subsanar cualquier deficiencia.
Siete avisos de filtraciones en menos de un año
Lo que vino a continuación fue una sucesión de incidencias que la Conselleria de Justicia fue notificando puntualmente al Ayuntamiento, sin que el problema quedara resuelto. Al mes siguiente de firmarse la recepción de obra, en octubre de 2024, ya se detectó la primera entrada de agua por lluvia. Desde entonces, el mismo problema se ha repetido al menos seis veces más: en mayo de 2025, octubre de 2025, enero de 2026, marzo de 2026 y abril de 2026.
No se trata de una simple humedad puntual. Las filtraciones se producen de forma recurrente tras cada episodio de lluvia, lo que, en una ciudad mediterránea como Gandia —donde las precipitaciones intensas y las gotas fría son una realidad estacional—, convierte el problema en una amenaza constante para las instalaciones y los expedientes judiciales que en ellas se custodian.
"Pese a los reiterados requerimientos efectuados para su corrección, estas incidencias persisten, comprometiendo la adecuada conservación de las instalaciones y resultando especialmente preocupantes ante la previsión de nuevos episodios meteorológicos en los próximos meses" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
La consellera escribe al alcalde: "Deber institucional"
La titular de Justicia, Nuria Martínez, ha dirigido un escrito personal al alcalde de Gandia en el que expresa su preocupación ante lo que describe como una "inacción" del consistorio frente a los problemas del edificio. En la carta, la consellera recuerda que la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales ha trasladado al Ayuntamiento numerosas incidencias desde el mismo momento en que se abrió la nueva sede, sin que se hayan obtenido soluciones efectivas.
Junto a las filtraciones —que son las más graves—, el escrito menciona otras deficiencias que afectan al funcionamiento ordinario del edificio y a la prestación del servicio público de justicia, aunque sin especificarlas en detalle. Lo que sí deja claro la consellera es que el conjunto de los problemas está teniendo un impacto directo en el día a día del Palacio de Justicia.
"Atendiendo al interés general y a su deber institucional, dé cumplida respuesta a los requerimientos de la conselleria y, como responsable de la ejecución de la obra, subsane las deficiencias de esta" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Un pulso entre administraciones con los juzgados de fondo
El trasfondo de esta disputa va más allá de unas goteras. Lo que está en juego es la calidad del servicio público de justicia que reciben los ciudadanos del partido judicial de Gandía —uno de los más poblados de La Safor—, así como las condiciones de trabajo de jueces, funcionarios y abogados que operan a diario en ese edificio. El edificio fue diseñado para disponer de zonas seguras que complementan las áreas destinadas a violencia sobre la mujer, así como otros servicios como la oficina de atención a las víctimas del delito. Que una infraestructura de esa sensibilidad social sufra filtraciones reiteradas sin una respuesta municipal a la altura resulta, cuanto menos, paradójico.
La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento de Gandia. La Conselleria ha dejado constancia por escrito de su malestar y ha fijado el perímetro de la responsabilidad: quien contrató y ejecutó la obra tiene la obligación de garantizar su correcto estado durante el plazo de garantía. Con cuatro años de margen sobre el papel, pero con las lluvias del otoño ya a la vuelta de la esquina, el tiempo corre en contra de quienes trabajan y acuden a una sede judicial que todavía no ha logrado mantenerse seca.