Imagina que el único cajero de tu pueblo desaparece de un día para otro. No hay sucursal bancaria a kilómetros a la redonda, la conexión a internet es irregular y el autobús al pueblo más cercano sale una vez al día. Para miles de personas mayores que viven en la España vaciada, ese escenario no es una hipótesis: es una amenaza real. Para evitarlo en la Comunitat Valenciana, el Pleno del Consell ha aprobado destinar 1.106.005,48 euros a garantizar durante 2026 el funcionamiento de 125 cajeros automáticos en municipios y núcleos de población en riesgo de exclusión financiera.
Un parche necesario para un problema estructural
La medida llega en un momento crítico. Los 125 terminales afectados fueron instalados por CaixaBank en el marco de una ayuda concedida en 2021, y su periodo de mantenimiento financiado concluye precisamente este año. Sin renovación, esos cajeros habrían quedado en el aire, y con ellos el acceso al efectivo de cientos de vecinos en localidades que ya carecen de oficina bancaria. La situación no es exclusiva de Valencia: a cierre de 2024, 2.638 municipios españoles —el 32,4% del total— seguían sin acceso presencial a servicios bancarios, y el 96% de ellos son localidades de menos de 500 habitantes. El problema tiene nombre y apellido: es la España rural y envejecida.
La Generalitat cubre con esta inyección económica un periodo de transición que se extenderá también a 2027, cuando expiren los contratos de los diez cajeros restantes —de un total de 135 instalados en la red—. La financiación alcanza hasta 12.000 euros anuales por terminal, un importe que incluye el mantenimiento, la asistencia técnica y la amortización de la infraestructura. Los ayuntamientos beneficiarios no tendrán que asumir ningún coste.
El cajero, último eslabón financiero del mundo rural
No es exagerado hablar del cajero automático como el último eslabón financiero en muchos pueblos. Según el Banco de España, el cajero automático sigue siendo el principal canal de acceso al efectivo, y la atención presencial continúa siendo especialmente valorada entre los colectivos de más edad. Retirar ese recurso equivale, en la práctica, a obligar a muchos vecinos —en su mayoría jubilados— a desplazarse kilómetros para realizar gestiones básicas del día a día.
Y el problema se agrava cuando se observa la tendencia de fondo. La mejora en el acceso financiero rural se ha producido en un contexto de reducción de la infraestructura bancaria tradicional: entre 2021 y 2024, el número total de puntos de acceso financiero descendió un 2,5%, hasta los 67.166, debido principalmente al cierre de oficinas y cajeros automáticos. Frente a ese retroceso, iniciativas como la valenciana actúan como dique de contención.
Una solución provisional mientras llega la definitiva
El Consell es consciente de que el decreto aprobado es una solución transitoria. La concesión directa de las ayudas —sin concurrencia competitiva entre operadores bancarios— responde al carácter excepcional de esta fase de transición. En paralelo, el Govern ya trabaja en las bases de una nueva convocatoria abierta en la que puedan participar distintas entidades financieras antes de que expiren todos los contratos vigentes.
La Comunitat Valenciana no está sola en este desafío. Otras comunidades autónomas han puesto en marcha fórmulas similares para frenar la desertización financiera rural. El Gobierno de La Rioja ha adjudicado recientemente el Plan de Inclusión Financiera +CAR, con una inversión de 2.373.292 euros, para asegurar que los 128 municipios riojanos sin acceso a cajeros o sucursales puedan disponer de efectivo sin comisiones. La Junta de Andalucía, por su parte, también ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en municipios rurales en riesgo de exclusión financiera.
Cohesión territorial: más que un cajero
Detrás de cada terminal hay algo más que una máquina de dispensar billetes. Un cajero en un pueblo pequeño es también un símbolo de que ese territorio no ha sido abandonado, de que sus habitantes merecen las mismas condiciones de vida que quienes viven en una ciudad. Perderlo puede acelerar la espiral del despoblamiento: sin servicios, menos vecinos; sin vecinos, menos servicios.
El Banco de España concluye que las medidas impulsadas en los últimos años han permitido contener el deterioro del acceso financiero en el medio rural, pero advierte de que la inclusión financiera no puede darse por resuelta. Con más de un millón de euros comprometidos para 2026, la Generalitat Valenciana lanza un mensaje claro: mientras llega una solución estructural y permanente, ningún pueblo de la Comunitat se quedará sin su último servicio bancario.