La Comisión Europea ha encendido todas las alarmas en el sector turístico español. Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción contra España al considerar que el sistema de Registro de Viajeros, impulsado por el Ministerio del Interior, vulnera la normativa comunitaria de protección de datos. La respuesta desde la Comunitat Valenciana no se ha hecho esperar: la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha exigido al Gobierno central la retirada inmediata del sistema y ha reclamado un nuevo modelo construido desde el diálogo y el respeto al derecho europeo.
Qué reprocha Europa al modelo español
La Comisión Europea envió a España una carta de requerimiento, al considerar que el alcance de los datos recogidos por el sistema del Ministerio del Interior es "excesivo" y no cumple con las normas europeas de protección de datos. En concreto, el modelo obliga a hoteles, plataformas de alquiler vacacional y empresas de alquiler de vehículos a recoger, conservar y transmitir a una base de datos centralizada categorías de información que van más allá de lo estrictamente necesario: desde datos de pago hasta información de geolocalización. Para colmo, el periodo de conservación de esos datos se fija en tres años, un plazo que Bruselas considera desproporcionado.
Imagine que cada vez que reserva una habitación de hotel, el establecimiento está obligado por ley a guardar durante tres años no solo su nombre y DNI, sino también los datos de su tarjeta de crédito y su ubicación. Eso es, en esencia, lo que el sistema español exigía a miles de empresas turísticas. Y eso es exactamente lo que la Unión Europea ha decidido cuestionar formalmente.
La Comunitat Valenciana llevaba tiempo advirtiendo del problema
Para Marián Cano, el expediente europeo no es ninguna sorpresa. La Generalitat Valenciana y el sector turístico autonómico llevaban meses denunciando que la normativa era excesiva, difícil de aplicar y jurídicamente cuestionable. La apertura del procedimiento de infracción, en ese sentido, actúa más como confirmación que como novedad.
"La apertura de este expediente por parte de la Comisión Europea confirma lo que la Generalitat y el sector turístico de la Comunitat Valenciana lleva mucho tiempo denunciando: que se trata de una norma desproporcionada, jurídicamente cuestionable y muy difícil de aplicar" - Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana
La consellera ha puesto el dedo en la llaga con una crítica que resuena más allá de los despachos autonómicos: no es razonable convertir al sector turístico en una extensión de la Administración, obligándole a recopilar datos sensibles que ahora Europa considera incompatibles con el derecho comunitario. Hoteles, alojamientos rurales, agencias de viajes y empresas de alquiler de coches han tenido que asumir durante meses una complejidad operativa y burocrática que, según Cano, nunca debió imponérseles.
Un conflicto que viene de lejos
El choque entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por el Registro de Viajeros no es nuevo. La Generalitat Valenciana dio un paso jurídico contundente en mayo de 2025, cuando presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, que regulaba el Registro Único de Arrendamientos de corta duración y la Ventanilla Única Digital. El motivo: la norma generaba duplicidad de procedimientos y, según la Generalitat, excedía el marco competencial que la Constitución reserva a las comunidades autónomas en materia de turismo.
Es decir, antes incluso de que Bruselas abriera su expediente, la Comunitat Valenciana ya había llevado el conflicto a los tribunales. Lo que ahora aporta la Comisión Europea es un argumento adicional, y de enorme peso político, para sostener que la norma tiene problemas estructurales que van más allá de un simple desacuerdo territorial.
Seguridad y derechos fundamentales: ¿un falso dilema?
Uno de los argumentos más recurrentes para defender el Registro de Viajeros ha sido la seguridad ciudadana: facilitar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la identificación de personas alojadas en establecimientos turísticos. Cano no rechaza ese objetivo, pero sí la forma en que se ha instrumentalizado.
"Lo que no es admisible es mantener un modelo masivo e indiscriminado de recopilación de datos que traslada al sector obligaciones impropias y que, además, ha acabado siendo cuestionado por Bruselas" - Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana
La seguridad, ha subrayado la consellera, es perfectamente compatible con el respeto a la normativa europea y con la protección de los derechos fundamentales. Lo que no puede sostenerse, argumenta, es un sistema que recopila datos masivamente sin que esa masa de información sea realmente necesaria para los fines de seguridad que se invocan. La proporcionalidad, principio central del derecho europeo, es precisamente lo que Bruselas echa en falta.
El Gobierno, ante la presión de rectificar
Con el expediente europeo sobre la mesa y el recurso judicial de la Generalitat en los tribunales, la presión sobre el Ejecutivo central para reformar o retirar el sistema es hoy mayor que en cualquier otro momento desde su implantación. Marián Cano ha pedido al Gobierno que rectifique "de manera urgente" y que abra un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas y con los representantes empresariales del turismo para diseñar un modelo alternativo que sea proporcionado, técnicamente viable y plenamente compatible con el marco europeo.
La Comunitat Valenciana es una de las principales potencias turísticas de España, con millones de visitantes nacionales e internacionales cada año y un tejido de pequeñas y medianas empresas del sector que difícilmente pueden asumir cargas burocráticas de esta magnitud. En ese contexto, el llamamiento de Cano no es solo una disputa política entre administraciones: es también la voz de miles de negocios que aguardan que alguien, ya sea Madrid o Bruselas, ponga orden en un sistema que nació con la intención de mejorar la seguridad y acabó generando más problemas de los que pretendía resolver.