El Gobierno de España aprobó este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales de cara a 2027. Una medida que, sobre el papel, supone un avance significativo para el sistema judicial español. Pero en la Comunitat Valenciana, el anuncio ha generado más preguntas que aplausos: ¿cómo se van a cubrir las plazas del año que viene si las de este año todavía están vacías?
Un refuerzo que llega antes de tiempo
La consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, no tardó en reaccionar. Su diagnóstico fue directo: el Gobierno anuncia más plazas sin haber resuelto las anteriores. De las 53 plazas judiciales previstas para la Comunitat Valenciana en 2027, ninguna sirve de alivio inmediato si las 58 correspondientes a 2026 aún no tienen juez que las ocupe.
"El Gobierno de España tiene previsto crear 53 plazas de jueces en la Comunitat Valenciana en 2027 sin haber cubierto las 58 plazas de 2026" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
No es un problema menor. La saturación de los juzgados españoles lleva años presionando al límite a magistrados, letrados y a los propios ciudadanos que esperan meses, a veces años, para obtener una resolución. Crear plazas en papel sin disponer de los jueces que las ocupen es, en la práctica, como ampliar quirófanos sin contratar cirujanos.
700 plazas nuevas, pero el cuello de botella sigue ahí
El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación de dos reales decretos para crear 700 plazas judiciales y fiscales el próximo año: 500 de jueces y 200 de fiscales. Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta ampliación supondrá un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal.
De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal. Por territorios, Andalucía y Cataluña serán las comunidades más beneficiadas, con 94 plazas cada una, seguidas de Madrid con 74 y la Comunitat Valenciana con 53. Se trata de una nueva ampliación de las plantas judicial y fiscal, después de que el pasado julio el titular de Justicia, Félix Bolaños, anunciara la creación de otras 700 plazas que estarían activas antes del 31 de diciembre de 2026. Es decir, el Gobierno ya tiene un compromiso pendiente de este año antes de asumir el siguiente.
Justicia destaca que la ampliación de la planta judicial está siendo posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. Este modelo permite crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, frente a los 500.000 euros del sistema anterior. El ahorro es real, pero la pregunta de la consellera valenciana apunta a otro flanco: la disponibilidad efectiva de jueces formados y listos para incorporarse.
Crear plazas no es lo mismo que cubrirlas
Martínez reconoció que la iniciativa puede ser positiva a largo plazo. La previsión de nuevas plazas para 2027 podría, en efecto, reforzar la planta judicial y mejorar la capacidad de respuesta de los juzgados. Pero advirtió de que el anuncio debe ir acompañado de una planificación realista, que tenga en cuenta no solo las necesidades del sistema sino también la disponibilidad real de jueces para ocupar esos puestos.
"Reforzar la Justicia exige, además de crear nuevas plazas, cubrirlas en tiempo y forma, porque es fundamental para garantizar una tutela judicial efectiva y reducir la sobrecarga de trabajo y mejorar los tiempos de respuesta" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
La tutela judicial efectiva no es solo un concepto jurídico abstracto. Es el derecho de cualquier ciudadano a obtener una respuesta de los tribunales en un plazo razonable. Cuando los juzgados están colapsados, ese derecho se erosiona silenciosamente. Una plaza vacía no resuelve pleitos, no dicta sentencias y no descarga a los jueces que ya trabajan al límite.
La aritmética que incomoda al Gobierno
Lo que plantea la consellera valenciana es, en el fondo, una cuestión de coherencia institucional. Si las 58 plazas creadas para 2026 en la Comunitat Valenciana siguen sin cubrirse, anunciar 53 más para 2027 no suma: multiplica el problema. La falta de planificación real —más allá de los decretos y los titulares— es el núcleo de la crítica lanzada desde Valencia al Gobierno central.
El debate sobre la planta judicial no es nuevo en España. Los sucesivos gobiernos han anunciado refuerzos y ampliaciones, pero la brecha entre las plazas creadas sobre el papel y las efectivamente operativas ha sido una constante que lastra la eficiencia del sistema. El reto ahora no está solo en firmar los decretos, sino en garantizar que, cuando llegue 2027, haya jueces suficientes, formados y disponibles para ocupar cada uno de esos puestos. Sin esa garantía, el anuncio de hoy corre el riesgo de convertirse en la promesa incumplida de mañana.