Susana Camarero es la vicepresidenta primera del Consell y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Desde la DANA, ha asumido la portavocía del Consell y una de las áreas de las que más ha dado impulsado ha sido precisamente la vivienda con el PLAN VIVE que potenciará la construcción de vivienda pública en todo el territorio de la Comunitat así como medidas para el alquiler y la compra para la gente joven.
La DANA ha agravado aún más el problema de la vivienda en la Comunitat. ¿Qué medidas ha adoptado el Consell para dar respuesta a esta situación?
El Consell ha puesto en marcha un plan de emergencia que incluye la habilitación de viviendas sociales para realojar a las familias afectadas, así como recursos habitacionales de inclusión para personas vulnerables. Asimismo, se ha puesto en marcha una serie de ayudas, como la de alquiler, que permite a los afectados optar a ayudas de hasta 800 euros al mes para la renta del alquiler durante un año, mientras rehabilitan o acondicionan su vivienda o encuentran alternativa.
Como fórmula más a largo plazo y dado el impacto y la modificación del escenario en las zonas más afectadas, hemos presentado el Plan Vive dana, dotado con una inversión de 25 millones de euros, entre fondos propios y europeos, para la construcción industrializada de inmuebles, que contempla unas 250 viviendas de inicio. La prioridad es garantizar que las familias puedan volver a sus hogares en las mejores condiciones posibles y reducir la vulnerabilidad habitacional que ya existía antes de la emergencia. Estas medidas buscan ofrecer una respuesta integral y rápida a la crisis habitacional derivada de la DANA.
Más allá de la emergencia, ¿cuáles considera que deben ser las líneas estratégicas para solucionar el acceso a la vivienda en la Comunitat?
Considero que las líneas estratégicas deben centrarse en incrementar la oferta de vivienda pública y promover la rehabilitación de viviendas existentes para hacerlas más accesibles y eficientes energéticamente. Es fundamental también impulsar políticas de suelo que faciliten la construcción de viviendas asequibles y fomentar la colaboración público-privada para ampliar el parque habitacional. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de protección a las familias en situación de vulnerabilidad y mejorar los programas de ayuda al alquiler. La planificación a largo plazo debe incluir también medidas para prevenir la especulación y garantizar un acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos. Solo con un enfoque integral y sostenido podremos afrontar de manera efectiva los retos del acceso a la vivienda en la Comunitat.
"Estamos movilizando suelo público para construir vivienda de protección pública en el marco del “Plan Vive” de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de construir 10.000 viviendas esta legislatura"
Desde la Generalitat estamos movilizando suelo público para construir vivienda de protección pública en el marco del “Plan Vive” de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de construir 10.000 viviendas esta legislatura en el suelo público disponible, tanto autonómico como cedido por los municipios. Además, el Consell ha aprobado el nuevo decreto de Vivienda de Protección Pública (VPP) que ha aumentado el interés por construir nueva vivienda y, como ejemplo, cabe destacar que, desde su aprobación a finales de diciembre y hasta mayo, se has elevado a 698 las solicitudes para calificaciones provisionales de VPP de promoción privada, lo que significa triplicar las solicitudes presentadas en el mismo periodo del año anterior.
Igualmente, hemos aprobado una serie de medidas fiscales para facilitar el acceso, sobre todo a jóvenes y vulnerables, como la reducción del ITP y el aumento de los avales.
¿Cree que el anterior gobierno del Botànic dejó esta materia suficientemente encaminada? ¿Qué ha heredado el actual Consell?
Las dos legislaturas del gobierno del Botànic han resultado un fracaso absoluto en materia de vivienda. Han sido incapaces de solucionar el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes, de las personas con rentas bajas y de los colectivos vulnerables. El parque público de vivienda de la Generalitat, con unos 15.000 inmuebles, es actualmente insuficiente para atender la demanda de vivienda asequible.
Nosotros hemos iniciado una revisión de las políticas existentes para adaptarlas a las necesidades actuales y potenciar nuevas líneas de actuación que permitan avanzar en el acceso a la vivienda para las personas, como el mencionado Plan Vive. Y lo vamos a hacer en una situación de fuerte demanda, que supera ampliamente la oferta y los recursos disponibles, y esto supone un desafío, pero estamos dando soluciones a través de la creación y rehabilitación de vivienda pública y de ayudas de acceso a la propiedad y al alquiler.
"El Gobierno Central ha retirado las ayudas a la Regeneración Urbana del Plan Estatal de Vivienda y ha puesto en peligro barrios deteriorados como el de San Antón en Elche"
¿Qué papel debería asumir el Gobierno central para ayudar a resolver la situación habitacional en la Comunitat Valenciana?
Le voy a poner dos ejemplos para que se comprenda el alcance de la deslealtad del Gobierno Central con la Generalitat Valenciana en materia de vivienda, que al final sufren las personas más desfavorecidas. Tenemos un convenio con el Estado para la construcción conjunta de 438 viviendas públicas en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros de Valencia. Pues ese convenio lo rompe el Estado tras la DANA y anuncia en los medios de comunicación que se queda el proyecto en solitario, sin darnos una respuesta formal y sin más explicaciones. Desgraciadamente esto va a suponer un retraso enorme en la construcción de estas viviendas para las personas que las esperan.
En cuanto a ayudas del alquiler, por ejemplo, el Gobierno Central ha retirado las ayudas a la Regeneración Urbana del Plan Estatal de Vivienda y ha puesto en peligro barrios deteriorados como el de San Antón en Elche, en el que la Generalitat y el ayuntamiento hemos tenido que actuar para dar una solución habitacional temporal para las familias que fueron desalojadas por riesgo de derrumbe de un edificio del barrio.
El Gobierno central tiene un papel fundamental en la resolución de la crisis habitacional, ya que debe facilitar recursos económicos suficientes y establecer políticas de coordinación que permitan una actuación conjunta. Es imprescindible que aumente la inversión en vivienda pública y en programas de ayuda al alquiler, además de flexibilizar las normativas para facilitar la construcción y rehabilitación de viviendas. También debe colaborar en la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables.
La solución requiere un compromiso firme del Estado, que complete los esfuerzos autonómicos y garantice un acceso equitativo y sostenible a la vivienda en toda la Comunitat Valenciana, y eso está lejos del intervencionismo que pretende con la Ley de Vivienda nacional.
"La Renta valenciana de inclusión la reciben unas 60.000 personas"
La Renta Valenciana de Inclusión ha sido objeto de críticas en ciertos sectores, señalando problemas estructurales. Desde su punto de vista, ¿cuáles son sus virtudes y qué aspectos deberían mejorarse?
La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) ha sido una herramienta importante para reducir la pobreza y ofrecer un apoyo económico a las familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la inclusión social y la igualdad de oportunidades. La reciben unas 60.000 personas. Entre sus virtudes destaca su carácter universal y su enfoque integral, que combina ayuda económica con acompañamiento social y laboral. Sin embargo, hay aspectos que mejoramos con la modificación, como la simplificación de los requisitos administrativos, la ampliación de las cuantías para cubrir mejor las necesidades básicas y la mayor coordinación con otros recursos sociales. También es necesario reforzar la evaluación de impacto para garantizar que realmente contribuye a la inserción social y laboral de los beneficiarios.
Desde su Conselleria se ha anunciado una reforma de esta renta. ¿Qué mejoras concretas se plantean y con qué objetivo?
En colaboración con colegios profesionales, ONGs, servicios sociales municipales y, especialmente, de personas en situación de vulnerabilidad, hemos preparado una nueva norma para la mejora de esta renta, que ya se ha llevado a Les Corts, con el objetivo de hacerla más justa, accesible y eficaz y poniendo el foco en la garantía en el acceso a los derechos de las personas más vulnerables, adaptándola a la realidad social y económica existente. Queremos que se convierta en un motor de inclusión real para miles de personas que viven en contextos complejos de exclusión, y cuya actual prestación no está ofreciendo una respuesta satisfactoria. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de que los beneficiarios mantengan la prestación de la RVI mientras realizan actividades laborales, lo que elimina la difícil disyuntiva entre recibir la ayuda y aceptar un empleo parcial o temporal.
También se incorporan incentivos claros para la búsqueda activa de empleo, para así reforzar la autonomía económica. Con ello, se hace posible que trabajar y recibir apoyo social vayan de la mano. Con estas medidas marcamos un antes y un después en las políticas de inclusión social de nuestra Comunitat. Además, logramos integrar el apoyo social con la actividad laboral, demostrando que trabajar y recibir respaldo no solo es posible, sino esencial para construir un modelo de sociedad más justa y equitativa.
La reforma también refuerza el compromiso de todos los beneficiarios de participar en itinerarios de inclusión realizados a medida. Estos planes abarcan orientación laboral, capacitación y apoyo social para superar las causas estructurales de la exclusión.