El Botànic valida el decreto ley de ampliación de vivienda pública siendo la normativa más progresista de vivienda de Europa

A excepció de VOX, PP i Ciutadans i les amenaces per part dels defensors dels fons "buitre" que ha rebut el vicepresident segon i conseller Dalmau, la Generalitat frena la venda de 218 pisos del Sabadell i els destina a habitatge públic

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"Nunca antes la Generalitat había ejercido este derecho en viviendas de protección oficial de promoción privada". Así empezaba el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, en su comparecencia en el Ple de les Corts en el cual se presentaba la validación del decreto ley para la ampliación de viviendas públicas. No hace todavía ni una semana que el mismo Dalmau anunciaba la adquisición de 218 viviendas mediante el derecho de tanteo, una compra que el mismo conseller y vicepresidente segundo se ha atrevido a calificar de "histórica", puesto que significa un punto y aparte en las políticas de vivienda del territorio valenciano por el hecho que "nunca antes la Generalitat había ejercido este derecho en viviendas de protección oficial de promoción privada no por cuestiones legales, sino por decisiones puramente políticas" y además por el momento de dificultad en el cual nos encontramos inmersos, ya que si España ya se encontraba antes de la pandemia en "una crisis de vivienda de enormes proporciones", a este deterioro hay que sumar, de forma imprevista y muy perjudicial, las consecuencias que la COVID-19 está causando y seguirá causando en la actividad económica.

Según ha explicado Dalmau, la primera novedad consiste en la incorporación por primera vez de la calificación permanente de las viviendas adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, puesto que "necesitamos construir una red de viviendas públicas sólida y estable, que dé respuesta no solo a las necesidades de vivienda presentes, sino también a las necesidades futuras del pueblo valenciano".

Por otra parte, la segunda novedad que presenta este decreto ley tan polémico, es la apuesta firme por la descentralización de las políticas públicas en materia de vivienda. En esta misma línea, el conseller y vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, ha asegurado que "queremos que nuestros municipios tengan sus casas" y ahora, gracias a los varios mecanismos incluidos a este decreto ley los ayuntamientos podrán crear o ampliar el parque público municipal de viviendas. "Queremos que nuestros pueblos puedan tener sus viviendas públicas y con esto pretendemos asegurar una gestión más eficiente y de proximidad del parque público de viviendas", ha declarado Dalmau.

Por su parte, el Título II de este decreto ley introduce los derechos de adquisición preferente a favor de la Generalitat en las casas "procedentes de daciones en pago, de ejecuciones hipotecarias o ventas extrajudiciales", así como de acuerdo con las transmisiones inmobiliarias. En este apartado, el más polémico del decreto ley ha incidido el conseller puesto que "es sorprendente la virulencia con la cual se han manifestado algunos partidos políticos de la derecha respecto a esta novedad", "no sé si por desconocimiento o por puro afán de oportunismo político", insistía Dalmau.

Siguiendo este debate, se ha remarcado que todas las herencias y las donaciones entre ascendientes y descendientes están totalmente excluidas del ejercicio del derecho de tanteo y retracto, y de este modo, "no habrá ninguna posibilidad de ejercer los derechos cuando un padre le transmita a su hija la casa donde han vivido siempre, ni tampoco cuando una madre decida dar al hijo la casa porque se emancipe definitivamente", aseguraba Dalmau.

Del mismo modo, la regulación de los derechos de tanteo y retracto que hace el decreto ley tiene una triple finalidad: ampliar el parque público de viviendas, tanto de la Generalitat como de todos aquellos municipios; proteger a todas las personas y familias que viven en las casas procedentes de ejecuciones patrimoniales del riesgo de una subida del precio del alquiler y del riesgo de ser desahuciadas ofreciéndolas un alquiler social, y favorecer a destensar el mercado del alquiler.

En definitiva, la validación del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consejo, para la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana intermediando los derechos de tanteo y retracto, tiene una finalidad muy clara para el Botànic, frenar los movimientos especulativos con la vivienda y sus consecuencias sociales y económicas en el territorio valenciano.

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