Un juzgado que trabaja al 300% de su capacidad no es una anécdota: es el retrato de una justicia que hace tiempo que corre a contrarreloj. En la Comunitat Valenciana, esa realidad acaba de agravarse. El Ministerio de Justicia ha denegado la autorización económica para prorrogar 18 de las aproximadamente 30 medidas de refuerzo en órganos judiciales valencianos que contaban con informe favorable de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión ha desatado una reacción en cadena: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya ha pedido que se reconsidere, y la Conselleria de Justicia se ha sumado con contundencia a esa exigencia.
El TSJCV alerta de consecuencias "negativas"
La Sala de Gobierno del TSJCV no ha tardado en valorar el alcance del recorte. En su acuerdo, advierte de las "negativas consecuencias" que tendrá la supresión de estos apoyos, especialmente en las plazas especializadas en condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias —materia especialmente sensible para miles de familias que litigan contra entidades bancarias— y en otros tribunales de instancia y audiencias provinciales de la región.
La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha respaldado sin matices el acuerdo del TSJCV. Y no es la primera vez que lanza esta advertencia. En meses anteriores ya había subrayado la urgencia de reforzar los juzgados valencianos, señalando que "los valencianos no pueden esperar más" ante una carga de trabajo que en algunos casos alcanza el 300%. El nuevo veto del Ministerio llega, precisamente, cuando esa presión lejos de remitir sigue creciendo.
"La Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico. Compartimos plenamente la preocupación expresada por la Sala de Gobierno del TSJCV y consideramos imprescindible que el Ministerio reconsidere esta decisión para evitar un aumento de los tiempos de respuesta y un mayor colapso en órganos judiciales que ya trabajan con una elevada carga de asuntos" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Dieciocho refuerzos bloqueados con aval del CGPJ
Lo que hace especialmente llamativa esta decisión es que la mayoría de las medidas denegadas llegaban al Ministerio con un aval explícito: el informe favorable de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el propio órgano de gobierno de los jueces había certificado su necesidad. Que el Ministerio haya rechazado financiarlas pone en evidencia una contradicción que la Conselleria no ha dejado de señalar.
Los datos de fondo son elocuentes: durante 2024, los juzgados valencianos registraron 831.849 nuevos asuntos, un 10,2% más que en 2023, lo que llevó al presidente del TSJCV, Manuel Baeza, a reclamar la necesidad de acometer reformas estructurales acompañadas de una dotación presupuestaria suficiente. En ese contexto, la retirada de refuerzos no es un ajuste técnico: es un paso atrás en un sistema que ya tiene el marcador en rojo.
Ciudadanos en el centro del problema
Más allá de la disputa institucional entre administraciones, hay una consecuencia muy concreta para quien acude a un juzgado buscando una respuesta: los plazos se alargarán. Nuria Martínez ha sido clara al respecto: la continuidad de estos refuerzos no solo beneficia a jueces y funcionarios, sino que constituye una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos se resuelvan en tiempos razonables. Cuando esos refuerzos desaparecen, quien paga el precio real es el demandante que lleva meses esperando una sentencia.
La situación tiene, además, un agravante estructural. La Comunitat Valenciana afronta también la transformación de 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia, un proceso de enorme calado que exige precisamente mayor estabilidad de medios, no su reducción. Retirar refuerzos en plena transición hacia ese nuevo modelo organizativo añade presión a un sistema judicial que ya acusa el esfuerzo.
Una petición conjunta al CGPJ
Ante este escenario, la Conselleria de Justicia se ha sumado formalmente a la petición formulada por el TSJCV para que el Consejo General del Poder Judicial inste al Ministerio de Justicia a revisar su decisión y autorice la financiación necesaria para mantener las medidas bloqueadas. Es una apuesta coordinada entre el gobierno autonómico y el máximo órgano judicial valenciano, y un movimiento que lleva implícito un mensaje político: la Comunitat no acepta que se recorte en justicia mientras sus ciudadanos soportan una de las cargas procesales más altas del país.
"La Generalitat trabaja en su día a día para garantizar la correcta prestación de la Administración de Justicia, y se esfuerza para mejorarla pese a la situación de infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio. La pregunta que queda en el aire es sencilla, pero incómoda: ¿cuántos expedientes acumulados hacen falta para que una denegación presupuestaria se convierta en un problema político de primera magnitud? En la Comunitat Valenciana, esa línea parece estar cada vez más cerca.