Hay documentos administrativos que nadie entiende. Notificaciones repletas de tecnicismos, formularios que parecen escritos para abogados y resoluciones que, aun siendo impecables desde el punto de vista jurídico, dejan al ciudadano sin saber exactamente qué tiene que hacer ni cuándo. Frente a esa realidad, la Generalitat Valenciana ha decidido que el lenguaje claro no es una opción de estilo, sino una obligación jurídica y una herramienta esencial para modernizar la Administración pública.
La "última milla" de la simplificación administrativa
El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, protagonizó la clausura de la jornada sobre lenguaje claro en la Administración con un mensaje directo: simplificar los trámites sin simplificar el lenguaje es una tarea a medias. A su juicio, la claridad en las comunicaciones constituye "la última milla de la simplificación", ese tramo final que determina si el esfuerzo de modernizar la burocracia llega realmente al destinatario.
"Agilidad y lenguaje entendible deben ir de la mano, por lo que desde la Administración valenciana abogamos por un procedimiento rápido que a la vez sea claro en su comprensión por la persona que recibe una respuesta" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
La reflexión de Rovira conecta con un problema más amplio y de larga data en España. En los últimos años, el lenguaje claro se ha consolidado como marco normativo para la comunicación institucional dirigida a la ciudadanía en el ámbito hispanohablante. Sin embargo, su adopción efectiva en los documentos cotidianos —multas, resoluciones, requerimientos— ha avanzado a ritmo desigual. El lenguaje claro es una disciplina de comunicación regulada por la norma internacional ISO 24495-1:2023, adoptada en España como UNE-ISO 24495-1:2024, que establece los principios para redactar textos comprensibles a la primera lectura por su público destinatario.
Cuando el documento es perfecto, pero nadie lo entiende
Rovira puso el dedo en una llaga que cualquier ciudadano ha experimentado alguna vez: recibir una carta de la Administración y no saber si es una buena o una mala noticia, qué se espera de ti y en qué plazo. Detrás de cada documento, recordó el conseller, hay una persona real que necesita comprender qué le solicita la Administración, qué derechos o prestaciones le reconoce y de qué plazo dispone para actuar.
"Si esa persona no lo entiende, por impecable que sea el documento desde el punto de vista jurídico, no estamos alcanzando el objetivo deseado", afirmó Rovira, subrayando que cualquier avance que compatibilice el rigor jurídico con la comprensión del destinatario es, al mismo tiempo, positivo y necesario.
La postura del conseller no es solo filosófica: tiene consecuencias prácticas y medibles. Un lenguaje oscuro obliga a los ciudadanos a llamar por teléfono para preguntar qué significa una notificación, a pedir cita presencial para aclarar dudas, a presentar subsanaciones, recursos o quejas evitables. La finalidad del lenguaje claro es prestar un servicio adecuado, transparente y entendible a los ciudadanos, considerando que el lenguaje utilizado en la administración es muy formal y poco comprensible para el común de los usuarios. Dicho de otro modo: la opacidad lingüística tiene un coste económico y administrativo real.
Una cuestión de confianza y de inclusión social
Más allá de la eficiencia, el debate tiene una dimensión democrática que no conviene ignorar. Rovira lo formuló con claridad: una Administración que se entiende es aquella en la que se confía, mientras que las comunicaciones incomprensibles generan distancia y desconfianza hacia las instituciones. No es un argumento menor en un contexto en el que la percepción ciudadana sobre las instituciones públicas resulta especialmente sensible.
El conseller también destacó la dimensión social del lenguaje claro. Las personas mayores, las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad y las familias en situación de vulnerabilidad son quienes más sufren las consecuencias de una comunicación administrativa opaca. Para ellas, recibir una notificación incomprensible no es una incomodidad menor: puede significar perder un derecho, no acceder a una prestación o no cumplir un plazo con las consecuencias que ello conlleva.
En este sentido, Rovira recordó que el decreto de formularios de la Generalitat Valenciana contempla la figura de los formularios de alto impacto social, que deben ser revisados antes de su aprobación por las asociaciones que representan a sus destinatarios. Un mecanismo que convierte el lenguaje claro en un proceso participativo, no en un ejercicio técnico cerrado.
Buen gobierno, no solo buena redacción
La jornada fue inaugurada por el secretario autonómico de Cohesión Territorial, Carlos Gil, quien elevó el tono del debate desde el primer momento. Para Gil, la comunicación clara va mucho más allá de escribir bien.
"No es una cuestión de estilo; es cuestión de buen gobierno, de calidad democrática y de respeto a la ciudadanía" - Carlos Gil, secretario autonómico de Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana
Gil también subrayó que "cada documento, cada pantalla y cada notificación son un punto de contacto entre la Generalitat y la ciudadanía", una manera de recordar que el lenguaje administrativo no es un tecnicismo interno: es la cara visible de las instituciones ante quienes las sostienen y las necesitan. En la jornada participaron también el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, y el director general de Política Lingüística, Vicent Satorres.
El movimiento de lenguaje claro promueve un cambio de paradigma en el proceso de elaboración de los documentos públicos: el funcionario que redacta un texto no debe estar atento solo a aquello que debe transmitir, sino que debe considerar también las circunstancias en las que la ciudadanía recibirá dicha comunicación. La Generalitat Valenciana, con esta jornada y con el marco normativo que la respalda, da un paso más en esa dirección: la de una Administración que no solo actúa correctamente, sino que también se hace entender. Porque en un Estado de derecho moderno, que los ciudadanos comprendan lo que les dice su gobierno no debería ser un mérito excepcional, sino la norma.