El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de valencianos, especialmente jóvenes y familias con rentas medias y bajas. Ante esta realidad, la Generalitat ha puesto en marcha un amplio plan para aumentar la oferta de domicilios públicos en la Comunitat Valenciana. Actualmente, más de 4.000 pisos de protección oficial se encuentran en distintas fases de construcción o licitación, con el objetivo de recuperar el parque público de vivienda.
De estas viviendas, 627 corresponden a promociones directas de la Generalitat, mientras que más de 3.000 se están desarrollando mediante colaboración público-privada. A estas cifras se suman alrededor de 1.000 inmuebles que se activarán antes de finalizar el año, lo que pone de manifiesto que el acceso a un hogar está a la orden del día en la agenda política del organismo autonómico.
Se estima que estas actuaciones – financiadas con una inversión superior a los 1.000 millones de euros – beneficien a más de 15.000 valencianos. Además, el Plan VIVE también ha despertado la iniciativa privada: este año se han solicitado la calificación de 1.200 viviendas promovidas por empresas, gracias a la modificación reciente del decreto de viviendas de protección pública.
Así lo ha decretado el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la firma del Acuerdo por la Vivienda, suscrito por el Ejecutivo autonómico, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, entidades financieras, colegios profesionales y universidades. Se trata de un compromiso colectivo para impulsar la vivienda digna y reforzar la política social en toda la Comunitat Valenciana.
Entre las medidas anunciadas, se incluye la modernización del parque público de vivienda, con la preparación de un nuevo decreto para 2026 que regulará su gestión, mantenimiento y acceso. Además, se agilizarán los trámites administrativos y se impulsarán nuevos mecanismos de colaboración público-privada para ampliar la oferta de alquiler asequible.
La estrategia también apuesta por la creación de más suelo público y por una planificación territorial inteligente. Como ejemplo, la Ley 2/2025 de medidas urbanísticas tras la DANA ha permitido iniciar la licitación de 70 viviendas industrializadas en Albal y Torrent, integrando innovación tecnológica y formación profesional en el sector de la construcción.
A estas actuaciones se suman medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ha beneficiado a más de 28.500 personas, con un ahorro de 38,3 millones de euros, y se prevé una rebaja lineal del 10% para todos los compradores.
Con estas iniciativas, la Generalitat busca recuperar la oferta de vivienda asequible y consolidar un modelo de colaboración público-privada, cumpliendo la meta de construir 10.000 inmuebles protegidos durante la legislatura.