Una baja médica puede prolongarse durante meses, pero existe un límite que marca un antes y un después para el trabajador. La incapacidad temporal tiene una duración máxima ordinaria de 545 días, equivalentes a 18 meses.
Al alcanzar ese plazo, la relación laboral entre empleador y empleado no termina automáticamente, aunque la situación cambia y el caso pasa a estar bajo el control del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Durante este periodo, el trabajador puede seguir percibiendo la prestación económica correspondiente mientras se determina cuál será su futuro. La empresa, además, deja de cotizar por esa persona a la Seguridad Social.
Así, el expediente ya no queda bajo su gestión y comienza una nueva fase en la que se estudia si el empleado puede volver a su puesto, necesita más tiempo para recuperarse o debe reconocerse una incapacidad permanente.
Qué ocurre cuando la baja médica llega a los 545 días
La incapacidad temporal comienza con un periodo máximo de 12 meses. Ese plazo puede ampliarse otros seis meses cuando exista una previsión razonable de recuperación dentro de ese tiempo. Por eso, el límite ordinario queda fijado en 545 días.
Al llegar a ese punto, el contrato de trabajo no desaparece. Queda suspendido temporalmente mientras se analiza la situación del empleado. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) interviene en la evaluación y sus conclusiones sirven para determinar qué camino debe seguir el expediente.
Mientras el procedimiento permanece abierto, la prestación económica puede continuar. El trabajador no queda, por tanto, sin protección de forma automática al cumplir los 18 meses. A partir de ahí, el INSS asume la gestión y debe establecer qué ocurre con su situación y los siguientes pasos.
La Seguridad Social puede dar el alta o ampliar el proceso
Una de las posibilidades es que se determine el alta médica. Si la valoración del EVI oncluye que el trabajador se ha recuperado plenamente o que sus limitaciones permiten regresar a su actividad, deberá reincorporarse al puesto en los términos fijados en la resolución.
Esta comunicación se realiza inicialmente mediante un SMS y después se formaliza a través de una notificación oficial en la sede electrónica. Una vez recibida, el trabajador deberá volver a su puesto cuando así se establezca.
Existe también una segunda vía: la demora de calificación. Se utiliza cuando todavía existe una posibilidad de recuperación y resulta necesario esperar antes de tomar una decisión definitiva. En determinados supuestos, este periodo puede prolongarse hasta alcanzar los dos años.
Cuándo puede reconocerse una incapacidad permanente
La tercera alternativa es el reconocimiento de una incapacidad permanente. Esta opción se plantea cuando el INSS considera que las limitaciones del trabajador tienen suficiente gravedad y carácter irreversible como para impedirle desarrollar correctamente su actividad laboral.
La incapacidad permanente se divide en distintos grados y cada uno tiene consecuencias económicas diferentes. En el caso de la parcial, el trabajador puede recibir una indemnización equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora.
Por su parte, la incapacidad permanente total da derecho, con carácter general, a una pensión equivalente al 55% de la base reguladora, aunque ese porcentaje puede aumentar en determinadas circunstancias.
La absoluta, en cambio, supone una prestación equivalente al 100% de la base reguladora. Además, junto a este subsidio la Seguridad Social en España también contempla un complemento destinado a la persona que atienda al beneficiario.
¿Qué es la base reguladora y cómo se calcula?
La base reguladora es la cantidad que la Seguridad Social toma como referencia para calcular cuánto corresponde cobrar por una prestación. Ahora bien, es importante conocer que no es necesariamente el sueldo que recibe el trabajador cada mes.
Se obtiene a partir de sus bases de cotización a la Seguridad Social durante un determinado periodo. En el caso de las incapacidades permanentes, la forma de calcularla cambia según el tipo y según si esta procede de una enfermedad común, un accidente laboral u otra circunstancia.
Una vez determinada esa base, la Seguridad Social aplica el porcentaje que corresponda según el grado reconocido. Por eso, cuando una resolución habla de un porcentaje de la base reguladora, no significa que ese porcentaje se aplique directamente al último sueldo, sino a la cantidad calculada previamente por el INSS.