Hay servicios públicos que un ayuntamiento pequeño, solo, sencillamente no puede permitirse. La recogida de residuos, la asistencia social, el mantenimiento de infraestructuras compartidas… Para eso existen las mancomunidades: agrupaciones de municipios que suman fuerzas para prestar juntos lo que por separado resultaría inviable o mucho más caro. La Generalitat Valenciana acaba de conceder 300.000 euros a 59 de estas entidades supramunicipales para ayudarles a cubrir sus gastos corrientes durante 2026, una inyección económica que llega publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y que alcanza a territorios de toda la comunidad autónoma.
Cooperar para sobrevivir: la lógica detrás del asociacionismo municipal
El modelo no es nuevo, pero sigue siendo más necesario que nunca. El Consell considera prioritario reforzar el asociacionismo municipal como herramienta clave para la prestación conjunta de servicios públicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad en la gestión de determinados recursos a nivel local. Dicho en términos cotidianos: que varios municipios se pongan de acuerdo para compartir una trabajadora social, un técnico de medio ambiente o un servicio de limpieza sale más barato y funciona mejor que si cada uno intenta hacerlo en solitario.
La apuesta de la Generalitat por estas estructuras no es aislada. La administración autonómica destinará 45 millones de euros para garantizar la financiación de los 542 municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana en 2026. En ese contexto más amplio de apoyo al municipalismo, estas ayudas se enmarcan en la estrategia autonómica de apoyo a las estructuras supramunicipales que permiten optimizar recursos y facilitar la cooperación entre municipios.
¿En qué se puede gastar el dinero?
La convocatoria define con bastante precisión a qué pueden destinarse los fondos. No se trata de grandes proyectos de inversión, sino de lo que mantiene en pie el día a día de estas administraciones: alquileres de sedes, reparaciones y conservación de instalaciones, material de oficina e informático, suministros básicos como la luz, el agua, el gas o el combustible, comunicaciones y servicios externalizados. También quedan cubiertos los contratos con empresas externas para la realización de estudios y trabajos técnicos.
Hay, sin embargo, una condición que va más allá de lo puramente económico. Las mancomunidades beneficiarias asumen el compromiso de funcionar como administraciones modernas, transparentes y socialmente responsables. Eso implica que, cuando adquieran bienes, deberán exigir que estos cumplan criterios de comercio justo y requisitos vinculados a la sostenibilidad energética y ambiental. Una pequeña cláusula con un mensaje claro: el dinero público debe arrastrar también buenas prácticas.
Un mapa que recorre toda la Comunitat
La lista de beneficiarias es un recorrido geográfico casi completo por la Comunitat Valenciana. Desde la Mancomunidad Río Mijares hasta la Vall dels Alcalans, pasando por entidades que aglutinan territorios tan dispares como la Marina Alta, el Rincón de Ademuz, el Baix Maestrat o la Hoya de Buñol. Las 59 mancomunidades beneficiarias abarcan comarcas de las tres provincias —Castellón, Valencia y Alicante— y representan realidades muy distintas: algunas se especializan en servicios sociales, otras en turismo, otras en gestión ambiental o en el simple sostenimiento de infraestructuras básicas compartidas.
Entre las beneficiarias se encuentran, por ejemplo, la Mancomunidad de servicios sociales y de carácter cultural de la Marina Baixa, la Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord, la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó, la de la Taula del Sénia, la del Barrio del Cristo Aldaia-Quart de Poblet o la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l'Atzúvia i les Valls. También figuran en la resolución entidades como VIDIMAR, AMABS, la Mancomunidad Font de la Pedra o la Mancomunidad Plana Espadà, nombres que para muchos ciudadanos pasan desapercibidos pero que, en la práctica, gestionan servicios esenciales para decenas de municipios.
El reto de los municipios pequeños, siempre presente
Detrás de cada mancomunidad hay, casi siempre, municipios que no tienen masa crítica suficiente para sostener por sí solos determinados servicios. Desde el Consell se apuesta por el municipalismo como forma de conseguir mayor reequilibrio territorial y garantizar los servicios públicos básicos, especialmente en los ayuntamientos de interior, que cuentan con una población envejecida y luchan contra el proceso de despoblamiento. Las mancomunidades son, en buena medida, una respuesta estructural a ese problema: no resuelven la despoblación, pero sí amortiguan sus efectos más inmediatos sobre la calidad de vida de quienes permanecen en esos territorios.
Con 300.000 euros repartidos entre 59 entidades, la ayuda media por mancomunidad ronda los 5.085 euros, una cantidad modesta que, sin embargo, puede marcar la diferencia entre mantener encendida la calefacción de una sede, renovar un ordenador o externalizar un servicio técnico que de otro modo quedaría sin cobertura. En un sistema local tan fragmentado como el valenciano —con más de 500 municipios, muchos de ellos de apenas unos cientos de habitantes—, cada euro destinado a reforzar la cooperación intermunicipal es, en realidad, una inversión en cohesión territorial.