Más de 74.000 personas se benefician del sistema de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, a través de algún tipo de servicio o prestación. Un incremento de casi el 76% respecto al inicio de la legislatura del Govern del Botànic, que no superaban los 42.000 beneficiarios. Sin duda, las políticas sociales se han situado en el centro del gobierno valenciano como una parte indispensable del Estado de Bienestar.
En los últimos años, la Comunidad Valenciana ha sido una de las comunidades autónomas que mejores resultados ha obtenido en cuanto a las ayudas de la dependencia. Y es que si en 2015 se contabilizaban 23.502 beneficiarios de ayudas, mientras que 26.029 personas se encontraban en lista de espera para poder acceder a este servicio, tres años después, el panorama valenciano daba un giro de 180 grados con 40.283 beneficiarios y tan solo 11.057 expedientes en lista de espera.
Un cambio que ha ido acompañado del aumento de presupuesto que desde la Generalitat Valenciana se ha destinado a este fin. Un presupuesto que, en los últimos años, ha llegado a duplicarse superando, incluso, los 250 millones de euros. En este sentido, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, señalaba “el esfuerzo sin precedentes” del Govern del Botànic. “Ha sido la legislatura de la atención a las personas en situación de dependencia haciendo algo tan revolucionario como comenzar a cumplir la ley”.
"El tiempo medio de espera de una solicitud era de 4 años"
Así, para este año, en los presupuestos de 2019, se cuenta con una partida de 1.528 millones de euros, un 27,9% más que en 2018 porque es necesario defender que “los derechos sociales son tan importantes como llevar a un niño a una escuela, y se deben garantizar de la misma manera”. Asimismo, Oltra añadía: “gestionamos más y mejor. Triplicamos las personas atendidas, y la sociedad lo sabe. El tiempo medio de espera de una solicitud era de 4 años, ahora, más de 1.000 solicitudes se han resuelto en el plazo legal de seis meses”.
Pero, además, la Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera autonomía española que declara los servicios sociales de interés general y esencial, gracias a la nueva Ley valenciana de Servicios Sociales, que ya ha entrado en vigor, y que los equipara al nivel de Sanidad y Educación en las competencias autonómicas.
La nueva ley no solo ha puesto en el foco de atención en las personas, con medidas que ayudan a adaptar los servicios sociales a la necesidad de cada beneficiario, sino que contiene una serie de acciones que contribuyen a agilizar los trámites y a realizar una intervención más individualizada, como la creación de la historia social única y compartida para reducir la burocracia o garantizar la prestación social que le corresponda a cada ciudadano, inclusive a los valencianos y valencianas que residen en el exterior, si esa ayuda les sirve para retornar a la Comunidad Valenciana.
Asimismo, otro de los avances destacados en estos cuatro años del Botànic ha sido la Renta Valenciana de Inclusión, con la que se pretende aumentar el salario mínimo a 1.080 euros en el caso de una familia de cuatro miembros, además de avanzar en la eliminación del estigma de la pobreza que, en opinión de Oltra, “culpabiliza doblemente a la persona o familia que necesita esa ayuda de la administración pública”.
La Renta Valenciana de Inclusión se está desarrollando de manera escalonada, hasta el año 2020, con un presupuesto de 88,5 millones en 2018; 262,6 millones en 2019; y 298,9 millones en 2020. Con esta renta, como ha afirmado Mónica Oltra, “la Comunidad Valenciana estará entre las cinco autonomías con más cobertura de España, avanzando en el modelo de economía social que se impulsa desde el Consell”. Y es que la política centrada en las personas y en la mejora de su bienestar ha sido una de las líneas prioritarias que han marcado al Govern del Botànic.