Cada año, España pierde el equivalente al 5,8% de toda su riqueza nacional por culpa de trabajadores que no pueden —o no logran— presentarse a su puesto. No es un accidente puntual ni un efecto de la pandemia ya superado: es una tendencia estructural que en 2024 se tradujo en 406 millones de días de baja y un coste estimado de 92.000 millones de euros. Ante esta realidad, la Generalitat Valenciana ha decidido dar un paso al frente y reclamar que la salud laboral ocupe un lugar central en la agenda económica, no como un gasto, sino como una apuesta estratégica.
Un mensaje desde la clausura de la Asamblea de Umivale Activa
Fran Soria, director general de Economía de la Generalitat, trasladó este posicionamiento durante la clausura de la Asamblea General de Umivale Activa, la mutua colaboradora con la Seguridad Social. En su intervención, Soria quiso reconocer expresamente la labor de la entidad, a la que definió como "un ejemplo de colaboración entre instituciones, empresas y trabajadores para avanzar hacia un modelo productivo más fuerte, competitivo y humano". No fue solo un discurso de elogio: detrás de las palabras había datos que justifican la urgencia del mensaje.
El director general hizo especial mención al estudio que Umivale Activa desarrolla junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), una investigación que analiza todos los procesos de incapacidad temporal en España con datos reales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En 2024, el indicador de absentismo por IT alcanzó el 5,94% de las jornadas potenciales de trabajo perdidas, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al año anterior y un aumento acumulado del 44% desde 2018. Soria valoró esta investigación por aportar "evidencia rigurosa para comprender la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad laboral y facilitar la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado".
Un problema que ya no puede ignorarse
España encabeza el ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la UE-27 y sigue ampliando su distancia. En 2024, el porcentaje de personas que no acudieron a su puesto de trabajo por incapacidad temporal alcanzó el 4,5% de los ocupados de entre 20 y 64 años, un incremento del 73% respecto al 2,6% registrado en 2018. La evolución española contrasta con la de la Unión Europea, donde el crecimiento acumulado en el mismo periodo ha sido del 16%, lo que implica que el deterioro en España ha sido 4,6 veces superior al promedio comunitario.
El coste no es solo humano: es también macroeconómico. La producción potencial asociada a las jornadas perdidas podría estimarse para 2024 en 92.000 millones de euros en el conjunto del país, lo que equivale al 5,8% del PIB. Para hacerse una idea de la magnitud: es más de lo que el Estado invierte en educación cada año. El número de días de baja por IT en 2024 alcanzó los 406,8 millones, un 11% más que en 2023, lo que representa una media de 22 días de ausencia al año por cada trabajador, frente a los 15 días de media en 2018.
Las patologías osteomusculares representan el 45,5% del total de personas en baja, mientras que la salud mental y los riesgos psicosociales suponen el 20,3%. Son dos frentes que, lejos de ceder, siguen ganando peso. Los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo indican que los trastornos mentales ya constituyen la segunda causa principal de las incapacidades temporales en España.
Las causas: más allá del "presentismo" o el fraude
Sería tentador reducir el problema a una cuestión de cultura o de control. Pero los datos no avalan esa lectura simplista. Según el director general de Economía, el incremento del absentismo responde a transformaciones profundas de la sociedad: el envejecimiento de la población trabajadora, la evolución del mercado laboral, las condiciones de trabajo y el creciente peso de los problemas de salud mental y de las patologías musculoesqueléticas. El envejecimiento de la plantilla es uno de los factores de mayor peso, con un aumento de 1,5 millones de afiliados de entre 50 y 64 años entre 2019 y 2025.
Este incremento persistente del absentismo por incapacidad temporal plantea importantes desafíos para la sostenibilidad del sistema de bienestar, así como para la competitividad empresarial y la organización del trabajo. Dicho de otro modo: no es un problema de recursos humanos. Es un problema económico de primer orden.
La apuesta de la Generalitat: prevención, colaboración y cultura organizativa
Ante esta realidad, Fran Soria defendió la necesidad de respuestas estructurales articuladas en torno a tres prioridades. La primera, situar la salud laboral en el centro de la agenda económica como una inversión estratégica y no como un coste. La segunda, reforzar la colaboración público-privada, porque el reto requiere la implicación conjunta de administraciones, empresas y agentes sociales. La tercera, avanzar hacia un nuevo modelo de gestión empresarial en el que la prevención, el bienestar y el compromiso formen parte de la cultura organizativa desde el primer día.
La Comunitat Valenciana aspira, en este marco, a liderar "una agenda moderna de productividad basada en el talento saludable", convencida de que la competitividad ya no se gana solo con tecnología o con costes laborales bajos, sino con la capacidad de las organizaciones para cuidar, retener y desarrollar a las personas.
"Si queremos una economía más fuerte, necesitamos una sociedad más sana. Y si queremos una sociedad más sana, necesitamos entornos de trabajo que cuiden, protejan y motiven a las personas" - Fran Soria, director general de Economía de la Generalitat Valenciana
La pregunta que queda en el aire es si este enfoque logrará calar más allá de los discursos institucionales. La colaboración entre Umivale Activa y el Ivie tiene como objetivo avanzar en el conocimiento detallado de estos fenómenos —repetición de procesos, larga duración y patologías complejas—, para contribuir a definir respuestas adecuadas ante un problema que, lejos de remitir, se consolida como uno de los principales retos laborales, sociales y económicos del país. Que una administración autonómica decida colocar la salud laboral en el centro de su discurso económico no es un gesto menor: es el reconocimiento de que el bienestar de las personas y la prosperidad de las empresas no son objetivos contrapuestos, sino las dos caras de la misma moneda.