Carlos Mazón, quien fuera presidente de la Generalitat Valenciana y actualmente diputado en Les Corts, ha presentado formalmente una solicitud ante la jueza de Catarroja para personarse en el procedimiento judicial que investiga la gestión de la devastadora DANA. Este fenómeno meteorológico extremo, que causó la trágica cifra de 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha generado una compleja instrucción judicial en la que Mazón ahora busca tener un papel activo.
La petición, a la que ha tenido acceso esta agencia, fue remitida por la representación legal de Mazón, ejercida por el letrado Ignacio Gally, a la magistrada encargada del caso. Esta acción se produce en un momento clave de la investigación, pocos días después de que la propia jueza decidiera citar al 'expresident' en calidad de testigo. Además, la solicitud llega una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimara imputarle, al no encontrar indicios de delito en su actuación durante la emergencia provocada por la DANA.
Contexto de la investigación de la DANA
La DANA, acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, que azotó la provincia de Valencia, se recuerda como uno de los episodios más catastróficos de la historia reciente de la región. La magnitud de la tragedia, con 230 vidas perdidas, impulsó la apertura de una investigación judicial para esclarecer la gestión de la emergencia y determinar posibles responsabilidades. Este procedimiento, que se lleva a cabo en el juzgado de Catarroja, ha estado bajo el escrutinio público y mediático desde su inicio, dada la gravedad de los hechos y el impacto social.
La decisión de la jueza de citar a Carlos Mazón como testigo subraya la relevancia de su testimonio para la instrucción, considerando su posición de liderazgo en el momento de la catástrofe. Sin embargo, la previa resolución del TSJCV, que descartó su imputación al no hallar elementos que sugirieran una conducta delictiva, marcó un punto de inflexión importante en la percepción de su implicación penal en el caso.
La postura de Carlos Mazón y sus motivaciones
Según se detalla en el escrito presentado por su defensa, Carlos Mazón solicita personarse en el procedimiento amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo principal de esta acción es la defensa de sus intereses, permitiéndole un acceso directo y completo a todas las diligencias y pruebas que se están practicando.
El documento subraya que, desde el inicio de la causa, Mazón ha mantenido "una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica". El escrito añade que "Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del TSJCV".
La defensa argumenta que, tras el auto del TSJCV, y "compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal de Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente", se detalla en el documento.
Próximos pasos en el procedimiento judicial
Con esta solicitud de personación, la representación legal de Carlos Mazón insta a la magistrada a que admita el escrito y, una vez aceptada su participación como parte en el procedimiento, le facilite el acceso completo a la totalidad de la causa. Esta medida es fundamental para que Mazón y su equipo legal puedan examinar de cerca todas las pruebas, declaraciones y actuaciones que se han llevado a cabo y que puedan seguir desarrollándose en relación con su persona.
La personación de Mazón podría influir en el desarrollo de la investigación, al permitirle ejercer derechos procesales como la proposición de pruebas o la impugnación de actuaciones. Este paso refuerza la transparencia y el derecho a la defensa en un caso de gran complejidad y repercusión pública, asegurando que todas las partes implicadas tengan la oportunidad de presentar su perspectiva y defender sus intereses ante la justicia.