El gestor de la cuenta de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) València en Caixabank ha declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga la estafa de cuatro millones de euros en la compañía pública, que el gerente, Josep Enric Garcia Alemany, entró en la banca electrónica de la entidad en septiembre y ordenó algún pago a proveedores.
El empleado de la entidad, que ha declarado este jueves en el juzgado como testigo, ha explicado que durante los días en los que se cometió la estafa --entre el 3, cuando comenzaron los pagos y el 23 de septiembre, cuando saltan las alarmas-- además de la que era jefa de Administración de la empresa y única trabajadora despedida e investigada en la causa, entraron en la banca electrónica dos responsables en la firma: la responsable del área de Gestión y el gerente, que estaba de vacaciones hasta el 9 de septiembre.
Según ha podido saber Europa Press, en su declaración ha dicho que el gerente consta que dio una orden de pago en esas fechas. Asimismo, el gestor, a preguntas del letrado de la trabajadora despedida, ha asegurado que tanto Alemany como la responsable de Gestión entraban a mirar las cuentas, un hecho que pueden saber a través de las claves que tiene cada uno.
De igual modo, ha desgranado que había tramitado pagos con anterioridad por el procedimiento de recibir a través del correo electrónico una carta de orden de pago en pdf, un procedimiento que ha explicado que es habitual cuando se trabaja con clientes institucionales.
Durante su declaración, el empleado ha explicado que no detectó nada extraño hasta que el lunes 23 de septiembre recibió las facturas que había pedido a la encargada de administración el viernes anterior. Ahí es cuando el banco empezó a detectar los fallos.
En un informe del pasado 24 de octubre el banco contestó a la EMT rechazando abonar el importe de las ocho transferencias ordenadas por 4 millones de euros a cuentas de China, aseguraba que las órdenes de pago activadas por la empresa fueron cursadas y confirmadas por varios medios y autentificadas a través de los teléfonos y direcciones de correo corporativos y comunicaba que Caixabank no tenía responsabilidad en los "fraudes o eventuales brechas de seguridad que puedan sufrir sus clientes, ni debe responder en los supuestos de negligencia" del cliente.