El Gobierno promete una rebaja de la factura de la luz del 30% mensual hasta final de año
Ribera confia que les elèctriques "entenguen que es tracta de mesures excepcionals en moments excepcionals"
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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que las medidas aprobadas este martes para combatir las continuas subidas del precio de la luz permitirán rebajar la factura una media del 30% mensual hasta final de año.Entre las medidas que más contribuirán a esta rebaja se encuentran la reducción del IVA al 10% --que el Gobierno descarta prorrogar para el gas--, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5% o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados 'beneficios caídos del cielo'."Estas medidas encajan bien con las acciones que el Gobierno lleva ejecutando desde junio de 2018. Estamos comprometidos con un sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y capaz de facilitar la democratización de los actores que participan en él", ha defendido la ministra.Además, a todo esto se suma un proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso para minorar también el CO₂ a las empresas que producen electricidad pero no generan emisiones contaminantes y, sin embargo, se ven beneficiados por los derechos de emisión. Este concepto minorará la factura un 13% y el Gobierno ya ha pedido tramitarlo con urgencia.Ribera ha incidido en que la reducción esperada en la factura no se reflejará en los precios mayoristas que se publican cada día, que seguirán subiendo, dados los desajustes en el mercado internacional del gas, no solo en España sino en el resto de países europeos.Por ejemplo, la ministra ha citado los 441 euros el MWh que se alcanzarán en Reino Unido, los 200 euros en Irlanda, los 174 en Italia o los 168 en países de Europa central como Francia, Alemania o Dinamarca.Las principales variables que afectan a estos precios mayoristas están fuera de control de los Estados miembros, ya que dependen más de la regulación comunitaria. Por ello, el Ejecutivo español ya ha pedido a Bruselas una respuesta coordinada común.
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