Pescar en un río valenciano podría volverse, en breve, un trámite bastante más sencillo. La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el proceso de consulta pública previa para renovar por completo la normativa que regula la pesca en aguas continentales, un marco legal que lleva años fragmentado y desactualizado. El objetivo es doble: simplificar la burocracia para los aficionados a la caña y reforzar la protección de ecosistemas acuáticos que, en algunos casos, están al límite.
Un mapa normativo hecho jirones
Hasta ahora, quien quisiera entender las reglas del juego de la pesca fluvial en la Comunitat Valenciana tenía que navegar por una maraña de normativas dispersas, muchas de ellas heredadas de épocas en que los ríos eran otros y las amenazas ambientales, distintas. El futuro decreto pretende acabar con esa dispersión estableciendo, por primera vez, un marco regulador integral que ordene de forma homogénea la gestión piscícola en todas las aguas continentales del territorio. Un solo texto claro, en lugar de un rompecabezas administrativo.
La consulta pública, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estará abierta hasta el 15 de septiembre. Durante ese plazo, cualquier ciudadano, organización o asociación interesada podrá enviar sus aportaciones, opiniones y sugerencias a través del Portal de Participación de la Generalitat. No es un trámite menor: es la fase en la que la norma toma forma antes de que los juristas la fijen definitivamente.
Menos papeleos, más movilidad
Uno de los cambios más tangibles para los pescadores aficionados será la renovación del sistema de licencias. La nueva normativa adaptará la expedición de permisos al convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y varias comunidades autónomas para implantar una licencia interautonómica de pesca en aguas continentales. En la práctica, esto significa que un pescador valenciano podría lanzar su línea en un río de otra región adherida al convenio sin tener que tramitar un permiso diferente en cada territorio. Menos ventanillas, menos esperas, más tiempo junto al agua.
Además, el decreto contemplará distintas modalidades de vigencia para las licencias, adaptándolas con mayor flexibilidad a las necesidades reales de quienes practican esta actividad, ya sea de forma ocasional o habitual. Una lógica que, curiosamente, tardó décadas en llegar a un sector con millones de practicantes en toda España.
Planificación técnica: clasificar para conservar
Más allá de los papeles, la norma incorporará herramientas de planificación y gestión que hasta ahora brillaban por su ausencia. El decreto clasificará las masas de agua y definirá diferentes regímenes y modalidades de gestión según las características de cada entorno. También regulará los planes técnicos de ordenación piscícola, las actuaciones de repoblación, los protocolos de suelta de ejemplares y las medidas aplicables a las especies exóticas invasoras, una de las amenazas más silenciosas —y dañinas— para la biodiversidad fluvial.
El enfoque, en definitiva, busca compatibilizar la práctica deportiva y tradicional de la pesca con la conservación real de los ecosistemas acuáticos. No se trata de prohibir, sino de ordenar.
La anguila: una especie que no puede esperar
El apartado que, probablemente, tiene mayor urgencia científica es el dedicado a la anguila europea (Anguilla anguilla). Esta especie está clasificada como "en peligro crítico de extinción" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desde 2008, y su población ha caído más de un 90% desde los años ochenta.
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar lleva 25 años recomendando que se reduzcan las capturas a valores cercanos a cero, y desde 2021 pide de forma inequívoca el cierre de las pesquerías. Sin embargo, la especie continúa siendo objeto de explotación comercial en España y otros países europeos, en medio de un tenso debate entre administraciones y científicos.
En este contexto, la Generalitat Valenciana da un paso que no es menor: el nuevo decreto incorporará las medidas necesarias para adaptar la normativa autonómica sobre la anguila al marco jurídico de la Unión Europea, reforzando las actuaciones dirigidas a su conservación y recuperación. Desde 2008, año en que la especie fue clasificada en peligro crítico de extinción, su estado de conservación "está empeorando gravemente de forma muy rápida" , según investigadores de la Estación Biológica de Doñana.
La UE cuenta con el Reglamento (CE) n.º 1100/2007, por el que se establece un plan de recuperación de la anguila europea. Que una comunidad autónoma decida alinear su legislación con ese marco no es solo un ejercicio de cumplimiento normativo: es, dada la gravedad del declive de la especie, casi una cuestión de urgencia ecológica.
Un decreto que llega en el momento justo
La consulta pública es solo el primer escalón de un proceso legislativo que puede tardar meses en completarse, pero marca el inicio de una transformación profunda en la manera en que la Comunitat Valenciana gestiona sus ríos, lagos y embalses. Para los miles de pescadores que cada temporada se acercan a las orillas de los ríos Turia, Júcar o Millars, la promesa de menos burocracia y reglas más claras es, de entrada, una buena noticia. Para la anguila europea, que aguanta en aguas cada vez más hostiles, la apuesta reguladora de Valencia podría ser, si se aplica con rigor, una pequeña pero necesaria bocanada de oxígeno.