El Portavoz de Compromís per València, Pere Fuset, y la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Isa Lozano, han mantenido una reunión con miembros de la PAH para abordar el problema de la vivienda y poner en común las exigencias ante la ley del Derecho a la Vivienda que se debatirá en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. La subida de precios y la disminución de la oferta de pisos de alquiler están provocando que cada vez más personas se encuentran en una situación de emergencia habitacional, en la ciudad de València y en todo el Estado Español.
"La vivienda se ha convertido en un problema grave para la economía de las familias y los problemas excepcionales necesitan soluciones excepcionales" así explicaba el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, la necesidad de exigir que la nueva ley del Derecho a la Vivienda, la primera que regulará un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la constitución española, sea ambiciosa y aporte herramientas eficientes para proteger a las personas ante los especuladores "Desde Compromís apostamos por poner un tope a los precios del alquiler para evitar que un derecho básico sea tratado como un negocio de barra libre. Si los últimos años hemos visto precios máximos para las mascarillas o para el gas... ¿Por qué no se tiene que poder poner tope al precio de un bien básico como es la vivienda?", ha defendido Fuset.
No es la primera vez que Compromís per València reivindica públicamente que desde las administraciones autonómicas y estatales, competentes en materia de vivienda, se tomen medidas para proteger el derecho de las personas a tener una vivienda digna. De hecho, en dos ocasiones se han presentado mociones, en el pleno del Ayuntamiento de València, exigiendo medidas concretas como que la SAREB, que gestiona el parque de vivienda pública estatal, no pueda vender esas viviendas a fondo buitre. "Ante la gravedad de la emergencia habitacional que estamos sufriendo en las principales ciudades del estado, es urgente y una cuestión de justicia y responsabilidad que la SAREB sea una entidad con un enfoque social y que su parque de viviendas se ponga a disposición de las administraciones autonómicas y locales para ampliar la oferta pública de vivienda para alquilar asequible y poder dar respuesta a una mayoría social que no puede acceder a una vivienda y que está siendo expulsada de sus viviendas por la subida de precios y la no renovación de alquileres, especialmente por la acción especulativa sin control de los fondos de inversión" ha explicado Isa Lozano, que también ha coincidido con Pere Fuset en la necesidad de limitar los precios de alquiler para facilitar el acceso de cualquier persona a una vivienda.
Desde Compromís per València se trabaja ya con las entidades y el resto de administraciones para conseguir un marco legislativo que dé soluciones reales a corto y largo plazo al problema de la vivienda.