El camino hacia una Comunitat Valenciana libre de prostitución ha mostrado dos vías diferenciadas en el seno del Consell. PSPV y Compromís han escenificado sus diferencias, no en el objetivo final, sino en cómo conseguirlo.
El último paso dado, en este caso por los socialistas, se basa en una carta remitida por Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, a los diferentes ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en la que insta a aprobar una ordenanza que "persigue al prostituidor" y protege a las víctimas.
Esta ordenanza aborda la prostitución como un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres en situación de prostitución y no como una cuestión de orden público. Por lo tanto, prohíbe la demanda, considerándola como una infracción grave, con sanciones que pueden llegar hasta 3.000 euros.
Esta misiva llega después de que el PSPV-PSOE registrase la semana pasada en Les Corts, en solitario y de manera urgente, dos propuestas para modificar las leyes autonómicas de Carreteras y Espectáculos para incidir en la abolición, algo que rechazó Compromís al considerar que es insuficiente para acabar con el problema.
Para abolir la prostitución necesitamos sumar fuerzas y, por ello, he enviado una carta a los Ayuntamientos, para que aprueben la ordenanza que persigue al prostituidor y protege a las víctimas. No daremos ni un paso atrás hasta conseguir una Comunitat sin este tipo de violencia. pic.twitter.com/YmDuxJl7cx
— Gabriela Bravo (@gabrielabravo_s) February 6, 2023
No perjudicar a la parte más vulnerable
En este sentido, la vicepresidenta, portavoz y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, admitía las diferencias entre los grupos del Botànic recordando que “una ley seca solo servirá para esconder un problema con componentes sociales complejos”.
“No hay una posición única, es evidente, y se sabe que no es un tema que se haya debatido en el Consell. Tampoco está en el acuerdo del Botànic, no forma parte del seminario de gobierno y no ha habido debate entre las áreas de Igualdad y Justicia”, marcando un camino similar al trazado por su antecesora Mónica Oltra, que ya rechazó el año pasado el anteproyecto impulsado por Justicia.
Por ello, desde Compromís se defiende que la norma “no debe perjudicar a la parte más vulnerable” y se recuerdan las políticas que tiene en marcha la Comunitat Valenciana al respecto, que han permitido incorporar al mercado laboral a casi un centenar de mujeres víctimas de trata o de explotación sexual y violencia machista y el programa 'Alba' de Igualdad ha atendido a más de 2.000 mujeres desde octubre de 2021.
Unas medidas que, para la vicepresidenta, “van a la raíz de ese problema y suponen ya medidas reales y efectivas contra esa lucha”.