El Consell ha aprobado la tramitación de urgencia del proyecto de decreto por el que se desarrolla el Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento con el fin de que los municipios que más ayuda necesitan puedan acceder a la financiación “en el menor tiempo posible”, según ha destacado la vicepresidenta segunda, Susana Camarero.
La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo para dar cuenta de los asuntos aprobados, ha subrayado que, con este decreto, se busca además “reducir las desigualdades y garantizar a la ciudadanía las mismas oportunidades independientemente de su lugar de residencia”.
La nueva normativa desarrolla en concreto el artículo 8 de la Ley 5/2023, de 13 de abril, de la Generalitat, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana, mediante el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento.
La vicepresidenta segunda ha destacado la importancia de contar con una normativa adecuada de este fondo, dado que se trata de un mecanismo “de apoyo financiero específico para garantizar la suficiencia financiera y la autonomía local de los municipios en riesgo de despoblamiento”.
El Gobierno valenciano ha constatado la necesidad de establecer una coherencia entre los criterios y los requisitos de la normativa reguladora del Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento para que los municipios puedan acceder a las ayudas, por lo que se considera urgente la tramitación de un nuevo decreto para conseguir el mencionado objetivo.
Además, se ha tenido en cuenta la debilidad financiera de los municipios receptores del fondo, lo que exige que dichas localidades en situación de despoblamiento puedan acogerse a esta línea específica de financiación a la mayor brevedad y facilidad posible con el objetivo de incorporar estas aportaciones al presupuesto municipal.
12,3 millones de euros en obras de depuración en Castellón
Por otro lado, el Consell ha aprobado una adenda al convenio entre la Generalitat y la Diputación de Castellón para aumentar los fondos que garanticen la ejecución de 19 obras de mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la provincia de Castellón. La dotación final asciende a los 14,9 millones de euros, de los que la Generalitat aportará el 90 %, es decir, alrededor de 12,3 millones, mientras que la corporación provincial asumirá los 2,6 millones restantes.
La Generalitat suscribió con la Diputación de Castellón en enero de 2018 un convenio para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas en la provincia, en el que se determinaba la participación de la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).
El convenio incluía 25 actuaciones por valor de 8,07 millones de euros, en las que la Epsar financiaba el 90 %, y otras 9 actuaciones -provenientes de un antiguo convenio que seguían pendientes- por un coste estimado de 2,5 millones, de las que la Epsar abonaría el 60 %. De todo ello, hoy en día, se han ejecutado obras por valor de 5,2 millones de euros.
Gracias a esta ampliación, el Consell garantiza que se llevarán a cabo las 19 actuaciones pendientes en los municipios de Higueras, Alcudia de Veo, Vallibona, Olocau del Rey, Palanques, Todolella, Villores, Benafer, Castell de Cabres, Sacañet, Torralba del Pinar, Villamalur, Forcall, La Torre d'en Doménec, Cabanes, Santa Magdalena de Pulpis, Benlloc, Vilanova d’Alcolea y Cinctorres.
Obras urgentes contra la sequía
Además, el Consell realizará obras urgentes por importe de 4,2 millones de euros para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios castellonenses de Canet lo Roig, La Jana y Traiguera ante la situación excepcional de sequía y escasez hídrica en que se encuentran estas poblaciones.
Para ello, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha presentado al pleno del Ejecutivo un informe sobre la necesidad de declarar la emergencia de las actuaciones previstas por la Dirección General del Agua, que cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses.
Por tratarse de poblaciones dispersas y poco habitadas, situadas en cotas altas en terrenos con orografía complicada y rodeadas o enclavadas en muchos casos en zonas de gran valor ambiental, su conexión con los sistemas de abastecimiento de las planas costeras de la provincia resulta compleja.
Estas localidades tienen puntas de demanda estival y las infraestructuras existentes no están siempre preparadas y, en ocasiones, resultan insuficientes, con lo que se las actuaciones previstas buscan paliar esta situación y garantizar los recursos de agua para la población.
Acuerdo de legislatura para mejora de la función pública
Asimismo, el Consell ha ratificado el acuerdo de la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat para la XI legislatura, que recoge cuestiones que se consideran prioritarias sobre las condiciones de trabajo, la planificación del empleo público, la formación o la igualdad y la lucha contra la violencia sobre la mujer.
Este acuerdo, firmado el pasado 25 de abril, recoge la hoja de ruta de los asuntos que el Consell y los sindicatos se comprometen a negociar a lo largo de esta legislatura y que afectan al conjunto de las plantillas públicas de la Generalitat, incluidas las de Sanidad, Justicia y Educación.
Este marco consensuado de negociación y diálogo se marca como objetivo impulsar la dinamización de la Administración con la finalidad de avanzar en un empleo estable y mejorar los servicios públicos.