CCOO ha señalado que las 45 becas de la Generalitat declaradas en fraude de ley por la Inspección de Trabajo supondrán al menos un coste económico para el erario público de 1,8 millones de euros y ha puesto en duda la legalidad de las 88 nuevas becas que han salido desde septiembre al no modificarse las bases cuestionadas.
La secretaria de Formación y Empleo de CCOO PV, Ana María García, y la secretaria de Acción Sindical de la FSC CCOO PV, Soledad Fernández Cano, han lamentado en rueda de prensa que "no ha habido ni un gesto político de realizar ningún cambio" pese a esta resolución y han reprochado asimismo al Consell su "irresponsabilidad política y de gestión" hacia la juventud al perpetuar esta "precariedad".
CCOO presentó una denuncia que dio lugar a la declaración de 45 becas en fraude de ley. Al respecto, Soledad Fernández ha señalado que la suma del coste económico de las dos actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social que emitió Inspección en noviembre de 2019 es de 708.094 euros, una de ellas desde mayo de 2018 hasta julio de 2019 y la otra desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019.
Esta deuda, actualizada hasta enero, asciende ya a 1.001.950 euros, de los que 166.991 corresponden al recargo del 20%. Pero además, CCOO tiene conocimiento de que 35 de los becarios afectados ya han ejercido su derecho a reclamar las diferencias salariales pidiendo un año de atrasos con lo que el total salarial demandado supone 827.837 hasta enero.
De este modo, el total que supondrá para las arcas públicas, una vez la sentencia sobre los salarios sea firme, ascenderá a un mínimo de 1.829.787 euros, ya que puede hay otros 10 becarios afectados que pueden haber cursado las demandas fuera de los servicios jurídicos del sindicato. Fernández ha señalado que este dinero saldrá de los Presupuestos de la Generalitat.
Sin embargo, García ha apuntado que la mayor "preocupación" es que desde septiembre de 2019 hasta enero han salido las bases de otras 88 becas, 64 de ellas ya resueltas, en las que no ha habido "ninguna modificación" de los aspectos cuestionados por Inspección de trabajo y ha advertido de que denunciarán las que sospechen que también están en fraude de ley.
De ellas, "la palma" se las lleva la Conselleria de Educación, que ha sacado 27 becas, Igualdad 25, Sanidad nueve, y el resto se reparte entre los demás departamentos. Pero además, ha advertido de que esta práctica se extiende al resto de empresas públicas instrumentales como el Instituto Valenciano de Cultura (VC), el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) o la Dirección General de Diversidad Funcional de la Conselleria de Igualdad.
ASPECTOS "ABERRANTES"
Al respecto, ha apuntado que cada conselleria publica sus propias órdenes de base aunque son todas "muy parecidas". Así, no han eliminado aspectos cuestionados como fijar el tope de edad en 35 años, con lo que si hay prórrogas habrá becarios de hasta 40 años; los jóvenes que se presentan deben optar a un proceso selectivo para el que deben presentar una "extensa" documentación que acredite su experiencia profesional cuando es para una beca formativa y no para cubrir un puesto de trabajo.Del mismo modo, se mantienen exigencias "aberrantes" como tener que recuperar el tiempo, una vez concluida la beca, en que se ha estado de baja por una hospitalización prolongada o por un parto o adopción.
El problema de base, ha concretado, es que no se ha modificado la normativa heredada del anterior Consell y desde la resolución de Inspección el Consell "no ha querido sentarse" para dialogar cómo puede resolverse esta situación de forma "coordinada" entre todas las consellerias, aunque le han seguido "teniendo la mano" para solucionarlo.