La Comunitat Valenciana contará con 118 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible

Se incorporarán a la 'Xarxa Lloga'm', una especie de bolsa de activos para alquiler asequible

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Imagen de archivo de una vivienda
Imagen de archivo de una vivienda

La Generalitat Valenciana incorporará 118 nuevas viviendas para usarlas como alquiler asequible. La Conselleria de Vivienda, tras una inspección, ha declarado como deshabitados 468 de los 500 inmuebles que una veintena de grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas) han notificado. De esos 468, 118 se han adherido a la 'Xarxa Lloga'm', una especie de bolsa de activos destinada al alquiler asequible.

Así, en esta iniciativa también podrán participar las personas que por su propia voluntad decidan movilizar sus pisos vacíos durante 7 y 8 años para alquiler social. En caso de sumarse, recibirán ciertos incentivos como la reparación de los desperfectos que no se produzcan por el deterioro en el uso o el paso del tiempo, así como ayudas para la obtención del certificado de eficiencia energética.

Por otro lado, la Generalitat ofrecerá a los dueños como garantía un seguro multiriesgos y otras pólizas. Será la Conselleria la que fije los precios del alquiler de los pisos que saldrán al mercado. La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, explicó recientemente que ya había recibido una decena de peticiones de agentes inmobilarios para llevar a cabo una red de intermediación  y siete de ellas ya han sido autorizadas.

El objetivo que persigue esta iniciativa de la Generalitat radica en movilizar más vivienda en el mercado, ya que calculan que en todo el territorio valenciano existen unas 20.000 unidades sin uso. Cada seis meses, se crea un registro para que las entidades con gran cantidad de pisos informen de los inmuebles que tienen vacíos a la Administración. Con esto, también se conforma un inventario preciso de las viviendas deshabitadas existentes.

Multas

Si bien hay recompensas para los particulares que se incorporan a esta iniciativa, también hay multas para aquellos grandes tenedores que decidan no dejar sus inmuebles vacíos a la administración para que se destine a alquiler social. En total, han rechazado adherirse al plan unos 350 asctivos que deberán hacer frente a sanciones por mantener las viviendas sin uso.

Las multas serán mensuales y se calcularán en base a su ubicación y la renta media, pero oscilarán entre los 350 y 650 euros. A ello habrá que sumar las sanciones que recoge la normativa y que van de los 10.000 a los 350.000 euros por "incumplir la función social de la vivienda".

El secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, en declaraciones a otros medios de comunicación, apunta que "esta falta de colaboración demuestra el ámbito especulativo de algunos operadores que ni siquiera tienen interés de sacar al mercado esas 350 viviendas. Por tanto, se les sancionará doblemente por mantenerlas vacías e incumplir la ley".

Fue durante el año pasado cuando la Generalitat Valenciana aprobó un decreto para movilizar las viviendas vacías de los grandes tenedores, aquellos con más de diez propiedades, en las tres provincias valencianas.

Ley de grandes tenedores

Con el objetivo de democratizar el acceso a la vivienda, el Consell trabaja para impulsar la Ley de grandes tenedores. Un texto que en estos momentos se encuentra en fase de elaboración y que nace con la finalidad de incidir con capacidad regulatoria en tres ámbitos diferenciados: la actividad de los grandes tenedores, la creación de un cuerpo de inspectores y el acoso inmobiliario.

Concretamente, el anteproyecto desvela la creación de un registro que combata la opacidad de su actividad y ahonde en la democratización del derecho a la vivienda. Además, se potenciarán herramientas que eviten la actividad especuladora que se produce por parte de estos grandes tenedores como la cesión obligatoria del usufructo si el activo está deshabitado y existen razones de necesidad habitacional, o la obligación de ofrecerlo en alquiler social en caso de desahucio de familias vulnerables.

Otro de los puntos destacados de la norma es la creación de un cuerpo de inspectores de la Generalitat que ayude a controlar la actividad inmobiliaria, velar para evitar situaciones de irregularidad o especulación, y aplique de forma más efectiva las políticas de vivienda de la Conselleria.

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