La costa valenciana afronta una nueva batalla administrativa para tratar de frenar los efectos de los deslindes promovidos por el Gobierno de España. La Generalitat ha presentado ya 35 recursos contra estos procedimientos que afectan a 70 kilómetros del litoral de la Comunitat Valenciana, dentro de un plan con el que el Consell pretende defender tanto los intereses de los municipios costeros como la situación de los ciudadanos afectados.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, dio a conocer ayer estas actuaciones durante la presentación del plan de defensa de la costa valenciana. La iniciativa pretende establecer una respuesta ante los diferentes procedimientos relacionados con el litoral y, al mismo tiempo, reclamar actuaciones que la Generalitat considera necesarias para proteger las playas y recuperar el equilibrio sedimentario.
La dimensión del litoral hace que cualquier cambio en su delimitación tenga consecuencias en numerosos puntos de la Comunitat. Según los datos expuestos por Martínez Mus, más del 70 % de la población valenciana reside a menos de diez kilómetros del mar. La costa, por tanto, concentra una parte importante de la actividad económica, turística y social del territorio.
Una actuación que alcanza a más de una veintena de municipios
La respuesta de la Generalitat se extiende a numerosos municipios del litoral valenciano. En ellos se han presentado alegaciones ante los procedimientos correspondientes. La relación incluye localidades de las tres provincias y recorre buena parte de la costa de la Comunitat. Entre los municipios figuran Dénia, Sagunt, Puçol, El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, Valencia, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia y Bellreguard.
En la provincia de Castellón, los municipios incluidos son Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Burriana, Xilxes y Moncofa. Además, en Elche y Guardamar del Segura existen procesos de regresión. En estos casos, la participación de la Generalitat se produce a través del desarrollo normativo de la nueva norma autonómica.
El plan contempla que la administración autonómica acompañe también a los ayuntamientos, las asociaciones y los vecinos que se encuentren afectados por estos procedimientos. Ese respaldo se materializará mediante informes técnicos, alegaciones, recursos y diferentes actuaciones administrativas.
Obras pendientes y protección del litoral
La estrategia presentada por la Generalitat no se limita a los recursos contra los deslindes. El plan se estructura en tres líneas de actuación que abarcan desde las obras de protección de la costa hasta el desarrollo de la normativa autonómica. Una de las prioridades pasa por reclamar las obras de protección del litoral que llevan una década pendientes. Según la información facilitada por la Generalitat, más de la mitad de estas actuaciones todavía no se han ejecutado.
La segunda línea consiste en defender los intereses de la Comunitat Valenciana a través de los recursos planteados frente a los diferentes procedimientos. Es en este apartado donde se encuadran los 35 recursos anunciados por el Consell. Por último, la tercera vía pasa por desarrollar la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que constituye otro de los elementos sobre los que se apoya la estrategia autonómica.
Todo ello se plantea junto a actuaciones destinadas a la regeneración de las playas, la recuperación del equilibrio sedimentario y la inversión en medidas de protección costera. La Generalitat vincula estas actuaciones a la necesidad de avanzar al mismo tiempo en la protección ambiental y en la seguridad jurídica. “La protección ambiental y la seguridad jurídica no son conceptos incompatibles. Al contrario, deben avanzar juntas”, ha puntualizado el vicepresidente tercero.
Críticas a la modificación del Reglamento General de Costas
Otro de los puntos abordados durante la presentación ha sido el proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. La Generalitat mantiene su oposición al considerar que algunos de sus aspectos pueden generar inseguridad jurídica y tener efectos sobre ciudadanos, actividades económicas y municipios costeros.
En este contexto, Martínez Mus ha defendido que las modificaciones de los límites del dominio público marítimo-terrestre deben estar sustentadas en información técnica y científica. El conseller ha puesto el foco especialmente en los efectos que puede tener un episodio meteorológico excepcional sobre la delimitación permanente de la costa.
Martínez Mus ha defendido que “un único temporal excepcional” no debe utilizarse para modificar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre y ha reclamado que cualquier decisión se base en “criterios técnicos rigurosos, datos objetivos, series históricas contrastadas y parámetros científicos verificables”.
Con el plan presentado, la Generalitat concentra en una misma estrategia los recursos contra los deslindes, la reclamación de las obras pendientes y el desarrollo de la normativa autonómica sobre la costa. El objetivo anunciado es intervenir en los procedimientos que afectan al litoral valenciano y prestar apoyo a las administraciones locales, asociaciones y vecinos implicados.