El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha defendido en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea la necesidad de una Políticas Agraria Común (PAC) post 2027 con financiación europea suficiente y un marco estable de reglas para proteger las rentas de agricultores y ganaderos.
Barrachina ha enmarcado esta posición en la realidad del sector agroalimentario valenciano exportador y ha insistido en que el comercio exterior es compatible con la defensa del productor, siempre que haya estabilidad. “No tememos al comercio exterior, de hecho, somos exportadores”, ha señalado.
En esta línea, el conseller ha recordado que el sector agroalimentario valenciano supera los 10.000 millones de euros exportados y ha pedido que no se introduzcan cambios que generen incertidumbre en aranceles, normas o tratados. La estabilidad, ha dicho, es “la condición para que el mercado no se retraiga y para que el agricultor y el ganadero puedan planificar”.
El conseller ha trasladado al Consejo que la futura PAC debe centrarse en rentas y continuidad. “La política agraria común tiene que ser de verdad común”, ha afirmado, y ha defendido que cuente con un fondo europeo y una financiación expresa que se mantenga o aumente. Barrachina ha explicado que una PAC “común” significa reglas iguales y un presupuesto europeo que sostenga esas reglas, sin convertir la respuesta en una carrera entre Estados según su capacidad de aportar más o actuar antes.
En ese punto, Barrachina ha pedido que la PAC post 2027 incorpore, de forma expresa, la financiación de los regadíos en las regiones mediterráneas. Ha subrayado que la realidad productiva no es la misma en toda Europa y ha puesto un ejemplo claro. “Se ha inundado buena parte de Europa y, sin embargo, buena parte de la costa valenciana, de Murcia e incluso zonas dependientes del trasvase Tajo-Segura siguen necesitando riego”, ha afirmado.
El conseller ha vinculado esa sensibilidad territorial con la estructura agraria valenciana y con la necesidad de mantener superficie cultivada. En este sentido ha defendido una definición de agricultor activo que aporte rigor, pero que no expulse del sistema a quien sigue trabajando el campo. “No se puede excluir a dos de cada tres agricultores de territorios como la Comunitat Valenciana de las ayudas de la política agraria común”, ha afirmado, aludiendo al peso de explotaciones pequeñas y al envejecimiento del sector.
Barrachina ha situado el relevo generacional como prioridad operativa de la Comunitat Valenciana y ha señalado que ya se han presentado como proyectos empresariales viables más de 600 jóvenes que quieren incorporarse al campo. “Estamos haciendo apuestas presupuestarias para que nuestros jóvenes se incorporen y sean nuevos agricultores y ganaderos”, ha remarcado. A la vez, ha defendido que quienes, aun jubilados, siguen cultivando y manteniendo parcelas no pueden quedar al margen, por su papel directo en el territorio y en la continuidad de la actividad.
El reto es la aplicación efectiva
En relación con los acuerdos comerciales, Barrachina ha reconocido que los tratados de nueva generación incorporan mayor detalle en la defensa del productor europeo y la identificación de productos sensibles, como el cítrico o el arroz. Sin embargo, ha advertido de que el reto es la aplicación efectiva cuando se produce daño de mercado. Ha citado el caso del acuerdo con Sudáfrica y ha lamentado que el Gobierno de España no invocara las cláusulas de salvaguarda. “Quien falla es quien debe aplicar ese tratado”, ha señalado.
El conseller ha destacado que las salvaguardas tengan activación automática, de manera que la protección no dependa de una decisión política y ha señalado que deben activarse cuando se superen umbrales medibles de precio o de cantidad, para que la respuesta llegue a tiempo. “Es un paso adelante que eso sea automático, que no dependa del Gobierno”, ha concluido.